La Policía Federal detuvo este martes a un asesor del presidente de Brasil, Michel Temer, y dos ex gobernadores de Brasilia por supuesto fraude y desvío de dinero en las reformas del estadio de fútbol Mané Garrincha para la Copa del Mundo de 2014.
Los ex gobernadores de Brasilia José Roberto Arruda y Agnelo Queiroz, así como el actual asesor presidencial Tadeu Filippelli, que fue vicegobernador del distrito federal, formarían parte de una trama que sobrefacturó las obras del estadio, según sostiene la Policía brasileña.
Filippelli fue vicegobernador durante el mandato de Queiroz (2011-2015) y se convirtió en asesor especial del gabinete personal de Temer en septiembre de 2016, días después de que asumiera el cargo de presidente tras la destitución de Dilma Rousseff por supuestas irregularidades fiscales.
Las obras estaban presupuestadas inicialmente en cerca de 600 millones de reales (unos 180 millones de dólares), pero finalmente tuvieron un coste de más de 1.500 millones de reales (unos 454 millones de dólares), de acuerdo con las investigaciones.
«La hipótesis investigada por la Policía Federal es que agentes públicos, con la intermediación de operadores, hayan simulado procedimientos previstos en el pliego de licitación», agregó la información.
La renovación del Mané Garrincha fue financiada por Terracap, una compañía pública de Brasilia, que el 49 % de la participación total le pertenece al Gobierno Federal y se encuentra prácticamente en «estado inminente de insolvencia», según la Policía.
Terracap financió las obras del estadio, que fue el más caro de toda la cita mundialista, sin que ese tipo de operación financiera estuviera dentro de sus actividades principales y sin realizar antes un estudio de viabilidad económica.
Además de los tres detenidos mencionados, cerca de 80 agentes cumplen otras siete órdenes de prisión temporal, además de 15 de allanamiento y registro y otras tres órdenes de declaración de «conducción coercitiva», es decir, llevan a la persona obligatoriamente a declarar.
La operación se basó en las informaciones que ofrecieron, en un acuerdo de colaboración judicial, directivos de la constructora Andrade Gutierrez, implicada en la gigantesca trama corrupta destapada en el seno de la estatal Petrobras e investigada desde hace más de tres años por las autoridades.
El caso del Mané Garrincha no es el único bajo sospecha porque, según admitieron ante la Justicia exdirectivos del grupo Odebrecht, otros cinco de los doce estadios de fútbol que fueron construidos o reformados en Brasil para el Mundial de 2014 tuvieron sobrecostes intencionados provocados por las propias constructoras para desviar dinero.
LA MALETA
Una maleta que estaba supuestamente perdida y que fue devuelta hoy a la Policía brasileña por uno de los hombres de confianza del presidente Michel Temer puede ser una pieza clave en el escándalo de corrupción que sacude Brasil y que amenaza la estabilidad del Gobierno.
La trama se remonta al pasado 28 de abril, cuando el diputado brasileño Rodrigo Roucha Loures entró en un aparcamiento el pasado 28 de abril, cogió una maleta y subió corriendo en el taxi que le esperaba a las puertas de una pizzería en Sao Paulo.
La escena, grabada por la policía, no saldría de la normalidad si no fuera por el hecho de que la maleta estaba cargada con 500.000 reales (unos 152.000 dólares) «sucios», los cuales fueron entregados por un directivo de la empresa cárnica JBS.
Los dueños de la multinacional airearon ante la justicia las entrañas de un gigantesco escándalo de corrupción que salpica directamente a Temer, aferrado al poder en medio de las presiones de la oposición para que renuncie.
Según dijo ante las autoridades Joesley Batista, uno de los propietarios de JBS, Rodrigo Roucha Loures fue indicado por el presidente Michel Temer para tratar los asuntos de la compañía, que ha reconocido el pago de sobornos a centenas de políticos.
Cuando el escándalo de corrupción saltó por los aires la pasada semana, el diputado, ahora suspendido de sus funciones, se encontraba fuera de Brasil y a su vuelta afirmó a la policía que no sabía que la maleta estaba repleta de dinero.
Tampoco reveló el destino de la valija, que pasó una semana en paradero desconocido hasta este martes, cuando la defensa de Roucha Loures la entregó en la sede de la Policía Federal en Sao Paulo.
El diputado, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y que fue asesor de Temer, dijo a algunos de sus aliados que se aproximó a los dueños de JBS por un interés comercial -ya que es empresario del sector de alimentos- y exculpó al presidente brasileño de su participación.
