El Presidente Boric ha estado sumido en un solipsismo alejado de la contienda política, intentando jugar un rol en la política internacional. Pero ante la inminencia de las campañas, se vislumbra el rol que pretende jugar el gobierno en lo que queda de su mandato.
Dos son los ejes. El primero: intentar, mediante proyectos populistas, hacer daño a las candidaturas de derecha y alimentar a sus alicaídas huestes que difícilmente transformarán la candidatura de Jeannette Jara en un emprendimiento exitoso. El segundo, recoger los pedazos de su proyecto refundacional de Chile, intentando avanzar en algunas áreas con su propósito fundamental que es moldear a nuestra sociedad y a nuestros ciudadanos según un modelo utópico que satisfaga sus pretensiones de una “moral superior”. Para lograr este segundo objetivo, escoge iniciativas que tengan un componente populista que aseguren alguna probabilidad de éxito. Así, ambos ejes podrían converger.
Uno de los puntales de esta agenda es el proyecto que crea el FES, mecanismo que reemplazaría los instrumentos de crédito a estudiantes de educación superior con un nuevo sistema de financiamiento de ésta, que, de contrabando, introduce al Estado en las entrañas de las universidades e institutos privados.
En efecto, el financiamiento vía créditos como el CAE (las deudas se condonarían parcialmente) se reemplazaría por un impuesto al capital humano avanzado que deberán pagar en un período de veinte años los egresados de instituciones de educación superior. Los estudiantes pagarían hasta un tope de 3,5 veces lo que recibieron. Se calcularían aranceles a las carreras de todas las instituciones de educación que se adscriban al nuevo sistema (una tarea con un margen de error inmenso). El verdadero impacto fiscal de este cambio ha sido discutido por varios expertos, que creen que se ha subestimado.
Adicionalmente, se prohíbe el copago a los deciles 7, 8 y 9, afectando gravemente la autonomía de las universidades e institutos privados. Por lo mismo, se prevé la posibilidad de que esta reforma provoque mayor segregación en la educación superior, como lo hizo ya la que Michelle Bachelet realizó en su gobierno prohibiendo el lucro y el copago en la educación escolar subvencionada. Si bien se entiende que el gobierno quiera resolver el tema del CAE, de acuerdo con su promesa, lo sensato sería abocarse a ese tema y no insistir en esta reforma estructural.
Es de esperar que la oposición haga valer sus argumentos para evitar este grave daño a la Educación Superior.
En el ámbito económico, sin escarmentar por la mediocre gestión y resultados durante su mandato, el gobierno de Boric ingresó una reforma tributaria que insiste en políticas fracasadas. Propone, entre otras cosas, aumentos en la tasa marginal de impuesto a la renta de las personas que llegaría a 40%, en la tasa de impuestos a la herencia y también a la tributación de las Pyme; que, de acuerdo con cálculos de especialistas, en un 58% resultarían perjudicadas. Se crean dos regímenes tributarios nuevos que se vienen a agregar a los 35 ya existentes y se modifican sustancialmente otros dos.
Por otra parte, se insiste con mociones que “levantan el secreto bancario” según sus autores, lo que es equívoco porque hoy día los tribunales tienen la potestad de ordenar a las instituciones financieras la entrega de información de las cuentas de sus clientes y sus movimientos. Lo que se propone en las mociones es que sea un funcionario público, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, quien tenga la facultad de exigir esos antecedentes, lo que implica la posibilidad de perseguir a los adversarios políticos haciendo uso de información privada.
Como si esto fuera poco, en materia laboral, área en que el gobierno de Boric está al debe y tiene al país en estado de emergencia, se insiste con contumacia en la llamada negociación ramal, que permitiría nuevas instancias de negociación colectiva de remuneraciones y condiciones laborales fuera del ámbito de la empresa. La intención es politizar una negociación técnica que, en lo fundamental, pretende llegar a un acuerdo acerca de la productividad de los trabajadores de una empresa. Los más perjudicados serían los empleados y propietarios de empresas pequeñas y medianas que no pueden pagar salarios equivalentes a los de las grandes y, por lo tanto, correrían el riesgo de quedar sin su fuente de trabajo.
Por último, en materias políticas y valóricas dos cuestiones reprobables. La primera es el desacato que el gobierno, liderado por Álvaro Elizalde, hizo de la Constitución al eludir modificar la Ley de Votaciones estableciendo sanciones a quienes no voten. La Cámara de Diputados, por gestión de su presidente, José Miguel Castro, y la diputada Joanna Pérez quien elaboró una moción, han liderado ese esfuerzo, pero la izquierda votó en contra de establecer una multa con la ominosa ausencia del gobierno. Para el gobierno es más importante lograr una ventaja electoral que cumplir la Constitución.
La otra cuestión es la decisión de dar urgencia a la Ley de Eutanasia. Reconociendo que es una materia importante y digna de discutir, por lo mismo no se recomendaba un trámite de urgencia, como lo señaló la experta en bioética doctora Sofía Salas, alguien que está de acuerdo en legislar. Un problema adicional de esta urgencia es que ocupa el tiempo disponible de la Comisión de Salud del Senado que tiene proyectos importantes que tratar, como el que modifica normas sobre licencias médicas (el retraso amenaza con dejar en la impunidad las conductas que hemos conocido), o una ley larga de Isapres o modificaciones al Fonasa.
El gobierno parece simplemente ensañarse contra la mayoría que rechaza su gestión. Ningún ánimo de resolver problemas acuciantes (como la ley de RUF y otras de la agenda de seguridad). ¿Alguien puede pensar luego de esta actitud que hay una izquierda dispuesta a llegar a acuerdos por el bien de Chile? (El Líbero)
Luis Larraín
