Un total de 19 de los 38 aspirantes a los siete escaños del Distrito 12 de la Cámara de Diputados (que incluye La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo) han estado involucrados en procesos judiciales, ya sea como querellantes, víctimas, testigos o denunciados.
La investigación realizada por El Líbero, que revisó los registros judiciales de los 358 candidatos a la Cámara en la Región Metropolitana, revela causas que van desde violencia intrafamiliar (VIF) y amenazas hasta chantaje y delitos contra la Ley de Propiedad Intelectual. Siete diputados en ejercicio de este distrito buscan la reelección en la próxima elección de noviembre.
El análisis detallado de los registros judiciales desde 2005 arrojó los siguientes antecedentes de candidatos y diputados que buscan la reelección:
INFRACCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL: GIOVANNA GRANDÓN
Giovanna Grandón (IND-AH) «Tía Pikachu»: La excandidata constituyente fue condenada en febrero de 2012 por el delito de infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Fue detenida en 2011 luego de que la policía encontrara en su domicilio de Peñalolén 830 CD’s grabados ilegalmente que iban a ser comercializados. Fue condenada a 41 días de prisión en su grado máximo y al pago de una multa, otorgándosele el beneficio de reclusión nocturna por el plazo de la condena.
QUERELLAS CRUZADAS Y GIRO DOLOSO
Andrés Fernando Arce Bustos (PNL): En 2013, fue objeto de una querella por parte de su expareja por lesiones menos graves y amenazas en contexto de VIF, que incluyeron agresiones físicas y amenazas de quitarle a su hija. Se le decretó prohibición de acercarse a la víctima, y la causa fue sobreseída definitivamente en 2014 tras cumplir una suspensión condicional del procedimiento. Arce, a su vez, se querelló contra su expareja por maltrato animal (por la muerte de un perro, causa que no prosperó) y por apropiación indebida y usura de un inmueble, sin perseverar el procedimiento. En 2015, fue querellado por giro doloso de cheques por $20.700.000, causa que fue sobreseída tras cumplir una suspensión condicional, que incluyó el pago de $5.000.000 y 20 horas de trabajos comunitarios.
VIOLENCIA FAMILIAR Y AMENAZAS
Ricardo Hernán Santana Pérez (IND-FRVS): Fue denunciado en 2015 por amenazas simples en contexto de VIF. El juzgado le ordenó abandono del hogar común y prohibición de acercarse a la víctima, siendo sobreseído en 2016 tras cumplir la suspensión condicional. También fue denunciado por su propio padre en 2015 por amenazas, aunque la Fiscalía se abstuvo de investigar.
QUERELLAS POR CHANTAJES
Gustavo Lorca Quitral (IND-FRVS): Abogado de profesión, fue acusado de chantaje en una causa que actualmente está en tramitación. Se le acusa de amenazar a la abogada de una empresa con revelar documentos secretos y confidenciales de la compañía si no llegaban a un acuerdo laboral por la suma exigida por su cliente, antecedentes que luego acompañó al expediente judicial.
DIPUTADAS EN EJERCICIO Y CASOS JUDICIALES
Mónica Arce (IND-DC): Estuvo envuelta en casos de violencia intrafamiliar. En 2011, fue formalizada por lesiones leves en contexto de VIF y amenazas a su madre, expareja e hijos. La causa terminó en 2014 luego de que su madre señalara al tribunal que no quería continuar. En 2013, fue denunciada por su exsuegra por lesiones menos graves en contexto de VIF, siendo sobreseída tras cumplir un año de prohibición de acercamiento y tratamiento psicológico. Figura como víctima en dos causas de 2013, una por amenazas y otra por agresión en la vía pública por su expareja, ambas concluidas.
Ana María Gazmuri (AH): Figura como testigo en causas por uso de cannabis, pero fue querellada por la Municipalidad de Peñalolén (entonces liderada por Carolina Leitao) por fraude de subvenciones en junio de 2024, causa que está en tramitación. La querella acusa incumplimientos graves en un convenio de 2015 para implementar un programa de cannabis medicinal, exigiendo la restitución de $35 millones. Se cuestionó la falta de autorizaciones sanitarias y rendiciones con comprobantes duplicados, además de la creación de la sociedad DayaCann SpA con fines comerciales. La Fiscalía de La Florida está investigando este caso y lo vinculó con otra investigación sobre convenios de Fundación Daya con la Municipalidad de Quilpué. Figuró como denunciada por injurias y calumnias por un exmiembro del Tribunal Electoral Regional, querella que fue declarada inadmisible.
Pamela Jiles (PDG): Sus causas se relacionan con su pasado televisivo. En 2011, su querella por injurias y calumnias contra Raquel Argandoña fue declarada inadmisible. En 2013, fue denunciada (junto a otros panelistas de «Intrusos») por Nicole Moreno («Luli») por referirse a una imagen íntima; la Fiscalía decidió no perseverar en 2015. En 2021, se querelló contra el extenista Marcelo Ríos por injurias y calumnias tras una acusación del exdeportista sobre un intento de abuso cuando era menor. La causa sigue en tramitación, pero sin movimiento desde julio de 2021. Figuró como testigo ofrecida por la defensa del empresario Jorge Errázuriz en una querella por injurias y calumnias de Giorgio Jackson, causa que concilió en marzo de 2025.
Daniela Serrano (PC): En 2022, junto a otro diputado, presentó una querella por delitos graves (homicidio calificado frustrado, ataque incendiario, entre otros) ocurridos en la Romería del 11 de septiembre, en un ataque dirigido a miembros del Partido Comunista. La causa está en tramitación, sin movimientos recientes. En 2018, fue denunciada por desórdenes públicos por obstaculizar el tránsito, pero el Ministerio Público decidió no investigar por no constituir delito.
OTROS CASOS RELEVANTES
Pablo Maltés Biskupovic (PDG): Pareja de Pamela Jiles, figuró como testigo en una causa de 2005 por atropello, en la que el Ministerio Público no perseveró.
Marco Velarde (FA): Expresidente de Comunes, fue denunciado por Carabineros en 2011 y 2015 por desórdenes públicos (obstaculizar el tránsito), pero la Fiscalía no inició investigación en ambos casos.
Fabrizio Alday Valdovinos (IND-AH): Fue detenido por hurto simple en 2006 (siendo menor de edad), pero el tribunal declaró que «obró sin discernimiento» y se sobreseyó la causa. En 2007 fue multado por consumo o porte de drogas en lugar público.
Álvaro Carter Fernández (Rep.): El diputado en ejercicio figuró como denunciante en 2017 en una querella por daños contra el administrador de la Municipalidad de Puente Alto por destrucción de propaganda electoral. La Fiscalía decidió no perseverar en 2020.
Además, otros candidatos como Claudia Rasso (IND-UDI), Johana Concha (Demócratas), Jonathan Barrera (Demócratas), Li Fridman Moses (IND-PS), Paola Romero Llanos (IND-RN), y Margarita Araya Flores (AH) figuran en los registros, principalmente como denunciantes o víctimas en causas de estafa, amenazas o accidentes de tránsito.
La investigación completa sobre los antecedentes judiciales de los candidatos a la Cámara en el Distrito 12 de Santiago subraya la alta incidencia de involucramiento en causas judiciales que marcan la contienda por los siete escaños de las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. (NP-Gemini-El Líbero)
