La Presidenta Michelle Bachelet firmó este lunes el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, más conocido como de desmunicipalización, con el cual cerrará las reformas de su Gobierno en el nivel secundario.
Durante la presentación de la iniciativa en el Patio de las Camelias de la sede del Ejecutivo, destacó que la suscripción del texto legal «nos llena de alegría y satisfacción, porque le estamos cumpliendo a Chile, estamos completando la construcción institucional de un sistema educativo justo, inclusivo y de calidad».
«Con el envío al Congreso de este proyecto de ley, estamos forjando la última gran pieza de la reforma que estamos impulsando en el nivel escolar», añadió La Mandataria, luego de recordar el «gran paso» que se dio el año pasado con la aprobación de la Ley de Inclusión y el inicio de la tramitación de la nueva Política Nacional Docente.
Al referirse a la iniciativa, Bachelet destacó que con ella «estamos devolviendo al Estado la responsabilidad de administrar y gestionar la educación pública, para que asegure que ella sea de calidad, abierta a todos y un factor de cohesión».
Asimismo, subrayó que «la calidad de las escuelas y liceos ya no dependerá de cómo le vaya a cada municipio, sino que será responsabilidad de todo el país. Así, entre todos vamos a dar el soporte necesario para garantizar que en cada rincón de Chile exista una propuesta de calidad».
«Dicho de otro modo, no queremos que las oportunidades que abramos a los niños y niñas dependan de la comuna donde viven o de la situación económica de sus familias, porque la educación es un derecho común para todos los ciudadanos de Chile», enfatizó.
La jefa de Estado recalcó además que «este fortalecimiento institucional lo haremos de manera gradual, sin apresuramientos, porque entendemos que los procesos bien hechos toman tiempo y porque los apoderados y profesores requieren certidumbre».
Además, aclaró que le pidió a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y a los responsables de la cartera «que expliquen con toda claridad a todas las familias y a los agentes de la educación cómo se llevará adelante este proceso, que se va a extender por un plazo de seis años».
DETALLES DEL PROYECTO
La iniciativa creará una Dirección Nacional de Educación Pública, que será el ente coordinador y que supervisará la red estatal de educación. Habrá 67 servicios locales de educación descentralizados, que serán los gestores territoriales y tendrán capacidades efectivas para apoyar y administrar los establecimientos.
Dichas direcciones liberarán a las escuelas de sus actuales obligaciones de gestión administrativa, para poder centrarse en los procesos educativos.
Además, velarán porque en cada establecimiento existan las condiciones y recursos que garanticen la seguridad de todos los niños y la calidad de la educación que reciben, lo que implica un apoyo técnico-pedagógico permanente y acorde a las necesidades de cada plantel.
También habrá 67 Consejos Locales de Educación, uno por cada servicio, en los que estarán representados los distintos actores territoriales de la comunidad educativa. Ahí estarán expresados orgánicamente la voz de los alcaldes, apoderados y estudiantes, entre otros.
Todo ello será financiado vía Presupuesto y la asignación de recursos considerará criterios compensatorios, es decir, se destinarán más recursos donde existan más necesidades.
DEUDA MUNICIPAL EN EDUCACIÓN
Más de $ 250 mil millones es la deuda asociada a educación que tenían los 345 municipios el año pasado, según un documento de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) al que tuvo acceso La Tercera. En esa línea, 187 adeudaban $ 25 mil millones a proveedores y 50 mantenían morosidad en el pago de montos de tipo previsional, por $45 mil millones (ver infografía).
Los alcaldes remarcan que es necesario sanear el déficit financiero de los municipios para que funcione la nueva educación pública, cuyo proyecto será firmado hoy por la Presidenta Michelle Bachelet, para que ingrese al Congreso. La iniciativa creará 67 servicios locales de educación que administrarán las escuelas y liceos. “Si la educación no está sana financieramente, de partida el nuevo sistema va a ser malo, va a arrastrar los problemas de hoy”, asegura Julio Palestro, alcalde de San Miguel. “Vamos a llegar ya a la transición mal, y tendremos que cerrar colegios”, advierte Christian Vittori, edil de Maipú.
Palestro remarca que desde 2014, bajo su administración, no se han generado deudas, pero que ha tenido que subsanar el polémico déficit previsional histórico. Así, con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep) 2014, San Miguel destinó $ 106 millones a “finalizar la deuda de arrastre del personal vigente” de educación. Así, gastó el 33% del Faep.
