“Pensar la centroderecha”. En el invierno de 2015, el senador RN Andrés Allamand organizó un seminario que convocó a la élite intelectual y política de la centroderecha. La presencia de Piñera fue una especie de corolario. Se habló de la crisis ideólogica que vive el sector y de eventuales caminos de salida. Pero lo que parecía como la primera piedra de una nueva fase para la oposición, se fue desvaneciendo, consumida quizás por la vertiginosa contingencia política.
Luego vino un ejercicio al interior de Chile Vamos. El consejo político creó una comisión cuyo trabajo derivó en el documento “Convocatoria”, texto aprobado en 2016 por las directivas, pero que no tuvo mayor trascendencia. Hace poco más de cinco meses, un pequeño grupo de académicos y políticos retomaron el debate y convirtieron la casa del senador RN en el centro de las discusiones. Los primeros comensales fueron Hugo Herrera y Pablo Ortúzar, dos académicos representativos de la nueva derecha intelectual nacida al alero del Instituto de Estudios de la Sociedad; y el doctor en Filosofía Joaquín García-Huidobro. A ellos se sumaron el senador UDI Hernán Larraín y el ex contralor Ramiro Mendoza.
En plena primavera, el grupo decidió concretar la avanzada: comenzó a tomar forma un documento de 14 páginas. En sus primeros borradores, el texto se titulaba “Manifiesto republicano”, hasta que, correcciones mediante, apareció el definitivo: “Manifiesto por la República y el buen gobierno”. Cuentan los autores que fue el senador Larraín quien agregó un elemento al título, un entre paréntesis: “(Una invitación a pensar)”. Conceptos de “República” y “nación abierta”; reflexiones sobre el tipo de Estado y democracia; la necesidad de una sociedad integradora que se haga cargo de los “débiles”, de la “frágil clase media”; de una economía que premie el emprendimiento, pero le ponga límites a la concentración y el abuso empresarial; y el fortalecimiento de la educación pública, pero en armonía con la iniciativa privada. De esto y más versa el camino al que invitan los firmantes a través de ocho ejes doctrinarios y una propuesta de “buen gobierno”.
Se trata de un importante insumo de ideas no sólo para el sector, sino que también para el próximo Presidente que represente a la centroderecha. No en vano el documento fue compartido hace muy poco con Piñera. La idea de los firmantes es hacerlo llegar en las próximas horas a más de 500 personas: parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos; integrantes y directores de los centros de estudios del sector y otras figuras afines al pensamiento de centroderecha. “Durante el gobierno anterior quedó claro que una buena gestión no basta. La acción política debe inspirarse en una visión de sociedad, el Estado y sus instituciones”, dice Allamand. Se trata del primer paso. La Tercera accedió al documento íntegro , que se resume en estas páginas y que pronto se convertirá en un libro.
Capítulo Uno: Reivindicar el concepto de República
El manifiesto reivindica el concepto de República. Recuerda que existe un “destino común” cuando prevalece la idea del hombre como un ser “atomizado y aislado de su entorno”.
“La República debe ser justa: por eso, nos evoca el imperio del Derecho y la afirmación de que en Chile no debe haber personas ni grupos privilegiados. Gran parte del malestar social de los últimos años tiene que ver precisamente con que los chilenos no están convencidos de que estos nobles ideales se hayan hecho efectivos en la realidad”.
Aquí, los firmantes plantean que la República requiere de “división del poder” y transparencia en el actuar y los fundamentos de las decisiones de quienes lo detentan, así como el control de parte de la sociedad. Pero también que existen exigencias para los ciudadanos. “La participación política constituye un deber”, dice el texto. Se plantea, además, que la República es capaz de “armonizar los legítimos intereses privados de los individuos y de integrarlos en el marco de un proyecto común”, aunque “excluyendo la captura del bien público por parte de intereses privados”.
En la República se define “lo público” y el Estado. “Lo público no se agota en lo estatal ni se define por su lógica”, dice el texto, aclarando que se trata de un lugar de encuentro de miradas, organizaciones, formas de vida. Los firmantes apuntan hacia un Estado que no es una “mera plataforma de servicios”, sino que debe velar por el bien común y estar al servicio del florecimiento del espacio público y el despliegue de las capacidades humanas. “Un Estado activo jamás debe ser un Estado invasivo, que no respeta el protagonismo de la sociedad civil”.
Capítulo Dos: Necesidad de una nación abierta
“La República no se construye sobre la nada: supone un determinado cuerpo social, la nación chilena”. Una nación con una fuerte identidad propia, dicen los firmantes, está en condiciones de abrirse al mundo y entrar en diálogo fructífero con otros pueblos. “La nación es un pacto entre los vivos, los muertos y los que están por nacer”, dice el texto, junto con recordar que la nación chilena es “fruto de una fusión, muchas veces dolorosa y conflictiva”.
Se plantean tres reconocimientos: a los pueblos originarios, a los inmigrantes y a las generaciones venideras. El manifiesto destaca el “inapreciable aporte” de los pueblos originarios. “Es necesario crear las condiciones para una convivencia común basada en el respeto, el reconocimiento y la colaboración entre las distintas tradiciones culturales, y no en el conflicto y la imposición. Esa convivencia respetuosa debe ser la base para pensar nuestro desarrollo: la pluralidad cultural, étnica o de cualquier otra índole jamás pueden ser un obstáculo para encontrar un destino común para la sociedad”.
Luego, se plantea que “nuestra nación” no puede estar cerrada sobre sí misma. “La inmigración no es un fenómeno de hoy, que haya que enfrentar con temor y desconfianza, sino un elemento constitutivo de la sociedad chilena”. Finalmente, la reflexión apunta al respeto por el pasado y el futuro. “Esto impone serias exigencias de administración de lo recibido y de respeto por las generaciones que vendrán”. Aquí aparece el concepto de “justicia intergeneracional” con “exigencias desde la protección del medioambiente y la forma de organizar nuestras ciudades, hasta el cuidado de los equilibrios fiscales y el mantenimiento de un sistema previsional sustentable”.
Capítulo Tres: Una democracia exigente que respeta las instituciones
“Hay que agradecer que hayamos llegado al reconocimiento de que nuestras discrepancias no se resuelven por la fuerza, sino con métodos democráticos”. Para el manifiesto, la aceptación de la democracia implica una confianza fundamental en la razón, la deliberación.
Aquí el texto propone la sublimación del diálogo, de los acuerdos. “Ella (la democracia) carece de la espectacularidad de las propuestas revolucionarias, su camino es la gradualidad, su herramienta predilecta es el diálogo. Los acuerdos no son un signo de debilidad moral, sino una expresión de la capacidad humana de ponerse en el lugar del otro y de hallar soluciones (…), aunque disten de ser perfectas”.
