El 27 de marzo, Sonia Coronil interpuso un recurso de protección a nombre de su esposo René Cardemil y de Marcelo Castro, ambos militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura. Como representante legal, la acción fue realizada por el abogado de la Agrupación de Familiares, Hijos y Nietos de Internos del Penal Punta Peuco, Raúl Meza.
El recurso tenía como objetivo esclarecer la presunta “tardanza grave e inexcusable” de la mandataria en el pronunciamiento sobre las solicitudes de indultos, realizadas por cuatro reos en diciembre de 2016, considerando que dos de ellos habían muerto en la espera de su pronunciamiento.
Al día siguiente, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró la admisibilidad del recurso y dio a la mandataria un plazo legal para dar cuenta de todos los antecedentes que tenía en su poder relacionado a estos casos.
El 12 de abril Bachelet respondió.
A través de sus ministros Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre y de Justicia, Jaime Campos, la Presidenta cumplió el mandato de la Corte y expuso los motivos por los cuales el recurso debía ser “rechazado en todas sus partes, con costas”.
El documento de 32 páginas contiene cuatro puntos centrales. Parte con los antecedentes que precedieron a la interposición del recurso, sigue con el marco regulatorio del indulto, continúa con la argumentación que niega la existencia de una “omisión arbitraria o ilegal” y finaliza con señalando que no existe perturbación o amenaza de garantías constitucionales hacia los reos de Punta Peuco que solicitaron el indulto e interpusieron la acción. (Radio U. de Chile)
