Tras las denuncias relativas a los abusos laborales a que se han visto expuestos cerca de 130 trabajadores que fueron “exportados” desde la Región de O’Higgins a Reino Unido, para laborar en faenas agrícolas, que El Mostrador dio a conocer el año pasado, un panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Según un comunicado emitido por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los expertos manifestaron su alarma “ante la exposición sistemática de trabajadores migrantes hacia el Reino Unido a engaños, cuotas de reclutamiento excesivas, deudas condiciones de vida indignas y potenciales deportaciones”.
Al respecto, Carolina Rudnick, presidenta de la ONG Libera, indicó que “la comunicación de la ONU reafirma la existencia del delito y urge al gobierno a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de detección e investigación del crimen, y de protección y asistencia a sus víctimas”, agregando que, como la captación de los trabajadores se realizó en Chile, específicamente en la comuna de Las Cabras, “entendemos que esta comunicación no solo refuerza la existencia del delito en el Reino Unido, sino también en nuestro país”.
Según explicó, allí fue donde “las empresas involucradas reclutaron a trabajadores bajo engaño y abusando de su vulnerabilidad, por lo cual actualmente hay una investigación en curso en la Fiscalía de Alta Complejidad de O´Higgins”.
Según la ONU, varias compañías británicas reclutan trabajadores en distintos países, con el fin de trabajar en granjas agrícolas o de aves de corral. “Algunos de estos operadores cobran en forma ilegal más de 3.000 libras esterlinas a los trabajadores, por seguros laborales, dejando a los trabajadores afectados en deuda. Otros migrantes llegan al país bajo la promesa de un trabajo en el sector agrícola o en el sector de los cuidados, encontrándose con que dicho puesto no está disponible cuando llegan”.
Los expertos reconocieron el trabajo que ha efectuado el gobierno británico cancelando las licencias de algunas de estas empresas, pero al mismo tiempo dijeron estar preocupados por la situación en que quedan los empleados de estas, que quedan en desamparo. Ante ello, indica el comunicado de la ONU, “muchos denuncian haber sido amenazados con deportación, y algunos de los migrantes pueden ser víctimas de tráfico de personas u otras formas de explotación”.
Asimismo, dicen que “los autores de explotación laboral deben ser perseguidos, y el acceso a la justicia y reparaciones efectivas debe ser garantizada a las víctimas”. Asimismo, instaron al gobierno británico a generar medidas efectivas en cuando a prevenir el engaño a los migrantes, así como a prevenir el tráfico de personas con fines de explotación laboral.
Cabe mencionar que todo lo anterior fue realizado luego de que los expertos analizaran la situación relativa a dos grandes compañías británicas, Haygrove y Fruitful Jobs, que están implicadas en el tráfico de migrantes desde Chile hacia el Reino Unido.
Rudnick informó que “Chile fue recientemente evaluado de manera negativa por el Comité de Derechos, sobre su abordaje a la trata y aún se encuentra pendiente el plan de acción 2024. La comunicación refuerza lo que todos los sistemas de justicia penal, incluido el chileno, deben cumplir. Adicionalmente, se pronuncia sobre el actuar de las empresas y su deber de respetar los derechos humanos, y con ello también refuerza la responsabilidad que éstas tienen en la comisión de estos delitos. En Chile, la ley de responsabilidad penal de las persona jurídicas incluye el delito de trata de personas. Eso significa que las empresas pueden ser responsables de estos delitos, y esta comunicación no solo lo pone de manifiesto, sino expone el incumplimiento empresarial”.
En el mismo sentido, puntualizó que “nos alegra mucho que los relatores especiales de Naciones Unidas hayan recogido nuestra denuncia y hayan enviado una comunicación oficial al gobierno británico, sobre el caso de trata de personas chilenas y extranjeras captados en Chile y luego trasladados a campos agrícolas ingleses para someterlas a condiciones de trabajo forzado”. (El Mostrador)
