El Presidente Gabriel Boric presentará formalmente este miércoles la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031, un instrumento de planificación que actualiza la estrategia nacional en la materia, la cual databa de 2004. A menos de cinco meses del término de su mandato, la administración del Frente Amplio busca dejar trazada una hoja de ruta de seis años, cuyo objetivo primordial es «reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía» mediante el fortalecimiento de la coordinación entre las diversas instituciones que componen el sistema de seguridad, como Carabineros, PDI, Fiscalía y Gendarmería.
Este plan, cuya elaboración fue instruida en octubre de 2022 por la ministra Carolina Tohá tras una primera fase de diagnóstico liderada por la exministra Izkia Siches en junio de ese año, se ajustó a los requisitos y parámetros de la ley que creó el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, actualmente a cargo de Luis Cordero. Desde La Moneda explican que esta necesidad de adecuación y un nuevo proceso de consulta retrasaron la culminación del trabajo. Un aspecto central y novedoso del documento es que, por primera vez, el Estado reconoce como fundamental hacerse cargo de la sensación de temor de la ciudadanía, ya que, aunque las cifras de delitos se mantengan estables, los hechos son percibidos como más violentos y de mayor impacto social.
El diagnóstico base de la política, según detalles recabados, incluye la constatación del aumento de la violencia delictual y de los niveles de temor, la expansión del crimen organizado, el incremento de niños, niñas y adolescentes como víctimas y victimarios, la percepción distinta de los delitos en mujeres, la concentración territorial de ciertos crímenes, el aumento de personas privadas de libertad, y un rezago del Estado en materia de seguridad que exige un profundo fortalecimiento institucional. Para su implementación y seguimiento, la política establece la elaboración de una estrategia bienal y un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación basado en indicadores y metas.
Pese al anuncio, desde el Congreso surgen dudas sobre la continuidad del plan. El diputado RN Andrés Longton criticó el anuncio tardío, señalando que el próximo gobierno «seguramente no hará propios los complejos que tiene el comunismo y el frenteamplismo con el orden y la seguridad», poniendo en duda que la política se mantenga vigente los seis años que dispone la ley. A esto se suma la preocupación manifestada por el diputado IND-PPD Jaime Araya, quien afirmó que, si bien es un avance, la política debe ser un «anuncio contundente en materia de medidas y compromiso de recursos», pues «medidas sin recursos es una mera declaración».
El reparo del parlamentario es relevante en el contexto de la capacidad operativa de la administración saliente, ya que existen preocupaciones por recortes fiscales, como la reducción propuesta del 31,7% al Plan Nacional contra el Crimen Organizado. No obstante, el documento establece seis ámbitos de acción prioritarios con 98 líneas de acción específicas. Estos incluyen la Prevención en niñez, adolescencia y juventud, la Prevención territorial (reduciendo delitos y temor en barrios y espacios públicos), el Control del delito (fortaleciendo el orden público y la seguridad fronteriza), la Persecución penal (incrementando el esclarecimiento de delitos y desarticulación de organizaciones criminales), la Sanción, cárceles y reinserción social (reduciendo la violencia y reincidencia carcelaria) y la Atención y protección a víctimas (mejorando la atención oportuna y la protección frente a amenazas). (NP-Gemini-La Tercera)
