La Comisión Europea ha multado recientemente a la tecnológica estadounidense Apple, quien deberá pagar a Irlanda unos 14 mil 500 millones de dólares más intereses -llegando potencialmente a 19 mil millones de dólares, equivalentes a más de tres reformas tributarias en Chile- acusada de haberse beneficiado entre 2003 y 2014 de rebajas fiscales que distorsionaron gravemente la competencia en el sector. Pero, tanto Irlanda como Apple han anunciado que recurrirán la decisión y esperan ganar el litigio.
¿Por qué un país podría rechazar recibir el equivalente a 100 mil viviendas sociales en ingresos para el Estado?
En la fiera lucha por atraer inversiones que generen actividad económica y nuevos empleos, Irlanda, junto a Chipre o Leichtenstein, tiene tributos a las empresas de solo 12,5 por ciento, menos de la mitad de la media europea; y Bulgaria ofrece un 10 por ciento. Pero, según las pesquisas de Bruselas, esto no fue suficiente para Apple y desde 2003, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil se favoreció de una rebaja mayor, que le permitió pagar solo 1 por ciento en impuestos por sus ganancias de 2003. A mayor abundamiento, la tasa fue reduciéndose hasta el 0,005 por ciento en 2014. En 2015, ya bajo el escrutinio de Bruselas, Apple modificó su estructura, pero ya era tarde.
Así, la Comisión Europea está hoy obligando a la firma dirigida por Tim Cook a devolver a Irlanda dichos 14.500 millones de dólares, más intereses, por impuestos no pagados, luego que concluyera que las ventajas que le entregó Irlanda a Apple para abaratar su factura fiscal, fueron ayudas de Estado “ilegales”, lo que ocasionó la mayor sanción jamás dictada en suelo comunitario.
La Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, dijo que Irlanda “ha reducido artificialmente la factura fiscal de Apple y queremos enviar un mensaje claro: los Estados no pueden dar ventajas fiscales a las empresas, da igual que sean grandes o pequeñas, extranjeras o europeas”. Pero la solución al choque de intereses parece estar aún muy lejos de ver una salida.
En efecto, la Comisión determinó que el tratamiento fiscal irlandés le permitió a Apple evitar el pago de tributos sobre prácticamente la totalidad de los beneficios que obtenía en Europa, Oriente Medio, África e India, lo que significa que otros Estados dejaron de recaudar millones y podrían, en rigor, reclamar su parte de esa torta. La fórmula utilizada fue que casi el 100 por ciento de sus ganancias se canalizaban a través de una oficina central, dentro de Apple Sales International, que no tiene sede en ningún país, ni empleados, ni instalaciones. Sus actividades corresponden a reuniones ocasionales de la junta directiva. La mayoría de los beneficios se distribuían a través de ella, y no de la rama irlandesa, por lo que no tributaban, lo que, según la Comisión, no tiene justificación económica. Pero Apple tiene diferentes divisiones en Irlanda que dan trabajo a unos 140 mil empleados, según la Cámara de Comercio Americana en Irlanda.
En 2011, Apple Sales International registró beneficios por valor de 16 mil millones de euros, pero gracias al acuerdo con Dublín, únicamente 50 millones de euros fueron gravados por el impuesto a las empresas. La operación proporcionó a las arcas fiscales apenas 10 millones de euros por concepto de este tributo, una tasa efectiva del 0,05 por ciento. En 2014, el sistema le permitió que el tributo real fuera de un escuálido 0,005 por ciento.
La investigación develó que las ventajas comenzaron hace un cuarto de siglo -en 1991, Irlanda y Apple firmaron un tax ruling, acuerdo fiscal que estipula cuántos impuestos va a pagar una compañía en un Estado- pero las reglas limitan a la Comisión Europea a exigir a un Estado que recupere el dinero no recaudado solo hasta los diez años anteriores al inicio de las pesquisas, las que comenzaron en 2013.
Si bien el monto de la multa planteada representa casi el doble del beneficio mundial de Apple en el último trimestre y un tercio de todas sus ventas en ese periodo y llevado a iPhones, el importe de la devolución equivaldría a vender 18,5 millones de aparatos a 700 euros cada uno, para la firma, la multa implica poco de su liquidez según sus “Current liabilities” analizadas por ‘Stock Analysis on Net’: a fines de julio pasado, Apple tenía 232 mil millones de dólares en caja, de los cuales unos 214 mil millones de dólares están fuera de EE.UU. Así, la multa a Apple sólo supondría alrededor de 3 meses de utilidades, según un informe de ‘La Vanguardia’.
