Aplicar estas exigencias en incertidumbre regulatoria expone a las empresas a requerimientos de difícil cumplimiento y favorece la competencia desleal y una aplicación desigual.
Por otro lado, la heterogeneidad de capacidades municipales para fiscalizar agrava el cuadro: sin protocolos nacionales la implementación quedará fragmentada y con criterios dispares entre comunas.
Por estas razones, urge dictar el reglamento, ajustar el calendario de entrada en vigencia y, en paralelo, aprobar la modificación del artículo 3°, que hoy impide materiales reciclables o compostables coherentes con la economía circular y en los que muchas empresas ya invirtieron. El proyecto de ley que aborda esta situación será votado el martes en la Cámara de Diputados y, de rechazarse, no podrá legislarse en un año, con plazos ya agotados.
Una transición justa exige reglas claras: ambiciosas en lo ambiental, sin retrocesos, pero viables en lo económico y operativo para generar los cambios culturales requeridos. (El Mercurio Cartas)
María Teresa Vial
Presidenta Cámara de Comercio de Santiago
