Es lo que ha ocurrido con el proyecto de ley de aborto, cuya discusión en general fue aprobada por la Comisión de Salud del Senado hace unos días. Pareciera que los redactores se hubieran propuesto acumular el máximo de eufemismos en un solo título: en vez de «proyecto de ley que crea el derecho a abortar», la iniciativa de la Presidenta fue titulada como «Proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales». Al menos tres eufemismos hay en la breve oración: el proyecto no despenaliza, su objetivo no es permitir la interrupción del embarazo, ni puede ser circunscrito a tres causales.
Despenalizar es dejar sin sanción penal una conducta que, sin embargo, seguirá siendo ilícita. Sucedió, por ejemplo, cuando en 1994 se despenalizó el adulterio. Su eliminación del Código Penal no implicó que la infidelidad matrimonial dejara de ser jurídicamente reprochable, ni menos que los cónyuges pudieran reclamar como derecho la posibilidad de mantener relaciones sexuales con un tercero. En cambio, con el aborto no se trata de eliminar la pena para la mujer y los terceros que se lo practiquen, sino de convertirlo en una prestación de salud a la que toda mujer embarazada debería tener acceso. Esto no es despenalizar, es legalizar y, más aún, institucionalizar el aborto como un derecho.
Más insidioso es que en vez de aborto se hable de «interrupción del embarazo». Esta aséptica expresión pretende encubrir que la conducta real que se autoriza no es simplemente anticipar el parto para que el niño nazca sano. Todo lo contrario. Lo que se intenta es permitir a la madre requerir al personal médico para que, por distintos mecanismos químicos y quirúrgicos, destroce a la criatura en gestación, por aspiración, raspaje u otras acciones letales. Nótese que el proyecto no prohíbe ni siquiera el llamado partial birth abortion , que se realiza a los nueve meses por medio del aplastamiento y succión del cráneo del nonato.
Finalmente, se insiste en que solo se autoriza el aborto en tres causales, pero tampoco esto es efectivo, primero porque los argumentos que se dan para aprobarlo en esos casos (respetar la decisión de la mujer, no intervención del Estado, etc.) son los mismos que fundamentarán luego su liberalización. Además, como varios expertos han hecho ver, el diagnóstico de inviabilidad fetal es incierto, con lo cual muchas veces los médicos preferirán intervenir para evitar que luego se les impute como negligencia no haber informado a la mujer de la patología de que adolecía su hijo. A ello se suman las dificultades para comprobar los casos que caerán en la tercera causal de violación, sobre todo cuando se trata de niñas que han sido abusadas por adultos de su familia. No se puede pretender que un equipo médico tenga las competencias para verificar si se ha cometido o no un delito contra la libertad sexual de la mujer, menos bajo la presión de que si se niegan, después podrán ser demandados.
Las «tres causales», incluida la de peligro para la madre, serán así sobrepasadas por los hechos y esta misma realidad se aducirá más temprano que tarde para reclamar que la ley reconozca formalmente el aborto a libre demanda.
Si queremos una genuina deliberación pública sobre la autonomía de la madre y el derecho a la vida del hijo que está por nacer, deberíamos evitar los eufemismos y decidirnos a llamar a las cosas por su nombre. En ese esfuerzo lo primero debería ser admitir que no hay aquí ni «despenalización» ni «interrupción del embarazo» ni «por tres causales».
