A una semana de que se cumpla el plazo máximo para la investigación, el escenario que enfrentan algunos de los principales imputados del caso Penta (ver infografía, no considera atenuantes ni agravantes), donde se indaga el financiamiento irregular del holding y otras empresas a campañas políticas, está más o menos definido.
La propia Fiscalía de Alta Complejidad Oriente ha afirmado que no tiene problemas para ir a juicio oral. Y lo mismo ha dicho la defensa de los dueños del grupo económico, Carlos Délano y Carlos Lavín.
«Estamos trabajando intensamente previo al cierre de la investigación programado para el 4 de marzo, con el objetivo de afinar la acusación que se va a presentar», declaró a «El Mercurio» el fiscal Carlos Gajardo, quien ahora, además, dirige la indagatoria contra isapre Masvida.
Pero después de presentada la acusación e incluso iniciado el juicio, nada está cerrado ciento por ciento, porque la posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado -como lo ha hecho ya Jovino Novoa y el ex funcionario de Impuestos Internos Iván Álvarez- continúa abierta.
Esa salida significa una pena máxima de cinco años y muy probablemente su cumplimiento en libertad; sin embargo, impone una exigencia: que el imputado reconozca responsabilidad en los hechos investigados.
Délano y Lavín están formalizados por los delitos de soborno y tributarios, relativos a la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas o incompletas.
Su defensa, a cargo de Julián López, desde 2015 reitera que está preparando «el juicio oral (de Délano y Lavín)».
DEL FUT a PENTA
Quien ya optó por este procedimiento es el ex gerente general de Penta Hugo Bravo, quien hoy enfrenta cargos por soborno, lavado de dinero y delitos tributarios.
Su nombre está en el origen del caso. Penta surgió del llamado fraude al FUT y, en esa indagatoria, el 4 de julio de 2014 el martillero público Jorge Valdivia mencionó al holding . Murió 24 días después, pero sus dichos apuntaban a Bravo.
En adelante, parte importante de las declaraciones del ex ejecutivo abrieron distintas líneas de investigación. Una de ellas y la que provocó mayor impacto, el financiamiento de campañas.
La abogada Catherine Lathrop, quien lo representa, comentó que «esta investigación respecto de Hugo Bravo se encuentra agotada y, sin duda, durante el curso de la misma él ha colaborado sustancialmente, lo que ha permitido que con el Ministerio Público, junto a otras circunstancias, se logre un acuerdo que permita arribar a un procedimiento abreviado». Solo resta que el tribunal, donde se tramita la causa, vise el acuerdo en la audiencia que está programada para este martes.
CORREOS, LA PISTA POLÍTICA
Correos electrónicos incautados a Bravo dieron las primeras pistas de los aportes a políticos. El propio fiscal Gajardo así lo ha dicho a este diario, advirtiendo que «en ellos (sus e-mails ) apareció una serie de antecedentes que daban cuenta de otros delitos tributarios, algunos de ellos relacionados con el financiamiento a campañas».
Una de estas comunicaciones, por ejemplo, es la de Bravo con el senador (UDI) Iván Moreira, de septiembre de 2013. En esta se lee: «Para los 1.000 metros finales, queda algún cupón de combustible? Avísame. Un abrazo y mi gratitud para toda mi vida». Bravo, en esa misma época, visó pagos por $10 millones, teniendo como respaldo dos boletas de honorarios de $5 millones cada una emitidas por el chofer del parlamentario, Rodrigo Molina, y la secretaria de la UDI, Verónica Nieto.
Cuando fue formalizado, a mediados de 2015, al senador se le imputó la facilitación a Penta de estas y otras boletas ideológicamente falsas -o por servicios no prestados-, cuyo real objetivo habría sido disfrazar aportes políticos fuera de la ley.
Además de Moreira, entre los políticos imputados en el caso está el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI) y el ex representante legal de Bancorp (empresa ligada con el ex Presidente Sebastián Piñera) Santiago Valdés, quien fuera, además, el administrador electoral del ex Mandatario.
Cristóbal Bonacic, quien representa a Zalaquett, recordó que, «sin perjuicio que el plazo de dos años está por expirar, lo cierto es que las defensas pueden solicitar la reapertura para la realización de diligencias que aún están pendientes, de suerte que no necesariamente estamos cercanos a un eventual juicio oral». Sobre su defendido en particular y la posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado, el abogado planteó que «aún están abiertos todos los tipos de términos que contempla la ley».
CONVERSACIONES DEL VERANO PASADO
Hace un año, el verano pasado, trascendió que hubo acercamientos entre la fiscalía, los dueños de Penta y algunos políticos investigados, con miras a eventuales procedimientos abreviados. Pero las negociaciones no prosperaron. Ya entonces el fiscal regional oriente, Manuel Guerra, imponía una condición para este tipo de salida: «Sin colaboración sustancial no propondremos procedimiento abreviado a ninguno de los imputados».
Doce meses atrás esa podía ser la situación de Délano y Lavín, de los ex gerentes del grupo, Bravo y Manuel Tocornal, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. Esta aún podría reactivarse.
El Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa, estaría por ir a juicio oral en los casos de soborno. (El Mercurio)
