Suelo leer con interés y generalmente estoy de acuerdo con las columnas del rector Carlos Peña en El Mercurio dominical. La del domingo 15 de enero es una excepción. El rector argumenta que sí existe estado de derecho en La Araucanía y critica a los líderes empresariales que publicaron un inserto reciente afirmando que el estado de derecho está seriamente quebrantado en esa región. En esa columna contraataca argumentando que la justicia funciona más lentamente que lo que los firmantes desearían y que una justicia rápida resulta no ser justicia sino arbitrariedad. A mi juicio, él está distorsionando la lentitud natural en el ejercicio de la justicia para sustentar su posición.
En La Araucanía, los delitos cometidos han permanecido impunes por mucho tiempo y ellos se repiten en forma cotidiana sin que la policía y los tribunales funcionen para disuadirlos a través de acciones que, por lentas, sean efectivas. Presenciamos casi a diario la quema de casas, con moradores adentro, de iglesias, de tractores, camiones y otros equipos. ¿Cuántos imputados hay? No lo sé a ciencia cierta, pero los medios no reportan a muchos.
Segundo, el estado de derecho implica necesariamente una internalización de las normas de conducta de la sociedad por parte de todos sus miembros, de tal manera que su violación constituya un acto fuera de los parámetros de la acción ordinaria de las personas. Cuando su violación ocurre a diario, ¿podemos decir que esas normas están internalizadas por todos en La Araucanía? Al menos no por los grupos de violentistas que buscan reivindicar su causa. No estoy juzgando la causa sino los medios que utilizan para lograr sus objetivos. A éstos los puedo comparar con los propiciados por otros insignes defensores de los derechos humanos (Gandhi, Martin Luther King), quienes hicieron suyas las normas de cualquier sociedad civilizada e incluso pagaron con sus vidas por defenderlas.
La relativización de la situación en La Araucanía contribuye al resquebrajamiento del estado de derecho que podemos evidenciar en forma más general en nuestro país. Los ejemplos, menos graves que la situación de La Araucanía, no son difíciles de encontrar. ¿Se castiga adecuadamente a aquellos que rutinariamente provocan destrozos a la propiedad privada o pública durante las marchas estudiantiles? ¿Se les exige restitución para los pequeños comerciantes que pierden los ahorros de toda una vida, o reparaciones por la propiedad pública dañada? Otro hecho cotidiano que termina costándole ingentes recursos al Estado: un tercio de los usuarios del Transantiago no paga el pasaje y nadie los castiga.
Lo que sucede en La Araucanía y en otros ámbitos tendrá un efecto adverso de largo plazo sobre nuestro desarrollo económico. Chile está perdiendo indefectiblemente su mayor activo, cual es que en nuestro país se respeta la ley. Y se castiga a quien la quebranta. (La Tercera)
Manuel Agosín
