Las denuncias hechas, entre otros, por el gobernador del Biobío, el alcalde de Lumaco, los directivos de la Corporación de la Madera, los bomberos de Santa Juana y los brigadistas de la Conaf, no dejan dudas respecto de que, en la ola de incendios en las regiones de La Araucanía, Ñuble y del Biobío, hay un inocultable componente criminal. Hasta el 8 de febrero, las empresas forestales habían reportado 1.119 incendios intencionales. Y hasta el 9, había 28 detenidos por su participación en el origen de los incendios.
En un comunicado difundido a través de internet, la Coordinadora Arauco Malleco llamó en los últimos días a “seguir combatiendo a las forestales y su cultura de muerte y devastación (…). Nos comprometemos a seguir en una lucha sin cuartel contra las forestales hasta lograr su expulsión definitiva”. El comunicado sostuvo que nunca han buscado causar “incendios que cobren vidas de sectores empobrecidos y menos que afecten a nuestra propia gente”.
Es difícil concebir mayor desvergüenza: la metodología de devastación usada por la CAM es muy conocida. Que sus cabecillas digan ahora que no quieren perjudicar a los pobres o a quienes llaman “nuestra gente”, es una burla sangrienta, puesto que están a la vista los estragos causados por sus “heroicas” acciones de los últimos años, que han afectado a mapuches y no mapuches. El discurso revolucionario no alcanza a tapar el carácter delictual de sus actos. Otras bandas han seguido el mismo “modelo de combate”: robos, atentados incendiarios, ataques armados.
Un tuit de Fuad Chaín graficó la situación el miércoles 8: “En medio de la tragedia de múltiples incendios, anoche en Curacautín le quemaron su casa y maquinaria de trabajo a un reconocido hombre de trabajo como Félix Molina. Su señora y los niños tuvieron que saltar del segundo piso para no morir y él fue herido con perdigones y hacha”. Actos de barbarie como este, que fue reivindicado por el grupo Resistencia Mapuche Pehuenche, revelan el grado de desquiciamiento de los grupos que operan en el sur sin Dios ni ley.
El arquitecto Iván Poduje llamó la atención el sábado 11 en La Tercera sobre la circunstancia de que los focos del fuego, de acuerdo con las fotos de la Nasa, se ubican en la llamada “zona roja” de La Araucanía, en particular las rutas y caminos forestales. Así, dice Poduje, es posible reconocer verdaderos “corredores de fuego”, como el camino entre Traiguén, Galvarino, Nueva Imperial, Capitán Pastene, o el que conecta Purén con Angol. Y concluye: “El hecho de que este incendio sea provocado por organizaciones terroristas no debiera sorprendernos, ya que estos grupos han ejecutado 192 ataques en las comunas afectadas por este siniestro en los últimos 5 años y en 2021 y 2022 se iniciaron incendios y las aeronaves que los apagaban fueron repelidas a balazos”.
En las condiciones creadas por los peores incendios en mucho tiempo, los falsos guerreros han atacado a la comunidad por la espalda. Mientras miles de brigadistas, bomberos y militares han trabajado para frenar el fuego, y salvar así vidas y bienes, ellos han mostrado su absoluta falta de escrúpulos. Hay que sacar las conclusiones del caso: por demasiado tiempo, los grupos de bandoleros se han beneficiado de la “comprensión” de los políticos oportunistas y los académicos sonrientes.
¿Cuánto ha servido el pretexto de la “causa mapuche” para que los delincuentes conquisten amplias zonas para el narcotráfico y el robo de madera? ¿Cuánto ha contribuido la descripción de un supuesto conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, y hasta llamar Wallmapu a la macrozona sur, al crecimiento y la impunidad de los grupos armados? ¿Cómo no recordar a los parlamentarios del Frente Amplio, del PS y del PC, que hasta hace poco llamaban a “desmilitarizar la Araucanía”, lo cual era el mayor deseo de quienes querían tener el campo libre para sus tropelías?
No cuesta mucho imaginar en qué situación se encontraría nuestro país si, por desgracia, el 4 de septiembre pasado hubiera sido aprobado el proyecto de Constitución avalado por Boric y los partidos que están gobernando, y que consagraba la plurinacionalidad y las llamadas “autonomías territoriales indígenas”.
Es hora de poner fin a la intolerable anomalía que representan las zonas del territorio nacional que están al margen de ley, como es el caso de Temucuicui. Hay que desarticular las bandas armadas que operan en el sur, y mientras más demore ello, todo será más difícil. Es obvio que el camino no es el apaciguamiento, que ha sido la línea seguida por el gobierno de Boric, como quedó de manifiesto al formar la Comisión por la Paz y el Entendimiento, en noviembre del año pasado, y cuyo propósito es repartir nuevas tierras. Ahora, Boric ha vuelto a realizar una maniobra de distracción al sugerir que lo determinante son las regulaciones a las empresas forestales.
No hace falta demostrar que el terrorismo político y el crimen organizado son aliados. Corresponde enfrentarlos con todos los recursos y capacidades del Estado. Más vale que el gobierno lo entienda de una vez, y cumpla con su deber de defender la paz interna, la integridad del territorio y la legalidad democrática. Si no lo hace, será juzgado por negligencia. (Ex Ante)
Sergio Muñoz Riveros
