Por 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que sanciona el porte injustificado de combustibles durante las reuniones en lugares públicos.
Recordemos que dicha iniciativa fue presentada por el Gobierno en el marco de la agenda de seguridad. Con esto, el objetivo era crear una sanción de falta para aquellas personas que porten elementos -injustificadamente- que puedan generar combustible.
Posteriormente, el 27 de julio, la Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó una indicación que fue controversial y que cambió el proyecto, ascendiendo desde falta hasta el presidio de cárcel.
SANCIÓN PENAL
De esta manera, el proyecto sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio -de 61 a 301 días– a quien, en medio de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.
Desde el Gobierno, en voz de la ministra Carolina Tohá, se indicó que dicha disposición excede el espíritu de la iniciativa y que debería primar sólo la nueva falta y la facultad entregada para las policías de detener a los infractores.
GOBIERNO NO IRA AL TC
Luego de que la Cámara Baja despachara esta jornada el proyecto que sanciona con penas de cárcel el porte injustificado de combustibles en contexto de manifestaciones, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a este nuevo revés sufrido por el gobierno, cuyo proyecto original -y que fue modificado en su trámite parlamentario- buscaba sancionar como falta tal acción.
En concreto, durante su paso por el Senado se modificó la norma, y se establecieron penas de cárcel -desde 61 a 540 días-, en lugar de la multa de entre 10 y 20 UTM que buscaba el Ejecutivo.
“Este proyecto tuvo una modificación bastante importante en la tramitación, porque lo que el Ejecutivo proponía era crear en esta materia una sanción distinta a la que, en definitiva, el Parlamento estableció, por eso éramos partidarios de ir a una comisión mixta para buscar un acuerdo y buscar una solución más equilibrada a esto. No fue así, se decidió no ir a una mixta y por lo tanto el proyecto queda despachado”, indicó la titular del Interior.
Sin embargo, Tohá descartó que el Ejecutivo vaya a acudir al Tribunal Constitucional para evitar que la norma entre en vigor.
“Las informaciones que han señalado que este proyecto sería enviado al Tribunal Constitucional no tienen ninguna fuente fidedigna, nunca el Ejecutivo ha dicho eso. Ha hecho reserva de constitucionalidad en distintas etapas del proceso de discusión, pero nunca ha dicho que va a ir al TC y no se va a ir al TC”, aseguró la ministra Tohá.
Pese a que el proyecto fue enviado por el propio Ministerio del Interior el 29 de mayo de este año -en el marco de la agenda de seguridad y del fast track legislativo consensuado entre Ejecutivo y Congreso-, la iniciativa tal y como salió del Parlamento no cuenta con el respaldo de La Moneda.
El problema para el gobierno -como la reconoció la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la tramitación del proyecto- son las penas de presidio para el porte de combustibles durante una manifestación. De hecho, la jefa de gabinete criticó en su momento que esa indicación excedía al espíritu de la norma en el mensaje original, por lo que llamó a rechazar la iniciativa.
En ese sentido, había remarcado que no es posible enviar a la cárcel a alguien que aún no ha cometido un delito y, además, sostuvo que portar una molotov u otro artefacto explosivo ya tiene una sanción penal, más alta que la planteada por los legisladores en la Cámara. (Bio Bio-La Tercera)
