Ayer en la mañana, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de discutir la reapertura de la investigación en el Caso Penta, fijando para el próximo martes 4 de abril la audiencia en que se debatirá dicho procedimiento.
La solicitud había sido presentada la semana pasada por la abogada Catherine Lathrop, quien representa al fallecido ex ejectutivo de Penta Hugo Bravo y al ex ministro Laurence Golborne.
La presentación, en todo caso, había sido hecha para solicitar acciones relacionadas con empresas y firmas que eran propiedad de Bravo.
En dicho marco, multas del 300% de los impuestos eludidos y penas de cárcel arriesgan los dueños de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, en el juicio oral de la investigación por delitos tributarios, cohecho, entre otros, relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas.
La misma pena de 10 años pidió el Ministerio Público para ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
Ayer, a última hora de la tarde, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron la acusación contra los imputados en el caso ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
La demora se debió a que estaban a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional (TC), el que finalmente desechó (4-1) el requerimiento del ex presidenciable de la UDI, Laurence Golborne, formalizado por facilitación de facturas falsas, que mantenía suspendido el procedimiento en su contra y permitió su inclusión en el escrito.
«El Ministerio Público no ha formalizado a Laurence Golborne por el precepto legal que aquí se viene a impugnar (art. 64 de la Ley de Donaciones), la acusación que formule en su momento el Ministerio Público tampoco se va a fundar en dicha norma», afirmó el director de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional, Pablo Campos, quien alegó ante el TC.
Para el ex ministro de Minería, los investigadores también solicitaron multas y una pena de cuatro años.
Hace poco días la defensa de los dueños de Penta ( ver nota relacionada ) había solicitado una certificación al tribunal de garantía, donde se tramita la causa, invocando una norma de la Ley Orgánica del TC, que regula la presentación de acciones de inaplicabilidad en esa sede, la misma que pidió Golborne como gestión previa antes de recurrir a esa magistratura.
Poco antes de las 20:00 horas, el fiscal Norambuena confirmó la presentación de la acusación, donde se incluye un listado de «36 personas naturales más 4 personas jurídicas», con penas que van de 541 días a los 10 años, por delitos tributarios, de cohecho y lavado de dinero, dependiendo el caso. Del total de acusados, siete son políticos.
Agregó que «la acusación contempla pruebas testimoniales, importante evidencia documental, también evidencia material y peritos que establecen fundamentalmente los perjuicios que han ocurrido».
BOFILL: PENAS DESPROPORCIONADAS
Diversas reacciones generó ayer el contenido de la acusación. En su mayoría, de rechazo a las penas solicitadas por el Ministerio Público. Las principales críticas apuntaron a la cuantía de las solicitudes. Jorge Bofill, quien representa al ex gerente Manuel Tocornal y otros ejecutivos, aseguró que “la pena es completamente desproporcionada en base a las imputaciones, pero la Fiscalía nos tiene acostumbrados a actuar de esta manera”, criticó.
Junto con esto, calificó el caso como “irreal” y que durante dos años de investigación, “da la impresión de que no se hizo nada pues las imputaciones no han cambiado para nada”.
En esa línea sostuvo que los fiscales “quedaron atados de manos, no miraron con objetividad el mérito de la investigación y terminaron acusando sin ningún sentido a todas las personas respecto de las cuáles tuvieron sospechas iniciales”.
El abogado Rodrigo de la Barra, defensor de Marcos Castro, sostuvo: “con esto se abre una etapa en que más que hablar de penas podremos presenciar directamente los antecedentes y valorar la real dimensión del caso más allá de la pretención de fiscales”.
Aunque no descartaron que igual puedan llegar acuerdos en los próximos meses.
EL JUICIO ORAL MÁS LARGO DE LA HISTORIA
Si no hay imprevistos, a fines de este año podría desarrollarse el juicio oral por la investigación que reveló la irregular relación entre empresas y el financiamiento de actividades políticas, denominado caso Penta. Ayer, antes de las 20 horas y a través de un correo electrónico, los fiscales de Alta Complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena ingresaron el escrito de acusación del caso ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
Este hito es el puntapié inicial para la etapa de preparación del juicio oral, sin embargo, una petición de la defensa del fallecido ex gerente general de Penta Hugo Bravo amenaza esta expectativa del Ministerio Público. El tribunal agendó ya para el 4 de abril una audiencia en que varios abogados de los acusados pedirán la reapertura del caso para que la fiscalía desarrolle diligencias a su favor con miras al juicio oral.
