Cuando se habla de recursos para la salud, el tema decanta habitualmente en la necesidad de aumentarlos. Sin embargo, comparado con otras naciones, Chile no es un país que se encuentre en un bajo nivel de gasto. De hecho, en proporción al producto per cápita, se ha superado en pocos años la media de la OCDE, siendo una de las naciones donde más ha aumentado el aporte financiero. Es correcto decir, sin embargo, que una parte de ese gasto no proviene de impuestos generales o cotizaciones, sino directamente del bolsillo de las personas al recibir un servicio o comprar un fármaco, gasto este que sigue siendo el más relevante y menos protegido por la seguridad social.
Una atención menos significativa recibe la eficiencia de ese gasto. ¿Cuánto de todo el dinero puesto en el sector salud realmente está justificado, o produce beneficios comprobados en la salud de las personas? Información internacional sugiere que ese derroche podría alcanzar al 30% de la cuenta. Es decir, de cada $100.000 gastados en salud, $30.000 no producen ningún beneficio, y en algunos casos, es probable que más bien se produzca daño.
¿Cuántos medicamentos no sustituidos por bioequivalentes, cuántas cirugías que no eran necesarias, cuántos exámenes inútilmente repetidos, cuánto exceso de prescripción, cuántas hospitalizaciones evitables? Es por ello por lo que se debe decir con propiedad que el déficit más relevante en el ejercicio de la medicina es de gestión. Se requiere aumentar y perfeccionar la cantidad de profesionales, sean de la salud o no, formados adecuadamente en administración sanitaria. Y hay que reconocerlo, el sistema de Alta Dirección Pública no está sirviendo adecuadamente a este propósito, lo que se traduce en que los altos directivos de este sector público no han sido evaluados en propiedad de acuerdo con las normas del Servicio Civil. Para ser precisos, en forma progresiva, esta iniciativa tan relevante para Chile, el que quienes administran salud sean personas calificadas, se ha desmantelado.
También en el sector privado ha sido una costumbre que médicos clínicos, sin formación en administración, habitualmente prestigiados y activos, asuman labores de alta administración, sin contar con las herramientas adecuadas, lo que se traduce en una doble pérdida. Un recurso calificado para realizar atenciones deja de darlas y el tiempo de autoaprendizaje se traduce en caída de la productividad y errores evitables.
Como todo apunta a que progresivamente una porción creciente las necesidades de salud de la población serán financiadas por un ente público, y entregadas también por servicios estatales, se hace imprescindible retomar con fuerza las reformas que apuntan a un cambio radical en la gestión de los servicios de salud, municipios, consultorios, centros de referencia y hospitales, evitando la captura política y una ética que sea capaz de dar cuenta de los resultados ante el país. Por ahora, de esto no se (quiere) habla(r). (La Tercera)
Jaime Mañalich
