Nuestras cárceles están en riesgo. La presencia del Crimen Organizado dentro de ellas y las continuas irregularidades que se han presentado allí, desde entonces, resultan una alarma que no debemos pasar por alto, y no podemos hacerlo porque estos grupos pueden convertir nuestros recintos penitenciarios en sus centros de operaciones.
El caldo de cultivo ya está: el hacinamiento. De acuerdo a cifras de Gendarmería, la oferta total de plazas es de 41.762, pero hoy día, según la misma fuente de información, contamos con un total de 54.448 privados de libertad, es decir, hay una sobre población de 30%. De acuerdo con la segmentación que tiene Gendarmería, el 14% corresponde a ciudadanos extranjeros.
A esto se le debe sumar, además, una serie de complejidades relacionadas con el control y distribución de la población penal, dado que, habitualmente, los privados de libertad pertenecientes al Crimen Organizado –y que tienen más potencia y violencia criminal– interactúan con otros de menor peligrosidad, contaminándolos, porque si bien se mueven en el círculo del delito, no tienen el alto perfil criminógeno de los primeros.
De acuerdo con información de Gendarmería, 1.282 grupos de esta naturaleza tienen presencia en establecimientos penitenciarios del país con cerca de 4 mil integrantes y 600 líderes, destacando –en número y peligrosidad– el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
Cuando existen estos problemas, explican expertos en materia penitenciaria, se comienza a perder el control intramuros y son los propios delincuentes los que toman las riendas. Al ocurrir esto, se vuelve más fácil corromper la primera línea de vigilancia: los gendarmes. No me voy a detener en las razones que vuelven vulnerables a nuestros protectores de cárceles, pero sí lo haré en el tipo de reclusos que hoy día tenemos en Chile y para los cuales tampoco estábamos preparados.
El Tren de Aragua nació, creció, se fortaleció y ganó poder desde una cárcel. Ellos saben cuán importante es tener su centro de operaciones adentro. El dominio de una penitenciaría, les permite a los líderes del crimen organizado seguir operando y mantener su influencia sobre otros internos, quienes pueden ser sus aliados, subalternos, o incluso posibles nuevos reclutas.
Desde adentro, algunas organizaciones delictivas –como lo hacía el Tren de Aragua en Venezuela– controlan el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión y otras actividades delictivas en el exterior. Las cárceles, en algunos contextos, se convierten en “oficinas” desde las que se planean y gestionan delitos porque vuelven más difícil la investigación y personalización del delito. En Venezuela, por ejemplo, varios de los pagos de los secuestros extorsivos se dejaban en las puertas de las cárceles.
Además, una cárcel controlada puede convertirse en una especie de refugio seguro donde los líderes de las organizaciones tienen protección frente a amenazas externas y autoridades. Es tan profunda la corrupción cuando se llega a esto, que hasta pueden salir y entrar a sus anchas.
Esta situación es una amenaza latente. Si el Crimen Organizado se consolida dentro de las cárceles, el ambiente criminal se va a complicar mucho. Serán unas verdaderas universidades del delito.
Sin embargo, el departamento de investigación de Insight Security tuvo acceso a un Proyecto de Ley que fue presentado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que busca segmentar reclusos por peligrosidad para mejorar la seguridad y eficiencia penitenciaria. Con esto se reduciría la influencia de bandas criminales sobre reclusos de menor peligrosidad, limitando su contacto con otros reclusos y el exterior. Esta medida podría reducir la coordinación de actividades delictivas desde el interior de las cárceles, impactando positivamente en la seguridad pública.
Si el Congreso logra aprobar esta ley, podremos estar un poco más tranquilos. (Red NP)
Gonzalo Cornejo
CEO Insight Security
