Cuando algunos representantes del oficialismo hablan en confianza, afirman que el proceso constituyente no va a ninguna parte. Otros dicen que no hay que tomarlo en serio. El problema es que, en las actuales circunstancias, el gobierno sólo puede esperar enredos y dificultades de dicho proceso, y es lo que menos necesita.
Si la Presidenta Bachelet estimaba que la nueva Constitución era un objetivo fundamental de su programa, lo lógico habría sido que, al inicio de su mandato, le hubiera encargado a una comisión de expertos que redactara un proyecto destinado a ser discutido por el Congreso, y más tarde sometido a referéndum. Esto habría permitido efectuar un debate razonado sobre un texto concreto. Sin embargo, optó por una vía rara que busca crear la impresión de que la nueva Constitución “surgirá desde la base”.
Ya vimos la campaña de educación cívica para menores de edad y hoy estamos presenciando las tribulaciones de los miembros del Consejo Ciudadano de Observadores, que tratan de aclarar su propio papel y contener el activismo del gobierno. Vienen pronto unos exóticos cabildos en los que difícilmente participará el 1% de los electores. ¿Alguien cree que de allí saldrán las bases de una nueva Constitución? ¿No se trata más bien de una puesta en escena, ya que lo más probable es que la Mandataria designe después un equipo de confianza para que redacte el proyecto verdadero? Y entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?
El ministro vocero (cuyo ministerio ha gastado $ 371.610.543 en publicidad constituyente), dijo hace poco que el gobierno está preocupado por el eventual aumento de la abstención en la elección municipal de octubre. Es extraño que La Moneda no perciba que el proceso constituyente está en vías de convertirse en el más serio factor de perturbación de la elección.
El gobierno no puede seguir dando palos de ciego respecto de los fundamentos del Estado de Derecho. Los cambios constitucionales exigen reflexión y estudio, no consignas. Ha habido demasiada liviandad en esta materia, y sus mayores representantes han sido los parlamentarios incompetentes que viven preocupados de sacar aplausos de la galería.
Para mejorar la democracia, se necesita una clara voluntad de establecer acuerdos duraderos, y ello exige utilizar procedimientos impecablemente democráticos, que eviten a toda costa la inestabilidad institucional.
Con el fin de ahorrarle dificultades al país, la Presidenta podría decirle a los chilenos que, considerando el complejo contexto económico y político, y la necesidad de generar un clima de confianza, considera conveniente suspender el proceso constituyente y buscar un acuerdo con el Congreso para encauzar el debate constitucional de un modo que ofrezca garantías a todos los sectores y permita tomar decisiones en el próximo período presidencial.
Si actúa así, demostraría capacidad para enmendar rumbos, contribuiría a que la elección de alcaldes y concejales se realice sin tropiezos, y dejaría de manifiesto que pone el interés nacional por encima de las consideraciones partidistas. La mayoría de los chilenos lo valoraría. (La Tercera)
Sergio Muñoz
