El Gobierno de Javier Milei informó que prescindirá de 5 mil contratos públicos el próximo año y revisará más de un millón de planes sociales, con el objetivo de detectar irregularidades.
El anuncio lo dio el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, quien también señaló que los contratos públicos dados de alta en 2023, que finalicen el próximo 31 de diciembre, no serán renovados en 2024, mientras que el resto entrará en un proceso de revisión de noventa días.
Adorni precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración federal y a los de diversos entes públicos de Argentina. Solo estarán excluidos -indicó- los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales.
En relación a los planes sociales, el Gobierno trasandino iniciará la auditoría de más de un millón y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera «irregular».
De acuerdo al portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares).
En esa línea, Adorni enfatizó que «los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero» y que el objetivo del Gobierno es «transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales».
Precisamente, una parte de estas organizaciones sociales y sindicales se manifestó el miércoles pasado en Buenos Aires, coincidiendo con el 22° aniversario de la protestas de diciembre de 2001, que en el ámbito económico desembocaron en el conocido «corralito» bancario, que terminó con la dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).
En las movilizaciones de la semana pasada no participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la poderosa y mayoritaria federación de sindicatos argentinos, de orientación peronista.
Se espera que los dirigentes y simpatizantes de la organización se movilicen mañana en Buenos Aires en protesta por el decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, pendiente de ser aprobado por las cámaras argentinas y que supone la práctica desregulación de toda la economía del país.
DE BAJA 7 MIL EE.PP.
El Presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este martes el decreto para dar de baja siete mil contratos de funcionarios públicos y que habían sido pactados durante el presente año.
El decreto, ya publicado en el Boletín Oficial de ese país, impide la renovación de los contratos de los trabajadores empleados hace menos de un año en la administración central del Ejecutivo y en los organismos descentralizados del Estado, además de las empresas públicas y las sociedades anónimas de mayoría estatal, como YPF.
Esta era una de las medidas que había anunciado el ministro de Economía Luis Caputo, y afecta a los contratos que vencen el 31 de diciembre. A esto se suma que el Gobierno prepara una auditoría sobre el total de funcionarios de la planta del Estado, según reporta el diario bonaerense Clarín.
Este procedimiento administrativo abarca a más de 45 mil contratados por el Estado, que trabajan desde hace más de 12 meses en la administración pública nacional. En principio se les renovará el contrato por 90 días mientras el Gobierno avanza con su auditoría y define si son puestos que se mantendrán en el nuevo organigrama.
Junto con el recorte de los contratados, el Gobierno estudia un ajuste de remuneraciones a los altos funcionarios. La iniciativa comprende un congelamiento de salarios y de una reducción de sueldos de hasta el 15%. (Emol-EFE-La Tercera)
