A cinco meses exactos desde que recibió el informe de la Comisión Asesora Presidencial liderada por monseñor Héctor Vargas para buscar soluciones al rezago y al conflicto mapuche que afecta a la Región de La Araucanía, la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer este viernes las principales medidas que el Gobierno adoptó de ese trabajo para enfrentar esa histórica problemática.
En la ceremonia realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Mandataria destacó que «hoy queremos far un paso decisivo para enfrentar la historia de desencuentro de siglos en la Región de La Araucanía». Asimismo, pidió perdón a nombre del Estado por no poder entregar la seguridad necesaria a las victimas de la violencia en la zona y anunció una política de protección y apoyo para ellos, con un plan especial de apoyo de recuperación económica de las personas y empresas afectadas.
También, dijo que el próximo año se incluirá a aquellas victimas que perdieron sus hogares. La idea, según explicó Bachelet, es contribuir a la reposición de actividades productivas de la micro, pequeña y mediana empresa que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos, cofinanciando las inversiones necesarias que permitan apoyar la recuperación productiva de las empresas, en activos fijos y capital de trabajo. También anunció que se firmará un proyecto de ley que establece como feriado el 24 de junio, Día de los Pueblos Originarios.
En tanto, para abordar el bajo crecimiento regional, la gobernante aseguró que en los próximos 60 días enviará al Congreso Nacional la Ley Araucanía, la cual establecerá incentivos económicos especiales para las empresas que trabajen exclusivamente dentro de la región y se instalen en las comunas más pobres de la zona.
DETALLES
Según explicó la Mandataria, el programa consta de tres ejes principales: políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas, políticas de Desarrollo Productivo Regional y Territorial y una política para la protección, y el apoyo a todas las víctimas de la violencia en la región.
Sobre el primero de ellos, Bachelet recordó que el año pasado se realizó el Proceso Constituyente Indígena, en el cual se estableció la necesidad del reconocimiento como pueblos, en materia de tierras, sobre derechos lingüísticos y territoriales, así como respecto de la participación y representación política diferenciada.
Por ello, anunció que esas proposiciones serán incluidas «en el proyecto de nueva Constitución que enviaremos al Congreso Nacional durante el segundo semestre de este año, previa consulta indígena específica sobre estos aspectos constitucionales, consulta que se iniciará en las próximas semanas».
Además, en el plan propuso oficializar el uso del mapudungun en la Región de La Araucanía y firmó un proyecto de ley que establece como feriado nacional el Día Nacional de los Pueblos Originarios, que se celebra el 24 de junio, en el inicio del Año Nuevo Indígena.
También aseguró que le dará suma urgencia a la tramitación de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, «para que dichas instituciones puedan constituirse antes de que finalice el actual período presidencial», aseveró.
La jefa de Estado añadió que “haremos las indicaciones necesarias en el proyecto de ministerio para que sean revisados los procedimientos que regulan los fondos de Conadi, en especial los de tierra y desarrollo, así como los registros de organizaciones indígenas, y de acreditación de la calidad de indígena”.
En cuanto al aspecto territorial, se creará un Comité Interministerial presidido por el ministro de Desarrollo Social, para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas y el cual escuchará y considerará las reivindicaciones del pueblo Mapuche y los planteamientos de los agricultores, parceleros y empresas forestales.
DESARROLLO PRODUCTIVO
En su discurso, la Presidenta afirmó que se realizará una inversión de $7 mil millones anuales en obras públicas, infraestructura educacional, caminos básicos e indígenas y obras de Agua Potable Rural, con una planificación estratégica sustentada en una Política Regional de Recursos Hídricos hasta el año 2021.
La Mandataria mencionó también que se creará un Fondo de Forestación, que comenzará a funcionar el segundo semestre de este año, y un Instituto de Desarrollo Cooperativo, para fortalecer la asociatividad de los productores mapuche y estimular redes de innovación y comercialización para sus productos.
Dentro de ese ámbito también se refirió al envío de la Ley Araucanía al Congreso dentro de los próximos 60 días, el cual contemplará incentivos económicos especiales para las empresas que trabajen exclusivamente dentro de la región y se instalen en las comunas más pobres de la región.
Además, aseveró que habrá una inversión de cerca de $35 mil millones anuales por los próximos cinco años para reducir la brecha en Agua potable Rural, y se asignarán $28 mil millones anuales para construir cerca de 3.000 kilómetros de caminos en el mismo lapso.
Finalmente, el tercer eje detallado por la gobernante es la política para la protección y el apoyo a todas las víctimas de la violencia en la región, la cual incluye un plan especial de apoyo a la recuperación económica de las personas y empresas afectadas por actos de violencia en zonas rurales.
La idea es contribuir a la reposición de actividades productivas de la micro, pequeña y mediana empresa que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos, cofinanciando las inversiones necesarias que permitan apoyar la recuperación productiva de las empresas que hayan sido afectadas.