De todas formas, Gajardo y Norambuena -y la jefa regional (S) Lorena Parra- detallan en un documento de más de 628 páginas que tras un periodo de investigación de dos años -desde las primeras formalizaciones- se convencieron de la autoría de 35 personas, y cuatro empresas, en los delitos indagados que van desde distintas infracciones tributarias, hasta cohecho y lavado de activos.
Ayer, a las 23.59 horas se cumplía el plazo legal que tenía el Ministerio Público para acusar y así lo hicieron. El extenso documento describe 34 grupos de hechos delictuales, que incluyen la confección de forwards y acusación contra la personalidad jurídica del holding de Penta, además del entramado de peticiones de dinero de los políticos vinculados al caso.
Las penas más altas que solicita el Ministerio Público están radicadas en los controladores del grupo, el histórico militante UDI Carlos Alberto Délano y su socio Carlos Eugenio Lavín (ver infografía abajo). Para ellos se pide una condena de cárcel efectiva de 10 años, por delitos tributarios y el supuesto soborno al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. Para la ex autoridad, los investigadores pidieron igual pena, un total de 10 años en prisión. Y así describen la relación de este último con los dueños de Penta: “Délano y Lavín se beneficiaban al contar con un alto funcionario de gobierno que estaba siendo remunerado directamente por ellos, lo que les permitía gozar de una posición privilegiada en todos los temas que fueran del ámbito de la competencia del imputado Wagner”.
La acusación apunta a que en su calidad de subsecretario realizó actos propios de su cargo intentando beneficiar a los dueños de Penta. Uno de ellos -sostiene el escrito- fue recibir y aconsejar al yerno de Délano, antes de una presentación al ministro de Minería por el proyecto minera Dominga, estar atento a los avances del proyecto. Otros tienen que ver con advertir información desde el gobierno por una problemática que se daría en el Tribunal Constitucional en el tema de isapres, “a sabiendas de que Lavín se encontraba ligado a Banmédica” e intervenir a favor de “su amigo Carlos Eugenio Lavín para que fuera considerado en el cargo de director de Codelco. Esto último, señala la acusación, “no se produjo, pese a sus gestiones”, y la fiscalía cita un correo de Wagner al dueño de Penta: “Hice de verdad todo lo que pude”.
Ellos, además del ex gerente Manuel Antonio Tocornal y el contador de Penta Marcos Castro son parte de los nueve acusados contra quienes los fiscales piden penas efectivas de cárcel. El resto con expectativas de penas menores a cinco años, de ser condenados podrían acceder a beneficios.
El caso Penta dio origen a la causa SQM y atrajo la atención por los políticos que aparecieron solicitando dinero para campañas. Uno de ellos fue el fundador de la UDI, Jovino Novoa, el único condenado del caso, quien decidió aceptar un procedimiento abreviado a fines del 2015 para desligarse de la causa penal y reconocer estos hechos.
En la página 100 de la acusación, los fiscales relatan esta relación entre los políticos indagados en este caso y los controladores de Penta. Los primeros mencionados son el senador Iván Moreira y el diputado Felipe de Mussy. Contra ambos la fiscalía pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago su desafuero para acusarlos y solicitar medidas cautelares en su contra.
Iván Moreira facilitó a empresas Penta S.A., sostiene el escrito, nueve boletas de honorarios ideológicamente falsas, por $ 38.888.890 de servicios inexistentes. Dichos documentos tributarios y sus montos “habían sido previamente acordados entre el imputado Moreira y los imputados Délano, Lavín y Bravo, con el fin de financiarla campaña electoral del primero”.
De imputados, otros políticos que pasaron ayer también a tener calidad de acusados son el ex ministro de Minería Laurence Golborne (ver página 4), el ex RN Alberto Cardemil, el ex senador UDI Carlos Bombal y el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett.
Con todo, aún es posible que ante una eventual reapertura del caso o incluso en etapa de preparación de juicio oral los ahora acusados puedan optar a un procedimiento abreviado, en que tras reconocer los hechos indagados optarían a penas menores de cinco años (en libertad) y a evitar un juicio oral que se prevé será el más extenso del actual sistema. (El Mercurio-La Tercera)
