La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (IND-FA), salió en defensa de la «urgencia comunal» decretada en su comuna el pasado domingo debido a la ola de delitos, desmintiendo que se trate de una medida meramente simbólica, como sugirió el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
La jefa comunal explicó que el decreto tiene un impacto directo en la gestión municipal, ya que «nos va a permitir, tener más rapidez en las compras» de elementos de seguridad, aclarando que no tiene injerencia en las policías ni en la Fiscalía.
Bobadilla destacó que la urgencia permitirá reducir drásticamente los plazos administrativos. Un proceso de licitación de pórticos que habitualmente se tarda «hasta cuatro meses», se podrá concretar en «tres a cuatro semanas», permitiendo la rápida instalación de más pórticos y monopostes en la comuna. «Es una realidad, no es simbólico», respondió al ministro Cordero, enfatizando que para su comunidad es «un hecho concreto» que agilizará soluciones que demorarían meses.
CRÍTICAS DEL GOBIERNO
La alcaldesa aprovechó para apuntar al Gobierno central, exigiendo que «el Estado de Chile se haga presente en Quilicura». Señaló que, si bien el municipio ha aumentado las cámaras de vigilancia de 40 a 1.345, lo que se necesita son «más recursos en la calle» para prevenir y perseguir el delito.
Bobadilla fue enfática en su crítica a las autoridades de seguridad, recordando que se ha reunido en cuatro ocasiones con el ministro Cordero sin ver la concreción de los compromisos asumidos.
La alcaldesa afirmó que su municipio ha entregado a las autoridades toda la información necesaria, incluyendo videos y direcciones de «puntos, sabemos dónde están estas bandas que hacen portonazos». Su demanda final al ministro Cordero fue clara: «esperamos intervención. Queremos hechos concretos. Queremos que nuestra comunidad de Quilicura pueda transitar tranquilo… yo no quiero seguir perdiendo el tiempo en reuniones, quiero acción». (NP-Gemini-Emol)