Dicen que la democracia es constitucional, lo que “no se presenta de modo espontáneo”. “No hay conciencia del largo y doloroso proceso histórico que está detrás de nuestras instituciones democráticas, y con gran frivolidad se pretende reemplazarlas por la espontaneidad de los movimientos sociales. En vez de seguir los cauces representativos, muchos prefieren una genérica alusión a las exigencias de ‘la calle’ y se arrogan un poder carente de toda legitimidad”. Aunque defienden la democracia constitucional y su carácter institucional, reconocen que no puede haber “anquilosamiento social” ni tener un “talante conformista”, es decir, suscriben que debe haber un permanente estado de reforma o evolución. Fustigan, eso sí, las corrientes refundacionales: “La idea de evolución constante no significa cambiarlo todo ni empezar siempre desde cero, sino aprovechar lo más valioso del pasado para proyectarlo de manera creativa hacia los tiempos que vienen. La democracia que queremos está atenta a las reformas que evitan el divorcio entre las demandas ciudadanas y las formas institucionales”.
Capítulo Cuatro: La presencia de un Estado fuerte
La debilidad del Estado es una de las manifestaciones de la crisis actual de representación, según los firmantes. “Tenemos un Estado grande, pero no contamos con un Estado fuerte, capaz de garantizar justicia y seguridad a todos los chilenos (…). Esta falta de presencia eficaz del Estado constituye una injusticia para con los más débiles de nuestra sociedad”, esboza el documento. El texto apunta a la modernización del Estado como una tarea “impostergable”. “El Estado chileno no puede limitarse a ser un instrumento en manos del gobierno de turno”.
Las relaciones internacionales, la defensa nacional, el fomento de la natalidad, la protección de la infancia, la planificación de la ciudad, la política migratoria y el cuidado de los recursos naturales “no pueden cambiar cada cuatro años según el gusto del gobierno de turno”. Proceder de esa manera es considerado una “frivolidad” o una “auténtica inmoralidad”.
La modernización del Estado exige mayor transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuenta de sus autoridades y altas exigencias de probidad, dice el manifiesto, aludiendo a la necesidad de una burocracia patriótica y profesional. “Solo unos funcionarios públicos estables y bien preparados podrán ejecutar políticas que tengan un carácter permanente. La administración pública no puede ser un botín partidista, ni cambiar con cada nuevo gobierno”. Se sugiere que las experiencias de Estado fuerte están marcadas por la separación entre gobierno y Estado, realidades que en Chile, según los autores, se confunden. Finalmente, plantean la necesidad de un Estado subsidiario que no “apunta primariamente a la vida económica, sino a la sana y vital organización de la sociedad civil”.
Capítulo Cinco: Sociedad y el concepto de igualdad
Los autores se hacen cargo del concepto de “igualdad” al hablar de una sociedad integradora. “No basta con proclamar una abstracta igualdad ante la ley”, dice el texto.
Que todos los habitantes de nuestra tierra tengan acceso a ciertos bienes que son necesarios para vivir con dignidad, es la premisa inicial de los firmantes.
“Las grandes desigualdades constituyen un problema político de primera magnitud, porque dan origen a dos Chiles incomunicados, que se miran con desconfianza, donde cada uno ve en el otro un peligro para la propia seguridad. No se trata de propender a fórmulas igualitaristas, sino de establecer un marco de convivencia donde las diferencias sean el resultado del esfuerzo personal y familiar, y no de privilegios”. Luego de esto, se propone que gobernar es priorizar. Y eso significa aplicar criterios. Uno de ellos, según el manifiesto, al momento de aplicar políticas públicas para combatir la desigualdad debe ser darles prioridad a los más “débiles”. “No son sólo los más pobres, sino también, por ejemplo, las personas con discapacidades o la tercera edad. Focalizar en estas personas los recursos económicos y la atención política es un deber ineludible”, se señala. En el mismo apartado se plantean otros dos temas: la importancia de la ciudad y la descentralización. La necesidad de “ciudades humanas (…) dotadas de calidad estética y vías expeditas de comunicación, donde los más necesitados no sean sometidos a condiciones degradantes de transporte, que desmoralizan a las personas y les expropian el tiempo y el ánimo necesarios para el esparcimiento y la vida familiar”.
El centralismo no integra, divide, y es causa de una enojosa desigualdad de carácter geográfico, dice el texto, que pide más autonomía para las regiones.
Capítulo Seis: Una economía fundada en instituciones
“Nuestras aspiraciones de mayor justicia presuponen el crecimiento económico para tornarse reales”. Así comienza la reflexión de los firmantes en el apartado dedicado a la economía.
Los autores plantean “proclamar sin ambigüedades” que la ganancia económica “si se realiza en un marco legal y ético, no sólo es legítima, sino que constituye una justa retribución al emprendimiento, el trabajo y la creatividad”.
Se defiende el valor del emprendimiento como una “fuerza creativa y explorativa que debe ser valorada e incentivada”.
Aquí incluyen una fuerte crítica al actual manejo económico: “Las sociedades que castigan el emprendimiento de las personas, pretenden reemplazarlo por la acción del Estado y estigmatizan la legítima ganancia, inevitablemente derivan hacia el estancamiento económico, ya que detienen el proceso de creación, exploración y toma de riesgos. Esto es exactamente lo que ha tenido lugar en Chile en el último tiempo, con los resultados por todos conocidos”.
El orden legal también es importante en el manifiesto, donde se reconoce que el mercado también tiene responsabilidades.
“El estancamiento económico, institucional y moral de los países donde el Estado asume todas las funciones económicas, no difiere demasiado del de aquellos donde los monopolios u oligopolios privados hacen y deshacen a su antojo”, dice el documento, que propone “dar forma a una economía que funcione de manera coherente con el juego democrático, donde el poder económico no se sitúe más allá de la legalidad, esté dividido, se excluyan las prácticas contrarias a la libre competencia y todos tengan la oportunidad de emprender”.
Capítulo Siete: Educación para la libertad y la responsabilidad
“Hay un diagnóstico equivocado, que asume que la educación no aporta nada a los estudiantes y que todos sus logros se explican por su origen socioeconómico. Esta filosofía desmotivante y materialista ha hecho que se desatienda, en el diseño educacional, lo que tiene que ver específicamente con la educación, y se concentre la atención simplemente en factores económicos”, dice el documento, que recorre el proceso educacional etapa por etapa. La educación inicial es la “instancia más relevante para avanzar hacia una reducción de las desigualdades”, pero ha sido desatendida, según los autores.
Los firmantes consideran la educación pública un elemento “de primer orden para el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de oportunidades y el progreso del país”, pero señalan como equivocado el propósito del gobierno de gestionar la educación pública a través del poder central.
Defienden la educación particular subvencionada: lamentan que “en estos años se hayan puesto reiterados obstáculos a aquellos sostenedores de colegios que ejercían su labor con esmero y responsabilidad”. El problema de la educación pública, dice el texto, no es la educación privada: “Son aliados con un mismo fin”. Defienden la diversidad en la educación superior, lo que “permite dividir el poder intelectual”. Plantean la autonomía de toda institución universitaria y “evitarse discriminaciones basadas en la mera antigüedad o la naturaleza jurídica de las mismas”. Finalmente, consideran la gratuidad como una política “equivocada y regresiva”, y que el país debiera revisar si es razonable incrementar la promesa de gratuidad prevista hoy para el 50% más vulnerable. “La gratuidad deberá coexistir con un sistema de créditos, becas y ayudas estudiantiles”.
Capítulo Ocho: Debate sobre los derechos y deberes
Los autores se meten en la discusión sobre derechos y deberes. Plantean lo que consideran una “comprensión inadecuada de los derechos sociales”.
