Los recientes antecedentes surgidos en Europa respecto de sistemas de comunicación y actualización presentes en buses eléctricos de origen chino han motivado una revisión regulatoria orientada a resguardar la seguridad operativa y el manejo de datos. En América Latina, donde la adopción de esta tecnología ha sido significativa, conviene analizar si los marcos existentes ofrecen garantías equivalentes.
Europa reacciona
Las pruebas realizadas por la operadora Ruter en Noruega y las evaluaciones posteriores en Dinamarca señalaron la posibilidad de que ciertos modelos permitan intervenciones remotas. A partir de ello, autoridades europeas han iniciado procesos para reforzar la supervisión, clarificar responsabilidades y establecer estándares más exigentes para vehículos conectados.
Mientras tanto, en América Latina la discusión pública continúa centrada en los beneficios ambientales y económicos, sin integrar plenamente la dimensión de seguridad tecnológica que ya ocupa a los reguladores europeos.
La experiencia chilena
Chile ha destacado por la magnitud de la flota eléctrica incorporada al sistema Red Movilidad, lo que ha generado mejoras en calidad del aire y operación. Santiago llegó a registrar una de las mayores concentraciones de buses eléctricos fuera de China, un logro reconocido internacionalmente.
Sin embargo, la discusión nacional no ha profundizado en cuestiones vinculadas al manejo de datos, la arquitectura de comunicaciones o la capacidad del Estado para intervenir directamente los sistemas en situaciones críticas. Incluso cuando la prensa local ha informado sobre las advertencias europeas, estas no se han traducido en una reflexión regulatoria más amplia.
Un marco insuficiente
En diversos países de la región aún no existe una regulación consolidada en materia de ciberseguridad del transporte, estándares de interoperabilidad o resguardo de información. En ese contexto, son los proveedores quienes, en la práctica, definen aspectos relevantes del funcionamiento de los sistemas.
Aunque ello no implica necesariamente un riesgo inmediato, sí configura una dependencia tecnológica que podría volverse problemática frente a incidentes operativos, tensiones comerciales o escenarios internacionales complejos. El transporte público, por su carácter esencial, requiere un nivel de resguardo acorde a su importancia.
Cooperación con reglas claras
La presencia de tecnología china ha permitido avances relevantes en la modernización del transporte regional. No se trata de restringir esa cooperación, sino de asegurar condiciones que garanticen transparencia, auditorías independientes, almacenamiento local de datos y potestad estatal sobre las actualizaciones de software.
Estas exigencias no buscan excluir proveedores, sino resguardar la continuidad y seguridad de un servicio fundamental.
Conclusión
La discusión que Europa ha iniciado ofrece una oportunidad para que Chile y América
Latina examinen con mayor detenimiento la base regulatoria de la electromovilidad. El progreso alcanzado es significativo, pero debe complementarse con mecanismos de supervisión adecuados al carácter crítico de la infraestructura involucrada. Conviene que las autoridades atiendan estos elementos antes de que imprevistos obliguen a actuar en condiciones menos favorables.
Andrés Liang
Analista en política internacional y relaciones Asia-Latinoamérica
