El debate sobre el salario mínimo se ha convertido en un tema central de la carrera presidencial en Chile, impulsado por una advertencia del Banco Central en su Informe de Política Monetaria (IPoM). Dicho informe señaló que tanto el aumento del sueldo mínimo como la reducción de la jornada laboral han impactado negativamente en el empleo, generando una discusión en el ámbito político con el Gobierno manifestando sus «discrepancias». Los ocho candidatos presidenciales han tenido que definir sus posturas sobre cómo mejorar los ingresos de los trabajadores sin deteriorar el mercado laboral.
Las propuestas se dividen en dos enfoques principales: algunos candidatos favorecen un rol estatal más activo a través de subsidios y apoyos directos, mientras que otros enfatizan la necesidad de fomentar la inversión y la productividad para lograr mejoras salariales sostenibles. Esta divergencia ha puesto de manifiesto profundas diferencias en cuanto al rol que el salario mínimo debe desempeñar en la economía chilena, abarcando desde propuestas de aumentos progresivos con acuerdo social hasta ideas de diferenciar el sueldo base por sector o incluso buscar que se convierta en una referencia prescindible gracias a un mayor dinamismo económico.
Las definiciones de los candidatos presidenciales son diversas. Evelyn Matthei, a través de su comando, prioriza la generación de un millón de empleos formales y propone un subsidio directo a las familias para mejorar sus recursos sin distorsionar el mercado laboral ni afectar la creación de empleo. Jeannette Jara propone un ingreso vital de $750.000 con apoyo a las PYMEs, con el objetivo de que el salario mínimo siga subiendo por sobre el costo de la vida, de manera responsable fiscalmente y en línea con la estabilidad inflacionaria, rechazando el congelamiento real.
Johannes Kaiser plantea un salario mínimo diferenciado según actividades debido a las distintas productividades, abogando porque cualquier decisión futura sea con criterios técnicos y considerando la amenaza del desempleo, esperando que su política pro crecimiento aumente la demanda de mano de obra y haga que el salario mínimo se convierta en un recuerdo irrelevante. José Antonio Kast se enfoca en la emergencia laboral y, en lugar de proponer incrementos directos, sugiere un crédito tributario asociado al pago de remuneraciones con cotizaciones formales para las empresas que mantengan o contraten trabajadores de bajos ingresos, buscando mejorar salarios mediante la recuperación del dinamismo económico a través de la baja de impuestos y la facilitación regulatoria.
Franco Parisi ve el sueldo mínimo como un instrumento de emergencia distributiva y no de desarrollo, proponiendo una rebaja tributaria focalizada para generar empleo formal masivo y un polinomio para reajustarlo anualmente con criterios técnicos, buscando el aumento de la productividad a través de tecnología y crecimiento económico con menor gasto fiscal.
Harold Mayne-Nicholls propone una mejora progresiva del salario mínimo con un enfoque de diálogo y responsabilidad en una Mesa de Diálogo Social para acercarlo a un salario digno, apoyando a las microempresas con subsidios transitorios y reforzando mecanismos como el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Marco Enríquez-Ominami prefirió no entregar una posición. Finalmente Eduardo Artés propone subir inmediatamente el salario mínimo vital a $750.000, vinculando esta medida directamente a la reindustrialización y a la producción y consumo internos para garantizar la ocupación efectiva, señalando que sin estos ejes, cualquier aumento salarial será insuficiente. (NP-Gemini-Emol)