Como era previsible, el enfrentamiento ha tomado la vía judicial. El ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan afirmó que “no nos queda otra opción que recurrir para defender la integridad de nuestro sistema tributario y fiscal”, haciendo ingresar a Dublín en la paradoja de rechazar una suma que equivale a más del 6 por ciento de su PIB para salvar su reputación institucional.
Y desde la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó la inquietud que el golpe a Apple ha creado en la Administración Obama: “Nos preocupa una decisión unilateral que amenaza los progresos que hemos hecho junto a Europa por un sistema fiscal justo”, mientras el Tesoro norteamericano acusó directamente a la Comisión de “extralimitarse” en sus funciones al investigar a Apple e “intentar convertirse en una autoridad fiscal supranacional”.
Apple, por su parte, ha dicho en un comunicado que “la CE ha puesto en marcha un esfuerzo para volver a escribir la historia de Apple en Europa, ignorar las leyes fiscales de Irlanda y poner de cabeza el sistema tributario internacional. Esto tendrá un efecto profundo y nocivo en la inversión y la creación de empleo en Europa. Apple cumple la ley y pagamos todos los impuestos que debemos en los lugares donde operamos. Vamos a apelar y estamos seguros de que la decisión será anulada”.
Pero no todos protestan contra la comisión. Una organización estadounidense que milita a favor de impuestos equitativos ha expresado su acuerdo, mientras el ex candidato demócrata a la presidencia, Bernie Sanders, señaló en un tuit que “No podemos autorizar a las grandes empresas a utilizar las lagunas de legislación fiscal y paraísos fiscales para acrecentar beneficios indecentes, ya demasiado elevados”.
Bruselas ha respondido rechazando cualquier insinuación de persecución antinorteamericana y ha puesto como ejemplo sus actuaciones contra Starbucks y Fiat-Chrysler, a las que exigió la devolución de entre 20 y 30 millones de euros en impuestos atrasados a Holanda y Luxemburgo respectivamente. En el caso de Starbucks, el brazo ejecutivo de la Unión consideró que Holanda permitió una “ventaja selectiva” a la tienda de café estadounidense por dicho importe, provocando erosión fiscal a través de dos vías: Starbucks abonaba precios inflados a una filial propia con sede en Suiza a la que compraba los granos de café (lo que reducía su base fiscal imponible) y pagaba “unos derechos muy sustanciosos” a otra filial propia con sede en Reino Unido por proporcionarle “la tecnología necesaria para tostar el café”. Pero la Comisión alegó que Starbucks no abonaba esos mismos derechos cuando recurría a otra compañía tostadora, ajena al grupo Starbucks, con lo que se deducía que el pago a su filial era artificial. En el caso de la automovilística italiana, el Ejecutivo comunitario concluyó que las autoridades luxemburguesas “redujeron indebidamente” la carga tributaria a Fiat- Chrysler entre 20 y 30 millones de euros desde 2012 a 2014 porque ofrecía préstamos por debajo de mercado a otras ramas de la firma.
La CE también puso sobre la mesa el caso de las 35 multinacionales -la mayoría europeas- a las que en enero pasado ordenó devolver 700 millones de euros al fisco belga después que ese país empleara, durante una década, prácticas similares a las de paraísos fiscales. El año pasado, documentos confidenciales, conocidos como LuxLeak, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), denunciaron acuerdos secretos entre Luxemburgo y 340 multinacionales desde el 2002 al 2010, en los que la erosión de las bases tributarias casi no tenía límites.
Pero estos convenios entre empresas y autoridades fiscales son frecuentes en casi todos los países miembros de la Unión Europea. Los acuerdos de Holanda, Irlanda o Luxemburgo en los casos de Apple, Starbucks, Facebook o Google son solo los más destacados.
Los “tax ruling” se realizan entre Estado y contribuyente, y apuntan a una fuerte disminución de la carga tributaria, amparados en el uso de instrumentos y entidades híbridas o acuerdos sobre precios de transferencia, lo que permite a las compañías trasladar flujos entre sus filiales en diferentes países, en función de ventajas fiscales que dichas naciones ofrecen.
La práctica es legal, dado que está recogida en la legislación del país y puede quedar justificada por la falta de armonización fiscal en la Unión Europea. Sin embargo, la CE concluyó, tras tres años de investigación, que “Irlanda concedió ayudas ilegales a Apple, lo que permitió a la firma pagar sustancialmente menos impuestos que otras empresas durante muchos años”, poniendo el punto en el área de la competencia. Y tras la multa, tal como prometió el año pasado la Dirección General de Fiscalidad (Taxud) de la CE se han puesto en marcha mecanismos para detectar y multar a aquellas firmas que realizan prácticas que ganen competitividad mediante ventajas tributarias respecto del resto de los rivales del sector.