El alcalde de San Miguel apunta a que hay un problema estructural en el sistema y remarca que cada año el municipio entrega $ 1.200 millones para educación. En Puente Alto dicen lo mismo. “Para hacer funcionar los programas de los 27 colegios, entregamos $ 4.000 millones anuales. No se trata sólo de colocar una nueva administración, sino también de poner los recursos necesarios para que funcione y mejor. Hay una brecha inmensa de gasto que ojalá el gobierno se decida a poder superar”, remarca Germán Codina, alcalde de la comuna.
En 2008 los municipios recibieron US$ 2.100 millones por servicio educativo y en 2014 creció a casi US$ 3.200 millones. En tanto, para el fortalecimiento de la educación, este año se programó dar $ 293.000 millones, que crecerán a $356.000 millones en 2016.
Raciel Medina, coordinador de Educación de la AChM, dice que “los fondos se han incrementado significativamente, pero los recursos de la subvención regular, que es la que paga el costo del servicio, como luz y agua, ha disminuido por la caída de la matrícula, ya que se paga por asistencia”. El 60% de los ingresos de educación provienen de la subvención regular. En 2008 representaba un 70%. “Con el resto de los fondos tienes un destino específico y no puedes pagar agua, luz ni gastos así”, dice.
Así, la subvención regular por asistencia sería una causa estructural del déficit que se genera en el sistema de educación municipal. Y a eso se suma la gestión. “El 39% de los municipios carece de personal técnico pedagógico, porque la capacidad técnica se quedó en el ministerio con la municipalización y las comunas tuvieron que hacerse cargo de muchas obligaciones”, expone Carlos Eugenio Beca, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (Cide) de la U.Alberto Hurtado.
Distintos sectores afirman que el nuevo sistema de educación pública requiere un cambio de financiamiento. “El déficit estructural es de larga data porque nunca ha habido 100% de asistencia. Ahora tampoco lo hay. Siempre se habló de la necesidad de un nuevo sistema de financiamiento que sea capaz de financiar calidad y no sea por asistencia”, subraya Vittori.
Pero desde la UDI opinan distinto. “El problema de la asistencia tiene que ser corregido, pero tiene una condición positiva: hace que los municipios se preocupen de que los alumnos lleguen a clases. Debe haber una fórmula proporcional de financiamiento que considere asistencia y un componente más fijo”, dice el diputado José Antonio Kast (UDI).
La postura inicial del Ministerio de Educación era no modificar la subvención regular en este proyecto. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que el gobierno se habría abierto a cambiarla e incluir una fórmula que considere tanto la asistencia como la matrícula. No se incluiría directamente en el proyecto que ingresará al Congreso, pero podría sumarse en el camino o entrar aparte.
CUESTIONAMIENTO DEL GASTO
La información del Mineduc es que un 13% del Faep se ha empleado en saneamiento financiero, un 23% en infraestructura y un 34% en administración y normalización de los establecimientos. Sin embargo, hay cuestionamientos a su uso.
“Hay muchos elementos que exigen una evaluación de esos aportes. En muchos casos, lo hemos planteado en la comisión, el Faep está sirviendo para financiar la deuda previsional y cosas administrativas y no para mejorar directamente la calidad”, asegura el diputado Rodrigo González (PPD), quien agrega que “no es que haya que terminar el Faep, hay que fortalecerlo”.
Kast, añade que “todos los fondos pueden ser mejor regulados y fiscalizados, no es un problema de los recursos mismos, sino de cómo se fiscaliza su uso”.
Desde el ministerio señalan que para mejorar la gestión de los recursos, desde principios de este año se comenzaron a conformar comités para construir los convenios de desempeño para la entrega de los fondos de apoyo. “A medida que los municipios avanzan en la ejecución de las iniciativas comprometidas, se les transfieren los recursos, en tres cuotas”, explica Vivien Villagrán, jefa de la División de Planificación y Presupuesto del Mineduc, quien agrega: “Los municipios y corporaciones deben rendir periódicamente los recursos transferidos por el Mineduc. Estas rendiciones son revisadas y aprobadas por las Seremis y no sólo se refieren a rendir el gasto, sino a verificar las acciones ejecutadas”.