“El gobierno de la Nueva Mayoría ha buscado dar legitimidad a su intento refundacional aludiendo a la categoría jurídica y política de los derechos sociales. Se trata, ciertamente, de una noción legítima, que apunta a objetivos de política social que tienen gran importancia para la promoción de los sectores menos favorecidos, pero que se ha distorsionado hasta el punto de quedar transformada en un arma para imponer, desde el Estado, una igualdad forzada, ficticia y perjudicial, muy visible en el caso de la educación”, dicen.
Acusan a la Nueva Mayoría de una permanente improvisación y desprolija aplicación de políticas por “una mala comprensión de los derechos sociales y de su papel político, que termina por inflar expectativas demagógicamente, sin poder satisfacerlas, favorecer a los grupos de presión, y destruir el potencial de la sociedad para proveer bienes y servicios de la mejor manera posible a todos los ciudadanos”. Dicen que el problema fundamental “no es seguir proclamando nuevos derechos, sino aumentar el número de las personas que efectivamente gocen de los derechos fundamentales”.
Todo este debate debe ser complementado, según los autores, por una perspectiva de los deberes. “El discurso de la izquierda ha terminado por difundir un estatismo individualista, donde las personas esperan todo del poder central, mientras que, al mismo tiempo, están tan preocupadas de su bienestar, que se tornan insensibles a la responsabilidad que tienen a favor del resto de la sociedad y, particularmente, de los menos favorecidos”. (La Tercera)
EL DOCUMENTO COMPLETO
MANIFIESTO POR LA REPÚBLICA Y EL BUEN GOBIERNO (UNA INVITACIÓN A PENSAR)
I. INTRODUCCIÓN
§ 1. La llegada del Bicentenario ha coincidido en Chile con una ola de pesimismo y malestar. El país está decepcionado, las instituciones se debilitan y la vida nacional se debate entre posturas antagónicas que parecen irreductibles. La ciudadanía considera que se ha traicionado su confianza y tiene una visión sombría del futuro.
§ 2. La ilusión de estar a punto de alcanzar un lugar entre los países más desarrollados del mundo se ha ido desvaneciendo. En los últimos años se impuso en las autoridades la idea de que era necesario abandonar el camino de los acuerdos y la ruta de progreso que se había seguido durante la transición. Además, ciertos grupos emergentes sienten que no encuentran eco en la institucionalidad, y permanecen al margen de la misma.
§ 3. El presente año estará marcado por las elecciones presidenciales. Ellas corren el riesgo de convertirse en un escenario de descalificaciones y ataques más que de propuestas constructivas. Aunque todo hace pensar que el clima negativo se agriará aún más, no se sigue de allí que los chilenos quieran vivir en una atmósfera cargada de odios y enfrentamiento. Las aspiraciones de unidad, de entendimiento y colaboración no han desaparecido.
§ 4. En razón de lo expuesto, un grupo de políticos y académicos hemos estimado oportuno, antes de que comience la disputa presidencial, hacer una pausa y plantear algunas ideas a la opinión pública. No pretendemos reemplazar los necesarios programas de gobierno ni aludir a las medidas concretas que requiere la presente situación. Más bien queremos atraer la atención hacia algunos bienes y principios fundamentales que deberían orientar la acción política en los complejos tiempos que vienen. Se trata de un documento provisorio, que simplemente pretende aportar elementos para la reflexión de los políticos y el resto de los ciudadanos.
II. LAS BASES DOCTRINALES DE NUESTRA PROPUESTA
1. LA IDEA DE REPÚBLICA
Reivindicación de lo público
§ 5. Reivindicamos el concepto de república, que no en vano ha estado presente en todas nuestras constituciones. La república es la cosa común, que nos vincula a todos con la realidad colectiva.
En tiempos en los que tiende a primar el egoísmo, cuando prevalece la consideración del hombre como un ser atomizado y aislado de su entorno, la república nos recuerda que tenemos un destino común, y que nuestra realización personal no se da nunca en el plano estrictamente individual, sino que se inserta siempre en un orden más amplio.
El desafío es que todos los chilenos se sientan integrados a ella, y que, a al mismo tiempo, comprendan que el bien personal no puede ser buscado a costa del bien común.
La república debe ser justa: por eso, nos evoca el imperio del Derecho y la afirmación de que en Chile no debe haber personas ni grupos privilegiados. Gran parte del malestar social de los últimos años tiene que 1 ver precisamente con que los chilenos no están convencidos de que estos nobles ideales se hayan hecho efectivos en la realidad.
Participación
§ 6. La república requiere división del poder y transparencia en el actuar de quienes lo detentan y en los fundamentos de sus decisiones, porque los gobernantes han de estar sujetos a control por parte de la sociedad. Pero también implica exigencias respecto de los ciudadanos, comenzando por la necesidad de participar en los asuntos que nos incumben a todos.
Los chilenos tenemos la política que merecemos, y el abstencionismo no hace más que agravar los males que la aquejan.
La participación política no puede ser asimilada al comportamiento de unos consumidores en el mercado, que compran un producto o se abstienen de hacerlo según sean sus gustos: tiene que ver con la necesaria deliberación para alcanzar decisiones que nos afectarán a todos. En ese sentido, para quien vive en democracia, la participación política constituye un deber.
Sentido de la política
§ 7. La república tiene la capacidad de armonizar los legítimos intereses privados de los individuos y de integrarlos en el marco de un proyecto común. Por su misma definición, la república excluye la captura del bien público por parte de intereses privados.
La tarea de conseguir ese bien común, que hace posible los bienes particulares, es la política. Se trata de es una de las más nobles actividades humanas, porque, bien ejercida, lleva a superar los márgenes de la existencia individual y abrirse a lo común, que es una expresión muy elevada de libertad.
La definición de lo público
§ 8. Lo público no se agota en lo estatal ni se define por su lógica. Es un lugar de encuentro de distintas miradas, organizaciones y formas de vida. Esta biodiversidad es su gran fortaleza. Es un espacio plural, sin que por esta razón las organizaciones que interactúan en él y que poseen diversas identidades estén obligadas a ser pluralistas en su interior: si todas lo fueran, la diversidad de miradas desaparecería.
Lo público es, como todo espacio de encuentro, un lugar de diálogo y deliberación, pero también de intercambio y de disputa.
Es, además, una fuente de producción de bienes y servicios que satisfacen variadas necesidades. Y aunque su lógica inherente —con su diversidad de miradas— sea la propia de la sociedad civil, su entramado incluye organizaciones y lógicas institucionales propias de esa sociedad civil, del Estado, y del mercado.
Ellas presentan distintas fortalezas y debilidades al momento de generar esos bienes y servicios. Así, la sociedad civil ha mostrado su capacidad en obras donde el Estado había fallado sistemáticamente, como el apoyo y cuidado de ancianos, niños, enfermos y mujeres embarazadas que pasan por dificultades.
Otro tanto ocurre con la protección del medio ambiente y el refugio y rehabilitación de animales, así como en la provisión de bienes espirituales y educacionales.