Queda ahora que la CE establezca medidas en el ámbito internacional. Como se sabe, la OCDE tras la crisis de 2008, ha priorizado el proyecto ‘Base erosion profit shifting’ (BEPS) que intenta cambiar normativas que permiten a las multinacionales localizar artificialmente los beneficios del país de origen en otro con más conveniente tributación. Taxud ha analizado los tax rulings de varios países y ha considerado que pueden entenderse como contrarias al Código de conducta firmado entre los países miembros y la Comisión Europea en 1998. Taxud tiene una directiva que obliga al intercambio de información automática cuando un país miembro otorgue un tax ruling y con ello afecte la fiscalidad de otro, conocido como cross-border tax rulings, una fórmula de control contra acuerdos que pudieran ser considerados agresivos por su objetivo de evasión.
Bruselas ha advertido que estas decisiones de política “también significan que las compañías no podrán beneficiarse más de las ventajas en el trato fiscal concedido por estos tax rulings”, aunque reconoce que, en varios casos, la penalización resulta poco disuasoria para Gobiernos que ofrecieron estos esquemas a las compañías.
De otro lado, los tratados europeos impiden sancionar a los Estados por utilizar marcos fiscales indebidos. La multa solo es posible si el país afectado no logra recaudar el dinero que le reclama Bruselas. También, si el Gobierno recurre de la decisión y esta acaba en el Tribunal Europeo de Justicia, entidad que sí puede imponer una sanción al país, que es quien termina pagando por las prácticas abusivas de las empresas.
Si Apple devolviera a Irlanda los 14.500 millones de dólares de la multa impuesta por, Dublín podría cubrir su presupuesto sanitario completo de este año, reducir su abultada deuda o repartir 2 mil 800 euros por habitante. Pero su gobierno se muestra contrario a la decisión de la CE. El ministro de Finanzas de Irlanda, Noonan, piensa que se está juzgando su sistema impositivo, que es clave para su política económica y para atraer a multinacionales como Google o Facebook. En los hechos, Irlanda no tocó el impuesto a las empresas ni siquiera cuando hace más de cinco años debió ser rescatada por Bruselas, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. Es decir, la multa no amenaza el Impuesto de Sociedades en Irlanda y, por el contrario, su gobierno seguirá defendiendo a las empresas merced a su aportación económica, al tiempo que, junto a Apple, ha negado que haya algún favoritismo hacía la compañía.
El Gobierno irlandés ha insistido que, aunque acogiera el dinero de la multa de Apple, las normas europeas le obligarían a devolver parte de estos recursos que debe del rescate -alrededor de 180 mil millones de euros-, y no podría financiar nuevos programas de gasto.
Irlanda rechaza ser un paraíso fiscal y se considera a sí misma como un refugio (tax shelter) para las empresas, dados sus bajos impuestos. Su gobierno ha reiterado que quiere un sistema tributario aún más atractivo para las compañías y así atraerlas al país. Es la dura lucha por los inversionistas. Actualmente las empresas que deriven sus beneficios de patentes y propiedad intelectual tienen un impuesto de apenas 6,25 por ciento, al tiempo que operar en Irlanda otorga acceso al mercado europeo como país miembro de la Unión, donde hay casi 500 millones de consumidores a los que vender sin necesidades de atender impuestos. Por lo menos, hasta el definitivo Brexit.
El caso deberá decidirse en los tribunales en los próximos años, pero la cuantiosa multa es un obvio aviso tanto para las multinacionales, como para los Estados miembros de la UE que usan una “fiscalidad agresiva” para atraer inversiones. Francia y Alemania trataron de forzar a Irlanda a subir el Impuesto a las Empresas durante su rescate, pero Dublín se resistió, razón por la que algunos ven la decisión de la Comisión como un “ajuste de cuentas”.
Sea lo que sea, en la actualidad estos incentivos fiscales son vistos con malos ojos, tanto por lo que implican para la extendida lucha internacional contra la desigualdad, como por el enorme endeudamiento fiscal de la mayoría de las naciones desarrolladas y en desarrollo, con Estados y políticos cada vez más presionados por la emergencia de las masivas exigencias de derechos sociales de segunda generación y la falta de recursos fiscales para darles satisfacción.
