La decisión del Gobierno de convertir el penal de Punta Peuco en una cárcel común ha recibido un amplio apoyo de la ciudadanía, según revela la última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la primera semana de noviembre. El anuncio, realizado por el Presidente Gabriel Boric el pasado 3 de noviembre, fue conocido por un 76% de los encuestados.
El sondeo destaca que un contundente 69% de los consultados manifestó estar de acuerdo con la medida que pone fin al carácter especial del recinto penitenciario, donde cumplen condena exmilitares sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La encuesta Cadem también profundiza en la percepción sobre el cumplimiento de condenas en casos de crímenes de lesa humanidad. Un 63% de los encuestados considera que los internos condenados por estos delitos no deben acceder a beneficios carcelarios y deben cumplir sus penas en prisión, incluso si se trata de personas de edad avanzada o con enfermedades terminales. En contraste, solo un 34% opina que estos reos deberían tener derecho a cumplir sus penas en sus domicilios.
La publicación del estudio se produce días después de que el Presidente Gabriel Boric anunciara oficialmente que la Contraloría tomó razón del decreto que termina con el carácter especial del penal, ubicado en la comuna de Tiltil. El Mandatario afirmó desde La Moneda que «se acaba, entonces, Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile», destacando que «desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría».
Boric explicó que el recinto pasará a estar a disposición del sistema penitenciario común y se sumará al plan de ampliación de la capacidad carcelaria impulsado por el Ejecutivo. Informó, además, que ya se están ejecutando obras de habilitación dentro del recinto, incluyendo un nuevo espacio de visitas, oficinas técnicas y sistemas de vigilancia, que permitirán recibir nuevos internos a comienzos de 2026.
El anuncio, sin embargo, ha generado reacciones adversas en el ámbito local. El alcalde de Tiltil, César Mena, expresó su rechazo a la medida, calificándola de inconsulta y advirtiendo sobre la organización de movilizaciones ciudadanas. De hecho, durante la noche del viernes, vecinos del sector realizaron barricadas en distintos puntos de la Ruta 5 Norte, provocando congestión y cortes de tránsito en áreas como La Cumbre y Montenegro. Pese a las protestas, el Ejecutivo ha reiterado que la transformación del penal se enmarca en un compromiso de justicia y equidad, y busca terminar con los privilegios carcelarios para condenados por delitos de lesa humanidad. (NP-Gemini-La Tercera)