El Estado, por su parte, provee a través de su aparato burocrático ciertos servicios y bienes, bajo exigencias derivadas del hecho de que son financiados por los impuestos de todos los ciudadanos: acceso universal, pluralismo interno y cobertura nacional. El mercado, finalmente, coordina la provisión oportuna de muchos bienes y servicios fundamentales.
Existen, por supuesto, incontables casos mixtos, en los que se da una coordinación virtuosa entre distintos actores del espacio público.
La tarea del Estado
§ 9. El Estado tiene, además, otras obligaciones, ya que no consiste en una mera plataforma de servicios.
Debe velar por el bien común, lo que implica estar al servicio del florecimiento del espacio público y el despliegue de las capacidades humanas. Debe hacerlo con recursos que son siempre limitados, y cuidando no dañar la matriz desde la que los obtiene.
Esto le exige generar las condiciones que hagan posible ese florecimiento, lo que supone regular, incentivar y, cuando corresponda, retirarse de manera oportuna de los espacios en los cuales la sociedad civil o el mercado logran proveer satisfactoriamente un bien necesario, y concentrar, en cambio, su atención y recursos en aquellos espacios donde eso no ocurre.
Un Estado activo jamás debe ser un Estado invasivo, que no respeta el protagonismo de la sociedad civil. Quienes creen que el Estado o el régimen propio de la burocracia estatal son la única forma que puede adquirir lo público, en realidad debilitan el espacio público, destruyen su diversidad y paralizan la capacidad de la sociedad para solucionar sus propios problemas.
Oponen el monocultivo a la biodiversidad social, destruyen los equilibrios ecológicos humanos y con ellos la riqueza y complejidad de la vida en común. Al abarcar mucho y apretar poco, desenfocan la atención del Estado y permiten que sus políticas sean finalmente dirigidas a quienes tienen más medios de presión.
2. NACIÓN ABIERTA
Integración y apertura
§ 10. La república no se construye sobre la nada: supone un determinado cuerpo social, la nación chilena. Solo una nación con una fuerte identidad propia está en condiciones de abrirse al mundo y de entrar en diálogo fructífero con otros pueblos.
La nación es un pacto entre los vivos, los muertos y los que están por nacer. Se realiza en un territorio determinado, se nutre de una historia y una cultura comunes. Quienes se incorporan a este pacto aceptan sus términos y, tras hacerlo propio, contribuyen a él incrementando este acervo común.
§ 11. La nación chilena es el fruto de una fusión, muchas veces dolorosa y conflictiva. Es importante destacar la variedad que convive en nuestra nación y el inapreciable aporte que representa la presencia de los pueblos originarios.
Es necesario crear las condiciones para una convivencia común basada en el respeto, el reconocimiento y la colaboración entre las distintas tradiciones culturales, y no en el conflicto y la imposición.
Esa convivencia respetuosa debe ser la base para pensar nuestro desarrollo: la pluralidad cultural, étnica o de cualquier otra índole jamás pueden ser un obstáculo para encontrar un destino común para la sociedad.
Atención al pasado y al futuro
§ 12. Nuestra nación no puede estar cerrada sobre sí misma. La inmigración no es un fenómeno de hoy, que haya que enfrentar con temor y desconfianza, sino un elemento constitutivo de la sociedad chilena: a los pueblos que llegaron primero al continente americano, se unió luego el aporte de españoles, otros europeos, árabes, judíos, asiáticos y hermanos nuestros latinoamericanos.
Durante largo tiempo vinieron a nuestras tierras personas de todo el mundo, que compartían el espíritu de trabajo, el amor a la paz y el respeto por nuestras leyes. Chile es la obra conjunta de ellas.
Al construirse nuestro país sobre la base del estatuto de la territorialidad y no de la personalidad, se fomentó la igualdad de trato para quienes llegaban a él, de modo que pudieron construir su destino con independencia de su nacionalidad de origen.
§ 13. La nación supone respeto por el pasado. No es un esfuerzo refundacional, sino la exigencia de asumir con responsabilidad la herencia de nuestros predecesores y enriquecerla. Esta herencia está marcada por la diversidad. Hay muchas formas de ser chileno, y todas han contribuido, con sus luces y sombras, al bien del país. Justicia intergeneracional
§ 14. La nación es tributaria del pasado y está abierta al futuro, lo que impone serias exigencias de administración de lo recibido y de respeto por las generaciones que vendrán. Estas son exigencias de justicia intergeneracional, y van desde la protección del medio ambiente y la forma de organizar nuestras ciudades, hasta el cuidado de los equilibrios fiscales y el mantenimiento de un sistema previsional sustentable.
Debemos tratar de dejar en herencia un país mejor que el que recibimos. No podemos financiar nuestros deseos de bienestar actual con deudas económicas, sanitarias o ambientales que deberán pagar nuestros hijos y nietos. Y tampoco podremos transmitir lo recibido si no tenemos herederos. Por eso, la preocupación por el futuro exige atender a un problema de primera importancia política: la natalidad, que asegura la continuidad de Chile como nación.
§ 15. Una nación abierta al futuro protege y promueve la familia, pues en el marco de relaciones afectivas permanentes se facilita que los futuros ciudadanos adquieran hábitos de generosidad, templanza, laboriosidad y entrega desinteresada, que resultan fundamentales para una sana convivencia social.
Ningún sistema público entrega la protección, afecto y cercanía que pueden brindar los padres a los niños, ni el mismo cuidado cariñoso a sus ancianos y los enfermos.
3. DEMOCRACIA EXIGENTE
Espacio de deliberación y encuentro
§ 16. Muchas diferencias nos separan a los chilenos, pero hay que agradecer que hayamos llegado al reconocimiento de que nuestras discrepancias no se resuelven por la fuerza sino con métodos democráticos.
La aceptación de la democracia implica una confianza fundamental en la razón, en la capacidad del ser humano de deliberar con la ayuda de los demás para llegar a soluciones justas.
La democracia es consciente de que nuestras inteligencias son limitadas y de la necesidad de alimentarse de otras perspectivas para encontrar las respuestas adecuadas.
Ella carece de la espectacularidad de las propuestas revolucionarias, su camino es la gradualidad, su herramienta predilecta es el diálogo.
Los acuerdos no son un signo de debilidad moral, sino una expresión de la capacidad humana de ponerse en el lugar del otro y de hallar soluciones que sean aceptables para el mayor número posible de ciudadanos, aunque disten de ser perfectas.
Democracia constitucional
§ 17. La democracia constitucional no se presenta de modo espontáneo. De hecho, las épocas democráticas son una excepción en el marco de la historia universal, y todavía hoy son muchos los países que no la conocen.
Sin la ayuda de instituciones que la impulsen y aseguren, resultará desplazada por formas autocráticas o por el derecho del más fuerte, propio de las situaciones de anarquía. Un peligro de la época presente consiste en el acostumbramiento a la democracia, que en muchos países occidentales se da simplemente por supuesta.
No hay conciencia del largo y doloroso proceso histórico que está detrás de nuestras instituciones democráticas, y con gran frivolidad se pretende reemplazarlas por la espontaneidad de los movimientos sociales.
