La telefonía móvil se ha convertido en parte de nuestras vidas; según cifras del INE, a mayo de 2019 se registraban más de 26,5 millones de teléfonos celulares. A ello se suma, según datos de la Subtel, que de los 15 millones de las conexiones a la red 4G en Chile, el 85% de estas se realiza a través de teléfonos móviles. En este cuadro, las redes sociales y las aplicaciones de distinto tipo se han convertido en una práctica de uso cotidiano para millones de personas. Tendencia que no solamente se observa en nuestro país, sino que en parte importante del mundo.
Es por esta razón que la regulación sobre los datos personales que circulan en las redes se ha transformado en un tema de debate mundial. Recordado es el escándalo de Cambridge Analytica que a partir de un test al que accedieron 265 mil personas, la empresa pudo acceder a más de 50 millones de perfiles de Facebook en un par de meses. En los últimos días, ha tomado relevancia en nuestro país el uso masivo de la aplicación FaceApp, que según lo reportado por la BBC, fue lanzada en 2017 por Wireles Lab, cuya sede está en San Petersburgo, Rusia. Consiste en una aplicación para teléfonos móviles gratuita, que edita las fotos con filtros que transforman el rostro de la imagen. El software permite hacer que los rostros parezcan mayores, más jóvenes, de otro sexo o añadir elementos (como barba, por ejemplo). Durante los últimos días ha tenido un auge por las mejoras que hacen que el efecto sea aún más realista y han circulado en redes sociales en nuestro país miles de fotos de personas que bajaron dicha aplicación.
El problema no es, por cierto, la existencia de estas aplicaciones, que gozan de popularidad y sirven de entretención para miles de usuarios, sino que la conciencia que deben tener los ciudadanos respecto a la información que se entrega a estas aplicaciones y la ausencia en nuestro país de una regulación actualizada respecto al uso de los datos que estas aplicaciones recopilan, como en este caso, la entrega de antecedentes biométricos de los usuarios a una empresa con bajos estándares de protección de datos.
No se trata de ver el futuro de manera apocalíptica y pensar que el día de mañana, en esta cuarta revolución industrial de la economía digital, los datos no circularán. El punto es cómo los titulares de derechos se hacen conscientes del valor que tiene su información, la decisión respecto a quién se la entregan y la existencia de una regulación adecuada para proteger los derechos de las personas.
Por estos días, el Congreso discute una nueva norma en materia de protección de datos personales que actualiza nuestra legislación a los estándares internacionales en la materia. Uno de los puntos relevantes es la existencia de una institucionalidad que haga efectivo el derecho a la protección de nuestros datos. Una vez que entre en vigencia la nueva regulación chilena, el órgano a cargo de velar por el cumplimiento de la ley (el proyecto de ley propone que sea el Consejo para la Transparencia) podrá fiscalizar las redes sociales y otras aplicaciones que traten datos personales, asegurándose de que se tomen las medidas necesarias de prevención, pudiendo fiscalizar y sancionar en caso de incumplimiento.
La existencia de una agencia que pueda concentrar la doble competencia de velar por el acceso a la información y, al mismo tiempo, proteja los datos personales es una buena noticia para nuestro país, en momentos donde la información que existe tanto en el mundo público como el privado requiere de un tratamiento adecuado para garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos.
Gloria de la Fuente/La Tercera
