En un mensaje televisado que marca un giro radical en la política económica de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz declaró este miércoles el estado de «emergencia económica, financiera, energética y social». A través de un decreto de «salvamento», el mandatario anunció el fin de la subvención estatal a los hidrocarburos, una medida que se mantuvo vigente por dos décadas y que representaba un gasto anual superior a los 2.000 millones de dólares.
Paz justificó la drástica decisión señalando la necesidad de «sincerar» la economía tras heredar un sistema que calificó como una «cloaca de corrupción y despilfarro». Con la nueva normativa, el precio del litro de gasolina especial subirá a 6,96 bolivianos (~$918 CLP) y el diésel a 9,80 bolivianos (~$1.285 CLP), buscando terminar con las crónicas filas de abastecimiento que han afectado al país desde 2024. No obstante, el precio del gas licuado para hogares se mantendrá congelado.
COMPENSACIÓN SOCIAL: INCREMENTO SALARIAL Y BONOS
Para mitigar el impacto del alza de combustibles, el Ejecutivo boliviano dispuso un incremento del 20% en el salario mínimo nacional, el cual pasará de 2.750 a 3.300 bolivianos (~$435.000 CLP) a partir del 2 de enero. Esta medida rompe con la tradición de los gobiernos anteriores de negociar salarios en mayo, estableciendo un nuevo cronograma basado en la inflación real de fin de año.
Adicionalmente, el decreto incluye un fuerte componente de asistencia social: Renta Dignidad: Aumento de 300 a 500 bolivianos para adultos mayores; Bono Juancito Pinto: Incremento del incentivo escolar para combatir la deserción; Nuevo Programa de Protección: Entrega de un bono cuatrimestral para padres y tutores sin aportes contributivos.
El presidente Paz enfatizó que estas acciones no representan asistencialismo, sino una estrategia de protección para las familias afectadas por lo que denominó «el saqueo de los últimos 20 años». (NP-Gemini-Cooperativa-EFE)