En vez de seguir los cauces representativos, muchos prefieren una genérica alusión a las exigencias de “la calle” y se arrogan un poder carente de toda legitimidad. Voluntad de reforma
§ 18. La democracia constitucional se apoya en instituciones, pero en ningún caso postula el anquilosamiento social. La democracia que requiere el tiempo presente no puede tener un talante conformista, sino que debe estar permanentemente en proceso de reforma o evolución.
La idea de evolución constante no significa cambiarlo todo ni empezar siempre desde cero, sino aprovechar lo más valioso del pasado para proyectarlo de manera creativa hacia los tiempos que vienen.
La democracia que queremos está atenta a las reformas que evitan el divorcio entre las demandas ciudadanas y las formas institucionales.
Virtudes democráticas
§ 19. Por otra parte, no existe democracia sin demócratas. La democracia es un régimen político que compromete muy especialmente a los ciudadanos, porque les exige una serie de hábitos para su buen funcionamiento, como la capacidad de autolimitación y la disposición a dialogar. Por eso la democracia no puede funcionar sin una base moral que la sustente.
Esas conductas que favorecen la práctica democrática no son generadas por la democracia misma. Ellas se adquieren en otras instancias, como es el caso de la familia, las tradiciones religiosas, las organizaciones de voluntariado y la escuela. Cuando estas instancias funcionan de manera adecuada, la educación para la democracia se facilita enormemente.
4 4. ESTADO FUERTE
Forjador de la nación
§ 20. La nación chilena adquirió forma en buena medida gracias a la acción del Estado. Él definió nuestras fronteras, educó, organizó la población del territorio, y difundió un espíritu republicano en todas las capas de la sociedad. En el proceso histórico de forja de la nacionalidad, las Fuerzas Armadas y de Orden han desempeñado un papel muy relevante como factor de integración social.
§ 21. Una de las manifestaciones de nuestra crisis actual consiste precisamente en la debilidad de nuestro Estado. Tenemos un Estado grande, pero no contamos con un Estado fuerte, capaz de garantizar justicia y seguridad a todos los chilenos. Pesa sobre ellos, especialmente sobre los más pobres, una sensación de inseguridad permanente, donde hay barrios enteros dominados por la delincuencia.
Esta falta de presencia eficaz del Estado constituye una injusticia para con los más débiles de nuestra sociedad. No se trata de definir a priori un tamaño grande o pequeño para la organización estatal. El Estado debe ser el necesario, y su acción depende de las diversas materias y las necesidades de la sociedad.
Vocación de permanencia
§ 22. El Estado chileno no puede limitarse a ser un instrumento en manos del gobierno de turno. Es necesario que adopte y ejecute políticas de carácter permanente.
Las relaciones internacionales, lo mismo que la defensa, el fomento de la natalidad, la protección de la infancia, la planificación de la ciudad, la política migratoria y el cuidado de los recursos naturales no pueden cambiar cada cuatro años según el gusto del gobierno de turno.
Proceder de esa manera es una frivolidad que atenta contra la justicia debida a las generaciones futuras, una auténtica inmoralidad.
La modernización del Estado es una tarea impostergable. En su actual condición, el Estado no está capacitado para responder de manera adecuada a los desafíos y urgencias que enfrenta.
Sin un sólido fortalecimiento de sus funciones (muy diferente del crecimiento inorgánico del aparato estatal) se hace imposible retomar el crecimiento, garantizar la convivencia interna y permitir el despliegue de las diversas aptitudes de las personas.
Los gobernantes no son dueños del poder que transitoriamente detentan, sino mandatarios de todos los ciudadanos, que tienen el derecho a pedirles cuenta por el ejercicio de su mandato.
La aludida modernización del Estado exige mayor transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuenta de sus autoridades y altas exigencias de probidad.
Estas prácticas permiten una democracia más efectiva, con verdadera participación y control social, a la vez que mejoran la gestión pública y reducen la corrupción, un mal que afecta la buena marcha del Estado contemporáneo y que resulta necesario atajar con decisión.
§ 23. La permanencia de las grandes políticas de Estado, exige contar con una burocracia dotada de sentido patriótico y calidad profesional. Solo unos funcionarios públicos estables y bien preparados podrán ejecutar políticas que tengan un carácter permanente.
La administración pública no puede ser un botín partidista, ni cambiar con cada nuevo gobierno. Salvo algunas jefaturas de exclusiva confianza, sus cargos deberían ser definidos por la Alta Dirección Pública sin injerencia del gobierno. Asimismo, el crecimiento indiscriminado de la administración es una falta de respeto a los auténticos funcionarios públicos y facilita la corrupción.
Por otra parte, las experiencias positivas de un Estado fuerte se han dado en escenarios de marcada separación entre gobierno y Estado, mientras que en Chile observamos una peligrosa tendencia a confundir ambas realidades.
Necesidad de la sociedad civil
§ 24. El Estado se encuentra en una rica tensión con la sociedad civil. Su misión nunca puede ser ahogar las grandes energías que viven en una comunidad, y que se manifiestan en mil formas asociativas.
Una subsidiariedad bien entendida no apunta primariamente a la vida económica, sino a la sana y vital organización de la sociedad civil. Su misión no puede ser simplemente la de abstenerse, pues está llamado a estimular el protagonismo de las distintas fuerzas sociales.
Y ninguna subsidiariedad puede funcionar si no va acompañada de la solidaridad, que es la exigencia de prestar ayuda oportuna a quienes necesitan nuestro apoyo.
§ 25. La democracia es, en buena medida, el gobierno del hombre común. Nos preocupa que el Estado aparezca en los últimos años como capturado y puesto al servicio de diversas minorías (los grupos de presión, los partidos políticos, los empresarios y los mismos funcionarios públicos).
Estos abusos y el consiguiente olvido de las mayorías crean un clima donde el hombre común siente que el mundo público y las instituciones le resultan ajenos.
5. UNA SOCIEDAD INTEGRADORA
Las tareas comunes
§ 26. La sociedad no es una simple aglomeración de individuos coordinados por el poder para evitar que se dañen recíprocamente. Supone una serie de tareas comunes, que no se pueden sacar adelante sin la colaboración de todos: la transmisión de la cultura, el cuidado del medio ambiente, la educación, el combate a la criminalidad organizada y a la corrupción, el fomento de la ciencia y la tecnología, como también la protección de la infancia, exigen la presencia de ciudadanos activos, responsables, bien informados y vinculados a diversas comunidades.
Opción preferencial por los débiles
§ 27. No basta con proclamar una abstracta igualdad ante la ley. Este es un punto de partida importante, pero insuficiente. Es necesario asegurar a todos los habitantes de nuestra tierra el acceso a ciertos bienes que son necesarios para vivir con dignidad.
Las grandes desigualdades constituyen un problema político de primera magnitud, porque dan origen a dos Chiles incomunicados, que se miran con desconfianza, donde cada uno ve en el otro un peligro para la propia seguridad.
No se trata de propender a fórmulas igualitaristas, sino de establecer un marco de convivencia donde las diferencias sean el resultado del esfuerzo personal y familiar, y no de privilegios.
Gobernar es priorizar, y priorizar exige aplicar criterios. Y uno de los más importantes al momento de elaborar políticas públicas debe ser la opción preferencial por quienes se encuentran en una posición de debilidad, que no son sólo los más pobres, sino también, por ejemplo, las personas con discapacidades o la tercera edad.
