La PDI y la Fiscalía Centro Norte dieron a conocer la desarticulación de una extensa y peligrosa estructura criminal de origen chino que operaba en el barrio Meiggs de Santiago. La operación, denominada «Muralla Oriental», concluyó con un amplio operativo que dejó un total de 30 detenidos, entre ellos 27 ciudadanos chinos, dos chilenos y un boliviano.
Según el director de la PDI, Eduardo Cerna, la banda era liderada por tres ciudadanos chinos que utilizaban nombres en español y ejercían control territorial en el barrio Meiggs. Los detenidos están involucrados en una amplia gama de delitos interconectados, que incluyen tráfico de drogas, homicidios, secuestros, comercio sexual, cohecho, contrabando, defraudaciones, delitos tributarios y falsificaciones.
ESTRUCTURA CRIMINAL Y HALLAZGOS DEL OPERATIVO
El fiscal Centro Norte, Alfredo Cerri, reveló que la investigación se extendió por años y logró vincular hechos que inicialmente parecían aislados, permitiendo establecer los roles y la estructura jerárquica de la organización. La policía civil allanó 63 propiedades, incluyendo domicilios y comercios como la «Shakira Tower» y las denominadas «casas de karaoke» (locales con fachada de restaurantes o hoteles usados para comercio sexual y consumo de drogas).
El operativo permitió recuperar $600 millones en efectivo, incautar pistolas y armas largas, además de congelar bienes y patrimonio total que ascendería a $100 mil millones. Dieciocho de los 30 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Para el movimiento de capitales, la banda utilizaba un sistema financiero informal conocido como Hawala.
CARABINERO INVOLUCRADO Y DADO DE BAJA
Entre los detenidos se encuentra un carabinero de la Escuela de Suboficiales, acusado de colaborar activamente con la mafia. El funcionario fue inmediatamente dado de baja por la institución uniformada.
El fiscal Cerri explicó que el ahora expolicía entregaba «información de procedimientos» y alertaba a la banda sobre las diligencias que se ejecutarían en los locales comerciales, recibiendo una remuneración por la revelación de secreto y por infringir los deberes de su cargo. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró la transparencia con que las instituciones abordaron el caso, señalando que las organizaciones criminales a menudo comprometen a funcionarios públicos para expandirse. (NP-Gemini-Bio Bio)