ESPINA Y MULTIGREMIAL
Al término de la instancia tanto la Multigremial y como el senador Alberto Espina expresaron sus críticas frente a los anuncios.
A pesar que todas las autoridades regionales, esperaban una visita de Bachelet a La Araucanía para dar la respuesta a la comisión asesora encabezada por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, el intendente subrogante, Ricardo Chancerel justificó la decisión de Bachelet de anunciar la batería de medidas para la región en Santiago y no en Temuco.
De hecho, fueron sólo dos los diputados regionales que participaron en la ceremonia en La Moneda, lo que demuestra el malestar de los parlamentarios con el Gobierno.
El senador PPD, Eugenio Tuma justificó su inasistencia en la agenda que ya tenía preparada en la zona. En todo caso, destacó los anuncios de la jefa de Estado.
Mucho más crítico se mostró el senador RN, Alberto Espina, quien aseguró que ninguno de los anuncios será resuelto en su mandato.
Desde la Multigremial encontraron liviano la forma en que se va a ejecutar este plan para La Araucanía, sobre todo los relacionado con el millonario fondo para las víctimas de la violencia, como indicó el presidente de los gremios, Luciano Rivas.
URRUTIA (UDI): LAS OTRAS ETNIAS
El diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, mostró su desacuerdo con el Gobierno tras el anuncio de la Presidenta Bachelet del Plan de Reconocimiento y Desarrollo para la región de La Araucanía, ya que en su opinión “consagra elementos de discriminación evidentes en contra de otras etnias de nuestro país”.
“Da la impresión que mientras más violencia y terrorismo provocan algunos, el Gobierno los termina premiando. Esta forma de abordar el conflicto de La Araucanía se transformará en un aliciente para que otras culturas comiencen la vía violenta para ser escuchados, reconocidos y beneficiados”, aseguró.
Por esta razón, el parlamentario gremialista presentará un proyecto de ley para que la reforma constitucional anunciada incluya además a representantes de las “etnias Rapa Nui y otras del Norte del país, que respetan la ley, son dialogantes, pero no obtienen los beneficios del que arbitrariamente se pretende beneficiar”.
“La igualdad ante la ley es un derecho consagrado en la Constitución Política de la República y ni la Presidenta ni grupos de presión pueden alterar estos derechos consagrados para todos los chilenos”, agregó.
Por ello, subrayó que luchará “para que otras etnias, como la Rapa Nui -por ejemplo- puedan contar con representación parlamentaria, cuestión fundamental en el respeto de los derechos de los chilenos”.
AUCÁN HUILCAMAN
el vocero del Concejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, rechazo la propuesta presentada por la mandataria.
El dirigente expresó que “el perdón que ha manifestado la presidenta es un perdón sin efecto práctico y de ninguna naturaleza, es un perdón propio para la autocomplacencia como jefa de Estado”.
Asimismo expresó que “nosotros esperábamos un perdón en materia de derechos humanos, algo similar a lo que fue la comisión Rettig o Valech”.
En la misma línea indicó que “esperábamos perdón sobre dos asuntos básicos, sobre los actos coercitivos militares cometidos alrededor de la pacificación de La Araucanía que significó haber diezmado la población, el genocidio y la ocupación del territorio mapuche, que es la causa del conflicto actual”.
En cuanto a la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y un Concejo de Pueblos Indígenas, el dirigente aseguró que no sirven para resolver el problema.
Huilcamán sostuvo que el Concejo de Pueblos Indígenas nos parece un perfecto jardín infantil para los pueblos indígenas, donde sacan a los pueblos indígenas del centro de poder, le asignan un recurso y los llevan lejos para que hablen entre ellos y sus decisiones tengan un carácter consultivo y no tengan mayor alcance sus decisiones”.
Asimismo agregó que “el Ministerio de asuntos indígenas será una buena burocracia”.
SNA
Una crítica lanzó la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) al anuncio del «Plan de Reconocimiento y Desarrollo de la Araucanía» anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet. El titular Ricardo Ariztía expresó que «busca hacerse cargo del conflicto histórico que afecta a la región, pero que adolece de iniciativas inmediatas«.
A través de un comunicado la SNA agrega que «hubiésemos esperado que este anuncio se hubiera realizado hace tiempo y no a meses de que concluya el mandato de este Gobierno (…) Esperábamos que hubiese un pronunciamiento más claro respecto de cómo el aparato estatal se hará cargo de mitigar los actos violentistas».
El documento firmado por Ariztía precisa que «el reconocimiento de que sus acciones y omisiones han impedido construir una política pública sobre la base de acuerdos» y recalcan que imaginan que se trata de «un punto de inflexión para que se trabaje realmente en una propuesta más sustantiva«. (Emol-Bio Bio-ADN)