Focalizar en estas personas los recursos económicos y la atención política es un deber ineludible, que exige, además, generar mecanismos eficientes para identificar y comprender estas vulnerabilidades, y poder actuar a tiempo sobre ellas.
“Los invisibles”
§ 28. La opción preferencial por los débiles no se limita sólo a los más pobres, pero nos exige no olvidarlos, especialmente en tiempos en que se han vuelto cada vez más “invisibles” para la opinión pública, dada su reducción numérica y el auge de una frágil clase media.
Todavía hay miles de chilenos que viven en campamentos, y niños abandonados para los que no se abre ningún futuro: no podemos cerrar los ojos y dejarlos atrás. 6 Importancia política de la ciudad
§ 29. También la ciudad representa un problema político muy relevante. Necesitamos ciudades humanas, con barrios, plazas, lugares de encuentro con la naturaleza y con los vecinos; dotadas de calidad estética y vías expeditas de comunicación, donde los más necesitados no sean sometidos a condiciones degradantes de transporte, que desmoralizan a las personas y les expropian el tiempo y el ánimo necesarios para el esparcimiento y la vida familiar.
Descentralizar
§ 30. La integración social abarca el espacio y el tiempo. El centralismo no integra, divide, y es causa de una enojosa desigualdad de carácter geográfico. Las regiones requieren más autonomía, como asimismo una ayuda para capacitar a sus autoridades y atraer talentos hacia ellas, porque el centralismo ha producido una fuga de gran parte de sus ciudadanos más capacitados hacia la capital.
Por otro lado, la multiplicación de regiones no ha hecho más que acentuar el poder de Santiago. Descentralizar significa habilitar lo local para que pueda hacerse cargo, de manera responsable, de todo lo que pueda ocuparse. Esto exige adecuadas condiciones económicas, políticas, profesionales y de infraestructura.
Además, no hay una genuina integración si se posterga al mundo rural y no se consideran adecuadamente las regiones extremas del país.
6. UNA ECONOMÍA FUNDADA EN INSTITUCIONES
Crecimiento
§ 31. Un mínimo de respeto a la ciudadanía exige decir muy claramente que nuestras aspiraciones de mayor justicia presuponen el crecimiento económico para tornarse reales.
El progreso humano ciertamente no se identifica con el crecimiento económico, pero él es el sustento material imprescindible para las conquistas sociales y políticas que hemos delineado.
La riqueza de las naciones no es “suma cero”. Es decir, no es una torta que permanece siempre igual, donde sólo cabe discutir cómo se reparte: varía en tamaño y calidad, dependiendo de cómo se distribuye, pero también de muchos otros factores que no pueden ser despreciados ni descuidados.
Crecer, y crecer de manera sustentable, implica aprovechar con la mayor destreza posible nuestras ventajas comparativas y desarrollar nuestras habilidades. Muchas de estas ventajas y capacidades son conocidas y sólo requieren de un adecuado fomento y marco regulatorio. Pero no todas son conocidas de antemano, ni resultan obvias, por lo que el desarrollo económico es siempre un desafío de exploración, prospección y ensayo.
Y mientras más esfuerzos puedan sumarse a ese desafío, mayor es el éxito de los pueblos en ese desarrollo.
Ganancia legítima y emprendimiento
§ 32. Al mismo tiempo, hay que proclamar sin ambigüedades que la ganancia económica, si se realiza en un marco legal y ético, no solo es legítima, sino que constituye una justa retribución al emprendimiento, el trabajo y la creatividad.
El emprendimiento privado es una fuerza creativa y explorativa que debe ser valorada e incentivada, pues quien crea negocios asume riesgos, abre caminos a otros, genera riqueza y provee de empleos.
Además, un mercado ágil y vigoroso es un poderoso límite a la concentración del poder en el Estado y contribuye a la libertad.
Las libertades económicas no son importantes sólo por motivos pragmáticos, sino porque tienen asimismo un valor moral. Ellas pueden permitir a los ciudadanos desarrollar virtudes que contribuyen a su perfeccionamiento personal y al de las comunidades en que participan, y los ayuden a realizarse como agentes responsables.
Las sociedades que castigan el emprendimiento de las personas, pretenden reemplazarlo por la acción del Estado y estigmatizan la legítima ganancia, inevitablemente derivan hacia el estancamiento económico, ya que detienen el proceso de creación, exploración y toma de riesgos.
Esto es exactamente lo que ha tenido lugar en Chile en el último tiempo, con los resultados por todos conocidos. No habrá recuperación económica, ni volveremos a tasas altas de crecimiento, ni mejoraremos la productividad sin reivindicar la plena legitimidad de una justa retribución material al trabajo, riesgo e inversión.
La economía requiere un orden legal
§ 33. La división del poder debe proclamarse no solo a la hora de limitar la arbitrariedad estatal. Pensamos que la concentración indebida del poder económico afecta la libertad de una forma semejante a la concentración del poder en manos del Estado, pues obstaculiza el sano funcionamiento de los mercados, detiene la exploración creativa y deteriora la vida en sociedad.
El estancamiento económico, institucional y moral de los países donde el Estado asume todas las funciones económicas, no difiere demasiado del de aquellos donde los monopolios u oligopolios privados hacen y deshacen a su antojo.
Preocuparse solo de una de estas amenazas, la que proviene del Estado, constituye una miopía política y hace perder credibilidad a los defensores de la libertad económica.
Se trata, en definitiva, de dar forma a una economía que funcione de manera coherente con el juego democrático, donde el poder económico no se sitúe más allá de la legalidad, esté dividido, se excluyan las prácticas contrarias a la libre competencia, y todos tengan la oportunidad de emprender.
De este modo, no será la fuerza quien defina el resultado de la competencia, sino la perseverancia, el esfuerzo y la creatividad.
El valor central del trabajo
§ 34. En una economía de base republicana, el trabajo no es solo un factor productivo, sino el eje de la vida económica. Es necesario difundir en el país una cultura del trabajo, donde se valore la perseverancia, el orden, la honestidad, la puntualidad y el respeto a la palabra empeñada.
Pero para que esta cultura permita el crecimiento humano es necesario preocuparse por las condiciones en que se ejerce la actividad laboral, particularmente las que permiten compaginar trabajo y familia, como también las que promuevan la igualdad de género en las remuneraciones.
Al mismo tiempo, para que los sindicatos ocupen un lugar fundamental en el genuino mejoramiento de las condiciones laborales, es necesario que su acción se oriente al bien común y no sean instrumento de intereses ajenos al mundo del trabajo.
7. EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD
La educación en el centro
§ 35. Tal como sucedió en torno a nuestro primer centenario, el gran tema político de nuestro tiempo es la educación. En períodos como estos, los ciudadanos se sienten llamados a reflexionar acerca de su responsabilidad ante sus descendientes.
Hoy, además, resulta natural que así sea, porque en una sociedad que demanda el fin de los privilegios y valora la movilidad, la educación es la clave de acceso hacia un futuro con mayores oportunidades.
