Este viernes el Juzgado de Garantía de Cañete decretó prisión preventiva en contra del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, por delitos sexuales en contra de cinco mujeres y un aborto que afectó a una de sus víctimas y, según ha trascendido, no se ha presentado a la cárcel de Traiguén donde debía ingresar de manera inmediata.
El tribunal le había dado un plazo de dos horas para presentarse en el centro penitenciario. Sin embargo, desde la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que el jefe comunal no ha sido ubicado.
La jornada de ayer la Fiscalía, representada por el persecutor Gonzalo Martínez de la Unidad de Delitos Sexuales de Los Ángeles, presentó todos los antecedentes constitutivos de delitos tales como abuso sexual y violación, ocurridos entre los años 2006 y 2020 en las comunas de Tirúa, Lebu, Contulmo, Renaico, Angol, Alto Bío Bío, Santiago y Negrete.
En exposición, Martínez describió que dos de las mujeres afectadas eran menores de edad al momento de sufrir los delitos. Asimismo, indicó que Juan Carlos Reinao se valía de su cargo como autoridad comunal para concertar los ultrajes, dado que tres de las víctimas tenían condición de subordinadas del alcalde, lo que revela una asimetría que el imputado utilizó para realizar los delitos.
«Además, el fiscal enfatizó que en los casos de las menores de edad ellas estaban en una situación de vulnerabilidad y el alcalde les había realizado propuestas de becas de estudio», informó el Ministerio Público.
«SICARIATO COMUNICACIONAL»
Esta tarde, el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao Marilao, –formalizado los delitos de violación reiterada, abusos sexuales e inducción al aborto– difundió un comunicado a través de BioBio, negando las acusaciones por las cual se mantiene prófugo de la justicia.
Tras sur formalización, el juez determinó que el imputado debe permanecer en prisión preventiva durante los cuatro meses de investigación por constatar un peligro para la seguridad de las víctimas y de la sociedad.
Pese a la orden judicial, Reinao no se presentó en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Traiguén. Por lo que el Tribunal de Cañete ordenó a la Policía de Investigaciones de Los Ángeles su búsqueda y detención.
En sus declaraciones, el alcalde afirmó su inocencia: “En mi contra, no se acompaña prueba alguna. Se reiteran historias antiguas, a las que nunca consideré necesario hacerles caso. Incluso algunas de ellas están sobreseídas y ni siquiera fueron presentadas por el fiscal”.
Y puntualizó: “la acusación más grave es de una mujer que dice haber sido violada un día en que yo estaba fuera de la región, dando una charla abierta, y de la cual hay múltiples registros (fotos, etc). Además, en los tiempos de la supuesta violación, la denunciante, siendo menor de edad, mantenía una relación de convivencia con un profesor, que fue denunciado por estupro, como consta en el expediente. Por tanto, no tengo ninguna relación con su caso”.
Bajo esa misma línea, desde la clandestinidad aseguró que “de las demás acusaciones, no existe prueba alguna. Durante mis 11 años como alcalde he sido objeto de tantos chismes y acusaciones, que si tuviera que ocuparme de ellas no podría trabajar. Ni los atentados contra mi vida me han detenido”.
El imputado acusó que la justicia “se alimenta de prejuicios (soy hombre, mapuche, soltero, de familia pobre, políticamente independiente, elegido con altas mayorías), no es sino una forma de sicariato comunicacional, que puede ser realizado sin consecuencia por los grupos más inescrupulosos de la sociedad”
Y criticó que existe “un abuso de nuestro sistema judicial con aviesos fines (políticos, amenazas, agresiones por encargo, pasadas de cuenta)”. (Emol-La Tercera)
