Un total de diecisiete leyes publicadas sin reglamento detectó el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados. El informe fue presentado la semana pasada ante la Sala. Por primera vez, desde el inicio del estudio, se expusieron de manera formal los antecedentes en el hemiciclo.
El avance de los datos fue publicado ayer por «El Mercurio». En cuanto al detalle de esa información, se desprende que las leyes sin reglamentos (ver listado) corresponden a áreas de servicios, medio ambiente, sanitarias y ciudadanas, principalmente.
Más allá del contenido, lo cierto es que el efecto práctico de no contar con un reglamento es la no aplicación parcial o total de la norma aprobada por el Parlamento. A ese aspecto apuntan los cuestionamientos de los diputados que son parte del Departamento de Evaluación. Así lo han señalado, por ejemplo, Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Pablo Lorenzini (DC).
Al ver el caso de, por ejemplo, la Ley 20.958, que establece un sistema de aportes al espacio público, su reglamento debió ser redactado seis meses después de su publicación, el 15 de octubre de 2016. Hasta el reporte emitido por la Cámara, la norma se mantenía sin reglamento.
Lo mismo sucede con la Ley 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas. En veintitrés lugares distintos del cuerpo de la normativa se alude a la palabra reglamento para su aplicación. Esa ley se publicó el 1 de abril de 2016. Distinta a otras, no especifica el plazo para su reglamento. En uno de los artículos de la citada norma se puede leer que la «evaluación que hará el docente principiante a su respectivo docente mentor, conforme a las pautas que para estos efectos establezca el reglamento».
Ahí radicaría la «gravedad» de la falta de reglamentos, según señalan los diputados del Departamento de Evaluación, porque, a su parecer, aspectos relevantes de las leyes como el referido no se pueden estrenar al no estar reglamentados.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, comentó que se trata de «una situación de características históricas, en la cual se ha ido avanzando por aquellos reglamentos más cercanos en el tiempo que tienen plazo de vencimiento y la decisión es continuar avanzando en este proceso». (El Mercurio)