Foco equivocado
§ 36. En la discusión de los últimos años acerca de la educación, llama la atención que el foco se haya puesto en la forma de organizar el sistema, en la estructura jurídica de los colegios, la obligación de los sostenedores de ser dueños de los inmuebles o la prohibición a las familias para aportar recursos.
No se ha atendido, en cambio, al agente central del proceso educativo, el profesor, y al ambiente en que lleva a cabo su tarea, el aula. Detrás de esto hay un diagnóstico equivocado, que asume que la educación no aporta nada a los estudiantes, y que todos sus logros se explican por su origen socioeconómico.
Esta filosofía desmotivante y materialista ha hecho que se desatienda, en el diseño educacional, todo lo que tiene que ver específicamente con la educación, y se concentre la atención simplemente en factores económicos.
Jamás tendremos una buena educación mientras no contemos con buenos educadores y no les entreguemos las condiciones mínimas para llevar a cabo su tarea.
Priorizar la infancia
§ 37. La falta de un foco adecuado se observa, asimismo, en la penosa desatención que sufre la educación inicial, que es la instancia más relevante para avanzar hacia una reducción de las desigualdades.
Está más que demostrado que la habilitación cognitiva y emocional de los niños es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Y también que, cuando se trata de disminuir las brechas de desigualdad, invertir en ella rinde más que ninguna otra política pública.
Sin embargo, no se ha actuado en consecuencia por la sola razón de que los menores de edad no votan ni marchan.
La deuda técnico-profesional
§ 38. Lo mismo sucede con su despreocupación por la suerte de la educación técnico-profesional, tanto en el nivel medio como en el superior. No es casual que en los países que han alcanzado un mayor desarrollo político y económico esa educación reciba una atención muy prioritaria, ya que constituye el soporte material para el bienestar.
La educación pública
§ 39. La educación pública es un elemento de primer orden para el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de oportunidades y el progreso del país. Sin embargo, el propósito del gobierno de gestionar la educación pública a través del poder central es equivocado, va a contramano de las tendencias mundiales y, en la medida en que se haga efectivo, originará graves perjuicios a los estudiantes.
En cambio, el municipio, como constituye la expresión del aparato público más cercana a las personas, implica una genuina descentralización y tiene un carácter incuestionablemente democrático, es el llamado a recuperar y fortalecer la alicaída educación pública.
Educación particular subvencionada
§ 40. El sistema de educación debe dejar el debido espacio a las iniciativas que surgen de la sociedad civil. Lamentamos que en estos años se hayan puesto reiterados obstáculos a aquellos sostenedores de colegios que ejercían su labor con esmero y responsabilidad.
Valoramos especialmente la acción abnegada de quienes, por razones solidarias, dedican sus mejores esfuerzos a proyectos educativos a favor de los más necesitados.
El salto de calidad que Chile debe dar en materia de educación exige una acción mancomunada de la autoridad pública y las múltiples iniciativas que surgen de la sociedad civil. El problema de la educación pública no es la educación privada: son aliados con un mismo fin.
Diversidad en la educación superior
§ 41. La educación pública desempeña un papel importante en el sistema de educación superior, pero resulta imprescindible reconocer la pluralidad del mismo. Su diversidad permite dividir el poder intelectual, lo que resulta muy deseable para consolidar una vida política republicana.
La variedad de su sistema educativo es una riqueza para Chile y un elemento que ayuda a la preservación de su democracia. Debe asegurarse la autonomía de toda institución universitaria y evitarse discriminaciones basadas en la mera antigüedad o la naturaleza jurídica de las mismas.
El financiamiento
§ 42. La gratuidad universal para la educación superior es una política pública equivocada, regresiva y que genera insalvables problemas a la hora de su aplicación. Ellos se traducen en déficits financieros de los planteles que se acogen a la misma, deterioro de la calidad de los proyectos educativos y lesión a su autonomía.
El país debiera revisar si es razonable perseverar en incrementar la promesa de gratuidad que hoy está prevista para el 50% más vulnerable, atendiendo todos los efectos adversos de la misma.
Además, cuando al aporte estatal se suma el de los privados, el conjunto del sistema de educación superior dispone de más recursos, lo que permite elevar su calidad. En cualquier caso, hacia el futuro, la gratuidad deberá coexistir con un sistema de créditos, becas y ayudas estudiantiles.
Es fundamental excluir toda discriminación en la asignación de tales beneficios. Ellos deben atender a la vulnerabilidad de los estudiantes y no a factores ajenos a sus necesidades. Cualquier apelación a la diversidad del sistema educativo se tornará ilusoria si no va acompañada por una igualdad de trato a los estudiantes.
8. DERECHOS Y DEBERES
Comprensión inadecuada de los derechos sociales
§ 43. El Gobierno de la Nueva Mayoría ha buscado dar legitimidad a su intento refundacional aludiendo a la categoría jurídica y política de los derechos sociales. Se trata, ciertamente, de una noción legítima, que apunta a objetivos de política social que tienen gran importancia para la promoción de los sectores menos favorecidos, pero que se ha distorsionado hasta el punto de quedar transformada en un arma para imponer, desde el Estado, una igualdad forzada, ficticia y perjudicial, muy visible en el caso de la educación.
Al desfocalizar el gasto estatal, demoler las instituciones públicas de alto rendimiento académico, y tratar de someter a los privados que operan dentro del sistema educacional al régimen propio de la burocracia del Estado, sólo se ha logrado destruir lo que había a cambio de una nivelación hacia abajo muy poco promisoria.
El fracaso de la Nueva Mayoría, no sólo se debe a una permanente improvisación y una desprolija aplicación de sus políticas: se explica principalmente por errores de inspiración, diagnóstico y propuesta. Y entre esos errores se encuentra una mala comprensión de los derechos sociales y de su papel político, que termina por inflar expectativas demagógicamente, sin poder satisfacerlas, favorecer a los grupos de presión, y destruir el potencial de la sociedad para proveer bienes y servicios de la mejor manera posible a todos los ciudadanos.
Además, la Nueva Mayoría, al tratar de hacer avanzar así este nuevo elenco de derechos, ha desatendido el resguardo y expansión de derechos humanos como la vida, la propiedad y la integridad personal, que han terminado siendo devaluados y desdibujados durante estos años.
Así, no se distingue entre el crecimiento en el número de los derechos y la ampliación de los titulares de los mismos. El problema fundamental en este momento no es seguir proclamando nuevos derechos, sino aumentar el número de las personas que efectivamente gocen de los derechos fundamentales.
En efecto, de poco sirve afirmar la libre expresión si las personas son víctimas de una educación de mala calidad, o proclamar el debido proceso si no pueden contar con un abogado mínimamente competente.
Se hace necesario adoptar una opción preferencial por los débiles, que focalice el esfuerzo del Estado y lo dirija a crear las condiciones que les permitan el ejercicio real de los derechos más básicos.
La provisión de estas condiciones debe dejar un amplio espacio a las enormes energías que están disponibles en la sociedad, y no debe reducirse sólo a la acción estatal.
Los deberes
§ 44. La preocupación por los derechos debe ser complementada por la perspectiva de los deberes. El discurso de la izquierda ha terminado por difundir un estatismo individualista, donde las personas esperan todo del poder central mientras que, al mismo tiempo, están tan preocupadas de su bienestar que se tornan insensibles a la responsabilidad que tienen a favor del resto de la sociedad y, particularmente, de los menos favorecidos.
