Hace ya un tiempo que el populismo y la demagogia se han tomado parte de la agenda legislativa. A la gratuidad universitaria se sumó la tarifa 0 para el Transantiago. La iniciativa impulsada por el diputado Jackson busca dar acceso gratuito a los usuarios de buses y metro, y de manera predecible sumó una mayoría de votos en el Congreso.
Sin duda que uno puede encontrar argumentos a favor y en contra de una política como la señalada, sin embargo, la evidencia empírica es elocuente al respecto. Los principales argumentos en contra de esta iniciativa serían los problemas de eficiencia, equidad y sustentabilidad financiera.
Las necesidades de parte de la ciudadanía no están bien cubiertas por la actual red de transporte público, y de acuerdo a la propuesta de Jackson serían los contribuyentes quienes financiarían el déficit adicional que ya genera el Transantiago. Los modelos de transporte público modernos utilizan los sistemas de cobros a usuarios, en vista de que es la única forma de asignar de manera eficiente los recursos escasos. Adicionalmente, esos recursos tienen un uso alternativo desde el punto de vista social.
Por otro lado, cualquier mejora en la calidad o extensión del Transantiago deberá ser completamente financiada por el presupuesto público y siendo gratuito, no se recuperará parte del costo de un aumento en la tarifa. En este sentido, el costo del servicio aumenta y por consiguiente habrá resistencia a mejorar o incentivar el uso del transporte público.
De la misma manera, en el caso del Metro las tarifas se utilizan para gestionar la demanda. Las tarifas valle permiten que los usuarios con mayor flexibilidad tengan el incentivo a viajar en esos horarios. Esto permite un uso más eficiente de los recursos escasos y se puede anticipar que un servicio gratuito estaría colapsado en los horarios peak.
Si realmente queremos resolver los problemas de evasión y calidad del Transantiago se debería crear una Autoridad de Transporte Público (ATP) y expandir significativamente la red de Metro.
Una ATP implica el desarrollo de una institucionalidad sólida que cuente con las facultades y atribuciones, además de los recursos técnicos y materiales, para asegurar el desarrollo e implementación de una política sustentable de transporte urbano que permita un desarrollo armónico entre los planes de transporte y la planificación urbana, el correcto funcionamiento de los operadores de recorridos, la coherencia y coordinación del diseño y ejecución de las inversiones en infraestructura, la participación de la ciudadanía y una adecuada política tarifaria.
La experiencia internacional ha permitido constatar que la expansión de redes de Metro genera una reducción efectiva en el uso del transporte privado. Adicionalmente, la existencia de una amplia red de Metro permite aumentar la efectividad de políticas regulatorias al uso del automóvil, como la restricción vehicular, ya que los automovilistas habituales ven en el Metro una alternativa real de transporte, no así en los servicios de buses. (La Tercera)
Rodrigo Castro, economista
