Bastaron cinco días para que se registrara el primer caso donde se aplicó el llamado «criterio Valencia»; esto es, el que los fiscales soliciten prisión preventiva al juez de policía local a personas de nacionalidad extranjera que sean detenidas y estén indocumentadas.
La medida anunciada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, el pasado 6 de abril, fue parte de la oleada de reacciones institucionales que se produjeron tras el homicidio del sargento mayor póstumo, Daniel Palma -que a la fecha mantiene a dos ciudadanos venezolanos detenidos-; pero también porque ese deceso se convertía en el tercero que afectó a Carabineros en menos de un mes.
En paralelo, el debate por modernizar el sistema carcelario en el país se ha instalado con fuerza. Esto, a raíz de la sobrepoblación penitenciaria -que llega al 110% a nivel país-, pero también a la nueva forma de criminalidad que hoy enfrenta Chile, lo que incluso llevó al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a plantear que el Gobierno evalúa crear una cárcel de máxima seguridad para líderes del crimen organizado.
«No sólo tenemos delincuentes que han cometido delitos más peligrosos, sino que también tenemos presencia de bandas organizadas, de crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios, y para ello, se requiere tener una infraestructura que nos permita separar y segregar adecuadamente a esas personas», dijo el martes la autoridad a Radio Pauta.
El subsecretario, detalló además, que actualmente existen cerca de 47.000 personas privadas de libertad, y según datos de Gendarmería, 16.504 de ellas están en la Región Metropolitana, seguida por la Región de Valparaíso, con 4.472 reclusos. Asimismo, de los 47.360 reclusos que hay a nivel país, un 12,1% no son de nacionalidad chilena.
ZOOM A LA POBLACIÓN PENAL
Según la caracterización de personas privadas de libertad de Gendarmería -con datos hasta el 28 de febrero de este año-, hay 47.360 internos, de los cuales 43.854 son hombres (92,6%) y 3.506 son mujeres (7.4%). En tanto, un 37,7% de la población penal está en calidad de imputado, mientras el 62,9% restante, en calidad de condenado.
Asimismo, el rango etario que concentra la mayor cantidad de personas recluidas es entre 25 y 29 años, con 9.450 personas; seguido por 30 a 34 años, con 7.480 reclusos; y entre 20 y 24 años, con 6.538 personas en prisión.
Del total de las cárceles que hay en el país, un 34,4% son concesionadas y el 65,6% son tradicionales.
Se observa que las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta mantienen mayor cantidad de población penal extranjera procedente de Bolivia, mientras que en Atacama predomina personas de nacionalidad colombiana, al igual que en la Región Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
En tanto, en Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble y Biobío, predominan personas de Venezuela. (Emol)