Los derechos engendran responsabilidades, pues se ejercen en un marco social. Resulta inaceptable que quienes invocan el derecho a manifestarse estimen que no deben asumir responsabilidad alguna por los desmanes que provocan, o que quienes reclaman que la huelga no debe admitir limitaciones no acepten siquiera que ésta deba desarrollarse en forma pacífica y no violenta.
Tampoco resulta admisible en una democracia que las minorías que vociferan que la educación es un “derecho social que el Estado siempre debe garantizar” no trepiden en mantener ocupaciones indefinidas de colegios, haciendo imposible el ejercicio del derecho que dicen defender.
Entre los deberes que es necesario proclamar especialmente están aquellos que se refieren al ejercicio de la participación política, al cumplimiento de las diversas cargas públicas, al ejercicio responsable de la propiedad, y al cuidado del patrimonio cultural y ambiental del país.
III. BASES DE UN BUEN GOBIERNO PARA CHILE
La tarea del buen gobierno
§ 45. En las últimas tres décadas, Chile ha logrado progresos evidentes en casi todos los ámbitos. Sin embargo, estos avances han ido de la mano de una crisis generalizada de confianza en la esfera pública de la sociedad.
Si la ciudadanía debe participar en una democracia exigente, tiene el cabal derecho a demandar el retorno del buen gobierno. Lo primero que debe hacer un buen gobierno es hablar a los chilenos con la verdad. Ella obliga a dejar de tratar a los ciudadanos como menores de edad, a quienes se oculta la magnitud de los problemas.
Es necesario advertir desde ya que vienen tiempos difíciles, y promover modelos sociales donde el ahorro, la sobriedad, el trabajo duro y la entrega generosa ocupen un lugar relevante.
La demagogia no se combate con promesas fáciles, sino acostumbrando a los ciudadanos a oír la verdad, aunque sea dolorosa. Este es el mejor antídoto contra el populismo, que en la sociedad contemporánea adopta diversos rostros y amenaza con deteriorar la vida política en muchas naciones.
Hay demagogia cuando se promete lo que se sabe no se puede cumplir, pero también cuando deliberadamente se minimiza la gravedad de los problemas que aquejan al país, se plantean soluciones simplistas a los mismos o se exacerban pasiones y miedos ciudadanos para generar adhesión política.
Gobernar es priorizar
§ 46. El buen gobierno pone a la ciudadanía ante la necesidad de establecer prioridades, las señala de manera transparente y no alienta expectativas desmesuradas. Una parte importante de los males que sufre Chile en la actualidad reside precisamente en que los gobernantes no han tenido el valor de decirle al país que los recursos son limitados y que, por tanto, es necesario focalizar los esfuerzos. Gobernar es priorizar, y quien no prioriza bien, no gobierna bien.
Eficiencia
§ 47. Un buen gobierno es eficiente. La Nueva Mayoría ha roto con la tradición chilena de buenas políticas públicas, donde éstas se estudian cuidadosamente, tienen financiamiento, se consideran sus impactos sociales y se evalúa su cumplimiento.
Resulta escandaloso que los fondos públicos se malgasten con políticas mal diseñadas, que siempre terminan perjudicando a los más vulnerables.
La gestión pública debe tener niveles de exigencia aún más elevados que aquellos propios del mundo privado, porque ella funciona con los recursos de todos y tiene como foco la solución de los problemas de los más necesitados.
La eficiencia en la gestión pública constituye un sello característico de nuestro país que resulta urgente recuperar.
El mal de la abulia
§ 48. El ideal del buen gobierno es incompatible con la abulia de las autoridades: mantener por largo tiempo cargos vacantes, ausentarse sistemáticamente de las zonas donde los problemas son más graves, y eludir el contacto habitual con la prensa, son prácticas que perjudican gravemente al bien común.
Esta desidia genera un mal ejemplo y un motivo de decepción para los ciudadanos, pues lleva a no asumir responsabilidades y crea una mentalidad que mueve a pensar que los problemas no tienen solución.
Humildad republicana
§ 49. El buen gobierno supone una actitud humilde. No resulta sensato pretender partir desde cero, sin contar con la experiencia anterior. La democracia no es compatible con la imposición autoritaria, sino que considera la permanente disposición a llegar a acuerdos, porque las políticas consensuadas tienen mayores posibilidades de mantenerse en el tiempo.
Esto tiene un correlato inmediato en las políticas públicas: la acción humilde es experimental, dialogante, participativa y reversible. No realiza proyectos faraónicos en una lógica que mira desde arriba hacia abajo, sino que construye desde abajo, paso a paso, escuchando, incorporando los aportes de otros, detectando los inevitables errores y corrigiendo, hasta lograr sus objetivos. El Transantiago es quizás el mejor ejemplo de todo lo contrario.
Por otro lado, la moderación debe caracterizar no solo las políticas sino también el modo de vida de los gobernantes. A lo largo de toda su historia, Chile se distinguió por la sobriedad de sus autoridades: su estilo de vida los hacía ejemplares y prestigiaba a nuestra democracia.
Es necesario recuperar la austeridad de nuestros hábitos republicanos y la ejemplaridad pública en nuestros líderes políticos, económicos y sociales. La arrogancia de la riqueza y el poder constituyen un insulto a los sectores menos favorecidos de la sociedad.
Ciudadanos comprometidos
§ 50. En este momento delicado de nuestra historia, la política debe convocar a un proyecto común en el que todos seamos sujetos activos. Necesitamos cambiar nuestra disposición política: debemos aproximarnos al espacio público como actores responsables, y no como meros indignados o consumidores.
No es el momento de seguir prometiendo dádivas, y fomentando disposiciones pasivas en los ciudadanos, pero tampoco de pretender que la indignación y la protesta sorda son sinónimo de soluciones razonables.
Es necesario que Chile pueda contar con ciudadanos comprometidos con el bien de su país, movidos por ideales concretos más que por ideologías abstractas o pasiones desbordadas, y dispuestos a colaborar para obtenerlos, corrigiendo pragmáticamente el rumbo en el camino hasta encontrar nuestra mejor ruta.
Solo así podremos tener una república que efectivamente vele por las personas, pero donde, al mismo tiempo, ellas velen por el régimen republicano bajo el que han tenido la fortuna de vivir.
La política no es una actividad exclusiva de una minoría de individuos privilegiados, ni tampoco el lugar de experimentación para fanáticos obnubilados por visiones absolutas del orden social, o un campo de batalla para quienes creen que su indignación todo lo justifica.
La política es la tarea cotidiana, humilde y ponderada de todas las personas comunes y corrientes que quieren lo mejor para su país y para los suyos. Es el medio por el cual nos hacemos dignos del título de ciudadanos: el título más importante que nos entrega la república, y que nos unge como depositarios de la confianza de nuestros compatriotas para sacar adelante a nuestra patria.
Hernán Larraín Fernández
Andrés Allamand Zavala
Ramiro Mendoza Zúñiga
Joaquín García-Huidobro Correa
Hugo Herrera Arellano
Pablo Ortúzar Madrid
Santiago, 12 de febrero de 2017