No obstante, en una polémica grabación realizada por Joesley Batista, Temer le da el aval para buscar a Roucha Loures y resolver una supuesta pendencia que el Gobierno tenía con el controlador de JBS, J&F.
«¿Puedo hablar de todo con él?», cuestiona Batista en el diálogo. A lo que Temer responde: «todo».
La grabación, realizada en la residencia oficial del mandatario el pasado marzo -un mes antes de la entrega del dinero-, ha sido cuestionada por el propio Temer, quien ha afirmado que es «fraudulenta» y fue «manipulada».
Acorralado por las acusaciones de JBS, el entorno del jefe de Estado teme ahora una posible delación de Roucha Loures, cuya mujer se encuentra embarazada de 8 meses, aunque el diputado suspendido ha descartado por el momento dicha posibilidad.
COLEGIO DE ABOGADOS
El presidente Michel Temer perdió «su legitimidad» para continuar en el cargo, según el titular de Colegio de Abogados de Brasil, Claudio Lamachia, quien defendió, en una entrevista con Efe, la designación de un eventual sustituto del mandatario mediante una elección indirecta del Parlamento.
«Estamos delante de una situación en la que el presidente de la República (Michel Temer) perdió su condición y su legitimidad para continuar en la Presidencia», manifestó Lamachia.
La Orden (colegio) de los Abogados de Brasil (OAB) anunció que protocolizará esta semana en la Cámara de Diputados un pedido para abrir un proceso destituyente contra Temer, señalado directamente por el escándalo generado por los testimonios ante la Justicia de directivos de la cárnica JBS.
«Por todo esto que fue divulgado y por encima de todo por la propia manifestación del presidente de la República (Michel Temer), está claro que no tiene más condiciones políticas para permanecer en el cargo», aseveró Lamachia.
Los testimonios de los directivos de JBS derivaron en la apertura de investigación contra Temer en la Corte Suprema a solicitud de la Fiscalía, que apreció que el presidente pudo haber participado de delitos de corrupción, obstrucción a la Justicia y organización criminal.
El pedido de «impeachment» de la OAB, que se unirá a la otra decena que han presentado varios partidos políticos contra Temer, sostiene que el mandatario cometió un «crimen de responsabilidad» y fue aprobado el domingo tras más de siete horas de deliberación.
«Nos basamos por encima de todo en las propias declaraciones del presidente de la República que no niega parte del contenido de los audios, lo que nos impone la conclusión de que estamos delante de un crimen de responsabilidad», declaró a Efe Lamachia.
El letrado hace referencia a una grabación realizada en marzo pasado por uno de los dueños de JBS en la que explica a Temer que busca «favores» para la empresa en ministerios, recibe información sobre investigaciones o soborna al exjefe de los diputados Eduardo Cunha, preso por corrupción, para comprar su silencio.
En esa grabación, el mandatario asiente o escucha en silencio, lo que para Lamachia es «la sorpresa más grande» pues no existe una mínima señal por parte de Temer «para acabar con ese diálogo nada republicano».
«Es una crisis grave, sin ninguna duda», afirmó el abogado que, en caso de una hipotética salida de Temer, defendió la celebración de elecciones indirectas en el Parlamento, tal como marca la Constitución.
No obstante, agregó, el Colegio de Abogados «no se abstendrá a debatir» si se plantea una enmienda constitucional para convocar elecciones generales.
«La OAB no se abstendrá a debatir un eventual apoyo a la PEC (enmienda constitucional) que pretende cambiar el sistema electoral creando elecciones directas en el caso de que el cargo esté vacante hasta seis meses antes del final del mandato», que concluye el 1 de enero de 2019, apuntó.
En su opinión, «Brasil necesita inmediatamente de una reforma política» y «cambiar» un sistema «contaminado por una relación promiscua de muchos políticos con algunas empresas».
La institución también presentó un pedido de «impeachment» contra Dilma Rousseff, apartada definitivamente de la Presidencia en agosto pasado por supuestas irregularidades fiscales, lo que aupó a Temer, entonces vicepresidente, al poder.
«En 86 años la OAB apenas había pedido solo uno, pero ahora fuimos conducidos a pedir el ‘impeachment’ de dos presidentes en menos de un año y medio, esto no agrada a nadie», admitió Lamachia.
A su juicio, Brasil necesita «un verdadero pacto de la nación» que sea efectivo para «unir a toda la sociedad».
«Brasil necesita superar inmediatamente esta crisis de ahí la idea de tener una solución rápida con respecto al presidente de la República, para que se pueda volver a tener una normalidad en la agenda económica. Si no tenemos estabilidad política nuevamente, la economía seguramente lo sentirá», concluyó Lamachia. (El Mostrador EFE)
