Democracia Viva emitió una declaración este lunes en la que afirman que ya se encuentra en manos del Estado el 75% de los fondos no utilizados en los tres convenios que firmaron con Ministerio de Vivienda en Antofagasta para la ejecución de proyectos en campamentos de la región nortina.
“Le hemos solicitado al tribunal que acepte la devolución al fisco de los $295 millones que están en sus manos. Como es de público conocimiento, respecto del monto restante, que hemos gastado en los objetivos del convenio, hemos solicitado una corrección de las liquidaciones efectuadas por Minvu para que estas se apeguen a las consideraciones legales y técnicas correctas y poder poner fin adecuado y definitivo a los convenios celebrados”, señalaron.
Esto, ante el vencimiento del plazo de 30 días para la devolución de los fondos en el marco de la resolución de la Seremi del Minvu de Antofagasta que puso término a los convenios y dispuso la liquidación de los contratos.
Consultado a respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, aseguró desde San Antonio -donde inauguró una nueva oficina del Registro Civil-que si la ONG pretende no devolver los dineros que están objetando “las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras”.
“El plazo recuerden que se contabiliza desde el momento de la notificación. Hay dos aspectos que son relevantes ahí que es necesario considerar. El 14 de julio, el día siguiente que se dicta la resolución, la Seremi de Vivienda requirió al Consejo de Defensa del Estado, en una gestión reservada, la solicitud de una medida prejudicial precautoria, con el propósito de que los fondos que estaban en las cuentas corrientes de Democracia Viva, tuvieran prohibición de celebrar actos de contrato y en consecuencia también fueran reintegrados”, expuso el ministro.
“Esa resolución fue favorable al Fisco, representado por el Consejo. Esa medida se decretó y los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del tribunal. Anticipando que esto podía suceder, se requirió esa medida, el Consejo de Defensa del Estado en los próximos días interpondrá la acción civil respectiva. Si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, que son los que ellos están objetando, las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras, así que, en eso, el resguardo, como ha dicho el ministro (de Vivienda, Carlos) Montes, del último peso transferido será, si no lo hacen convenientemente, bueno con las acciones civiles y penales que correspondan”, agregó el titular de Justicia.
El ministro dijo que en las investigaciones “se han detectado irregularidades por parte de un grupo de personas que se han aprovechado de cierto marco de vulnerabilidad normativa” en el sistema institucional, pero enfatizó que “la gran mayoría de las fundaciones que reciben fondos públicos cumplen los objetivo para los cuales esas transferencias son realizadas”.
La institución ligada a militantes RD firmó tres convenios con el Ministerio de Vivienda por un monto total de $426 millones.
Democracia Viva había interpuesto un recurso de reposición con el objeto de evitar devolver al Minvu $391.768.516 de pesos, correspondiente al 92% de los recursos entregados a fines de 2022 que no habrían sido rendidos por la fundación. “A la fecha de la liquidación, los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación, alcanzan, justamente, un 8% del total”, explicaron desde el Minvu para hacer ese cálculo.
Así, hay una diferencia de 96 millones, entre el monto que el Minvu solicitó restituir y la cifra que Democracia Viva tenía en sus cuentas y solicitó que se entregara a su contraparte.
Acusando “ilegalidad y arbitrariedad” del acto que puso término unilateral a los contratos con la repartición estatal, Democracia Viva presentó la semana pasada un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta apuntando a “poner correcto término” a los convenios. (La Tercera)
