La bancada de diputados PC-IC ingresaron un proyecto que permite al Estado expropiar a la empresa Soquimich. La iniciativa declara «de interés nacional» a la minera no metálica y al litio, y tiene como objetivo que la explotación del mineral quede a cargo del Estado y «terminar con la impunidad» por los actos de corrupción.
«Este es un proyecto muy importante para Chile por la significación que adquiere el litio, es la nueva oportunidad que tenemos de industrializar Chile (…) también es la oportunidad de poder corregir una situación extremadamente grave que tenemos hoy día con el principal agente corruptor de Chile que es la empresa SQM», dijo el diputado Daniel Núñez, principal impulsor de la iniciativa.
«La empresa SQM ha incurrido en todo tipo de delitos, desfalco y estafas al Estado de Chile que uno puede imaginar (…) yo no sé si en Chile hay otra empresa que pueda tener este currículum o este prontuario de delitos y es por eso que nos ha parecido que si hay un multimillonario en Chile, un controlador al cual podemos llamar delincuente, ese es Julio Pone Lerou», acotó el parlamentario.
Por su parte, la jefa de bancada, Karol Cariola, sostuvo que «nos parece que es un acto de justicia. Nosotros tenemos la impresión de que todavía hay una sensación de impunidad frente a los actos de corrupción de los que hemos sido testigos, especialmente vinculados a la empresa SQM».
Sobre la indemnización que debe pagar el Estado cuando expropia una empresa, la parlamentaria aseveró: «nosotros no estamos porque esta empresa se lleve indemnizaciones por parte del Estado y creemos que en eso la justicia efectivamente tiene que operar. Una empresa que se ha prestado para actos de corrupción, que ha evitado que el Estado reciba una cantidad millonaria de recursos para el interés de todos los chilenos no puede además ser indemnizada
«Tengo la impresión de que los tribunales de justicia van a apoyar al Estado de Chile y no van a abalar indemnizaciones a una empresa que lo estafa, lo desfalca por una parte», finalizó Daniel Núñez. (La Tercera)
En esta línea, Núñez aseguró que «la democracia en Chile tiene derecho a defenderse, actuar legalmente y frente a las situaciones que están previstas y las condenas que vienen a esta empresa consideramos que el Estado tiene que tener la posibilidad de actuar».
