El Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, alertó sobre la inminente «insostenibilidad» de la Unidad Especializada en Delitos Fronterizos, ubicada en el complejo Chacalluta, debido al recorte de fondos del Ministerio Público provenientes de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta unidad es crucial para investigar ilícitos transnacionales, brindar atención especializada a víctimas y, en particular, a niños, niñas y adolescentes en la frontera con Perú.
Carrera señaló en entrevista con Radio Universo que, aunque la Fiscalía Regional no dejará de operar, la Unidad de Frontera «ya sería insostenible». El recorte presupuestario podría significar «derechamente el cierre» de la unidad o, en el mejor de los casos, la eliminación de los turnos de noche, volviendo a un «horario de oficina», lo que es considerado un absurdo, ya que «la mayor cantidad de procedimientos» ocurre precisamente fuera de ese horario.
DESPIDOS Y EL INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO
El Fiscal Regional detalló que el impacto del recorte se sentirá con despidos de personal en las cuatro fiscalías más afectadas del país: Arica (5 despidos), Tarapacá (7), Antofagasta (7) y La Araucanía (13).
Carrera denunció además que el Gobierno «está incumpliendo» un acuerdo previo. Explicó que la unidad fronteriza se implementó gracias a un compromiso con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (hoy a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública), para facilitar cinco funcionarios para la unidad. A su juicio, el compromiso era independiente del origen de los recursos, por lo que la interrupción del financiamiento BID no debería afectar la provisión de dicho personal.
Finalmente, el persecutor se refirió a la relación del Ministerio Público con los candidatos presidenciales. Afirmó que, por decisión del Consejo y del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se ha optado por la «mucha prudencia» para «no dar señales equívocas», absteniéndose de sostener cualquier tipo de reunión con quienes hoy son candidatos. (NP-Gemini-Emol)
