La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) manifestó un categórico rechazo a la reforma estructural de Gendarmería anunciada por el presidente Gabriel Boric. La propuesta del Ejecutivo surge como respuesta inmediata a la «Operación Apocalipsis», un megaoperativo que desarticuló una red de corrupción en los penales Santiago 1 y San Joaquín, resultando en la detención de 44 funcionarios vinculados a ilícitos que superan los $6.300 millones.
Desde el gremio calificaron la medida como una «decisión unilateral» y acusaron al Gobierno de falta de seriedad. Según la Anfup, el planteamiento de las autoridades evidencia un profundo desconocimiento de las complejidades y riesgos que enfrentan los funcionarios en el sistema penitenciario, criticando que se intente implementar una transformación de esta magnitud sin un proceso previo de diálogo con los trabajadores.
LOS ALCANCES DE LA REFORMA ESTRUCTURAL
El plan presentado por el presidente Boric busca separar las funciones que actualmente cumple la institución mediante una reforma constitucional. El objetivo es dividir el quehacer penitenciario en dos pilares dependientes de distintas carteras:
Seguridad Pública: Gendarmería pasaría a depender directamente del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, enfocándose exclusivamente en el control y vigilancia.
Reinserción Social: Estas tareas quedarían bajo la tutela del Ministerio de Justicia, a través de la creación de una nueva institución especializada en la rehabilitación de los internos.
El mandatario subrayó que el escándalo de corrupción obliga al Estado a realizar este cambio institucional para garantizar la probidad y la eficiencia en el sistema carcelario.
EXIGENCIAS Y RESGUARDO DE DERECHOS LABORALES
A pesar de la gravedad de los hechos investigados, la declaración de la Anfup evitó realizar una autocrítica interna sobre los casos de corrupción, centrando su discurso en la defensa de las condiciones de trabajo y el derecho a la sindicalización. El gremio advirtió que no aceptarán una reorganización administrativa que ponga en riesgo sus beneficios adquiridos.
Entre las garantías exigidas por los funcionarios se encuentran:
Estabilidad laboral y previsional.
Resguardo de bonos, asignaciones y la actual carrera funcionaria.
Mejoras en infraestructura y seguridad para el personal uniformado y no uniformado.
Instalación inmediata de una mesa de trabajo participativa con el Ejecutivo. (NP-Gemini-Bio Bio)
