Confieso que me sentí orgullosa ante la decidida respuesta de la DC frente al atropello que sufrieron por parte de Cuba Mariana Aylwin, el expresidente mexicano Felipe Calderón, y el Secretario General de la OEA. Las explicaciones del gobierno de ese país resultan ridículas: se ve que para ellos cualquier manifestación de diversidad ideológica constituye una provocación. Por algo, en esos mismos días, la policía política confiscó varios libros (¡en alemán!) que exponía una editorial de ese país en la Feria del Libro de La Habana.
Probablemente esas obras formaban parte de la misma peligrosa conspiración cuya desarticulación exigió negar la entrada a Cuba de nuestra exministra de Educación. Nada de esto me llama la atención, pero no debemos acostumbrarnos a la presencia de la más antigua dictadura latinoamericana y sus prácticas antidemocráticas. Por eso la DC hace bien en alzar con fuerza su voz, ya que la defensa de los derechos humanos representa una línea vertebral de su acción política.
La preocupación por los derechos humanos constituye un escenario muy adecuado para situar la próxima Junta Nacional de la DC, donde inevitablemente estará presente el tema del aborto. Algunos le han dado su apoyo al proyecto del gobierno aduciendo que no se trata de legalizar esa práctica, sino simplemente de despenalizarla en tres supuestos excepcionales.
La lectura atenta del proyecto muestra, por el contrario, que no es una simple despenalización, sino una típica ley de aborto por causales, que se aplica no solo a la mujer que se hace un aborto, sino que deja impunes a todos los que lo realizaron. A diferencia de los casos de despenalización, esas intervenciones estarán cubiertas por el financiamiento público, y se obligará a las instituciones de salud a realizar abortos. Si sus médicos oponen objeción de conciencia, se les exigirá remitir a la mujer a otra institución donde sí se practiquen.
Todas estas características, y otras que se constatan con la simple lectura atenta del proyecto, muestran que aquí estamos en presencia de una ley de aborto, que le entrega a la mujer el derecho a exigirlo cuando se cumplen las condiciones que indica: peligro de vida, inviabilidad del feto o violación. Es decir, se trata de un aborto por tres causales, como los que existen en otras legislaciones extranjeras. Cuando corre peligro la vida de la madre, hoy se permite hacer los tratamientos a la madre, y si como consecuencia de ello lamentablemente se produce la muerte de feto, no es aborto.
Los partidarios del proyecto señalan que quienes nos oponemos a él pretendemos encarcelar a las mujeres que, en una situación muchas veces desesperada, recurren al aborto. Eso no es exacto: existen muchas sanciones distintas de la cárcel que se pueden utilizar en esos casos, pero solo respecto de la mujer y no de quienes se benefician de la industria del aborto.
Quienes nos oponemos al aborto simplemente pedimos que la legislación respete el primero de los derechos humanos. Y un pronunciamiento de la Junta Nacional de la DC al respecto mostraría que esos derechos no solo nos interesan cuando son violados por alguna dictadura. (La Tercera)
Soledad Alvear
