Este lunes inició una maratónica semana en la cual la Cámara de Diputados tendrá que determinar el rumbo de dos relevantes proyectos en materia previsional.
El primero de ellos corresponde a la iniciativa que busca permitir un cuarto retiro del 10% – que quedó en condiciones de ser revisado por la Sala mañana – y la ley corta de pensiones.
Respecto a este último, la comisión de Trabajo aprobó en general- y de forma unánime (13 votos a favor) – la propuesta del Ejecutivo, que apunta, entre otras cosas, a elevar el monto de la Pensión Básica Solidaria a ($178.958 mensuales, al nivel de la actual línea de la pobreza), y ampliar de un 60 a un 80% la cobertura del Pilar Solidario.
Pese a que hubo ciertas diferencias respecto al cronograma establecido, considerando que parlamentarios de oposición, como Amaro Labra (PC) y Tucapel Jiménez (PPD), solicitaron aplazar la votación en general del proyecto para la sesión que la instancia tiene fijada para este martes, esto no prosperó dado que no contó con la unanimidad requerida.
El primero en fundamentar su voto fue el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien dijo «voto a favor y con la esperanza de que, como lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, abramos la puerta con este proyecto y esperemos que los próximos gobiernos acentúen el Pilar Solidario, transformando este Pilar Solidario y el aporte previsional solidario finalmente en una pensión básica universal que es lo que los chilenos sueñan y yo en particular soy partidario de que así sea».
En esa línea, la diputada Alejandra Sepúlveda (FVRS), comentó que «esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar porque creo que es un avance en la cobertura que hoy día podemos tener, con un aumento del 60 al 80%».
Por su parte, Gael Yeomans (CS) sostuvo: «yo voto a favor con la expectativa de que esta comisión pueda lograr mejorar la propuesta, obviamente en diálogo, y respecto a las indicaciones que se necesitan, tanto si queremos aumentar el monto, como también si es que existe la posibilidad de aumentar la cobertura».
Y agregó «también lo ya mencionado durante todo este debate, que tiene que ver con cómo vamos a pagar el aumento del Pilar Solidario, y en ese sentido, creo que es importante que esta comisión también pueda discutir sobre la eliminación de las exenciones, sobre las propuestas que están sobre la mesa, pero también evaluar otras que nos permitan que quienes tengan más, puedan pagar más».
Así y todo, el PPD Tucapel Jiménez, manifestó que ve espacio para aumentar la cobertura del Pilar Solidario más allá del 80% que empuja el Gobierno. «Aquí se ha dicho que estamos llegando a casi la universalidad de la cobertura del Pilar Solidario, ¿por qué no pensar en que el Estado se haga cargo del 100% de las pensiones?», declaró.
Por su parte, el PC Amaro Labra, apuntó a cambios en el guarismo de aumento de la Pensión Básica Solidaria, para llevarla a montos cercanos a los $220 mil promedio.
En tanto que el presidente de la comisión, el diputado Gabriel Silber (DC), acotó que «la necesidad tiene cara de hereje, y obviamente vamos a votar a favor porque $14 mil obviamente no es un alza significativa ni es la reforma que esperábamos, pero es todo aquello que el Ejecutivo, desde el punto de vista fiscal, y por sobre todo, de una esperada reforma tributaria finalmente le está entregando a los pensionados de nuestro país».
EXENSIONES TRIBUTARIAS
Luego de escuchar las intervenciones de varios expositores, entre ellos, a Carlos Díaz, presidente del Consejo Consultivo Previsional, Marcos Kremerman, en representación de la Fundación Sol, Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asevech) y el ingeniero de la Universidad de Chile, Patricio Basso, los parlamentarios cuestionaron el método de financiamiento del proyecto.
Cabe recordar que el mecanismo impulsado por el Gobierno apunta a a recurrir a cinco exenciones tributarias para sustentar la ley corta previsional, cuyo costo en régimen va a alcanzar cerca de US$1.100 millones anuales, aproximadamente un 0,33% del PIB.
En ese sentido, las críticas, tanto de expertos como de los diputados, dicen relación con que las exenciones utilizadas – como que algunos servicios pasen a estar afectos a IVA – carecen de progresividad, objetando que no se utilizaron otras como la eliminación del régimen de renta presunta o subir el impuesto al diésel.
Punto que fue abordado por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, quien afirmó «esta no es una reforma tributaria, sino que es una reforma al Pilar Solidario que se financia con algunas exenciones tributarias que el Ejecutivo (…) sin duda, las que se escogieron son las que permiten financiar los aproximadamente US$1.100 millones que se han planteado en esta primera etapa, sin perjuicio de que pueden haber otras que se han estado aquí señalando».
«Pero obviamente hay que escoger algunas y no más de lo que tributariamente se necesita para financiar esta reforma. Sin duda que cualquier modificación al impuesto al diésel tiene impactos muy fuertes en el precio de transporte de pasajeros, de transporte de carga«, agregó.
Bajo este contexto dijo «nos parece que subir el impuesto al diésel va en la dirección contraria de lo que debiéramos hacer en un momento que estamos reactivando la economía. Y bueno, pasa con las exenciones tributarias que van por el tema de la renta presunta, pero también tiene impactos muy fuertes en la pequeña minería, en la pequeña agricultura, que en esta etapa nosotros preferimos no tocarlas, en el sentido de que son justamente los sectores más golpeados por la pandemia».
Considerando que esta iniciativa cuenta con discusión inmediata, la comisión tendrá que sesionar este martes a partir de las 15 horas para concretar la votación en particular. Una vez que concluya, el texto quedará en condiciones de ser revisado por la comisión de Hacienda.
Quien se sumó a estos argumentos fue la coordinadora de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Javiera Suazo, quien complementó diciendo que «en Chile tenemos una anomalía, una diferencia respecto de los países OCDE y de la mayoría de países que tienen IVA, en el sentido de que en la mayoría de los países, todos los servicios se encuentran afectos a IVA». Esto basándose en un estudio elaborado por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En cuanto a los motivos por los cuales el Ejecutivo no incorporó el régimen de renta presunta entre las exenciones, Suazo puntualizó que «la eliminación de la exención a ciertos servicios también afecta a aquellos contribuyentes que se encuentran en algunas de las actividades que están bajo renta presunta, es decir, la actividad agrícola, la actividad minera, y la actividad de transporte«.
Junto con ello subrayó que «no se incluyó, en este caso particular, la eliminación de los regímenes especiales de renta presunta por el hecho de que buscamos no afectar la reactivación económica«.(Emol)
