El ministro del Interior, Jorge Burgos, rechazó categóricamente este jueves las acusaciones realizadas por el ex controlador de D&S (actual Walmart Chile), Nicolás Ibáñez, quien acusó al Gobierno de intentar “enlodar” al empresariado luego de la detección del nuevo caso de colusión entre supermercados.
Tras conocer el requerimiento del organismo, el empresario calificó la presentación como un «inaceptable intento del Gobierno, a través de esta maniobra inconducente y claramente mediática, de tratar una vez más de desprestigiar a los empresarios».
Al respecto, el jefe de gabinete recordó que «la Fiscalía Nacional Económica es una institucionalidad que funciona con grados importantes de independencia y autonomía. Tal es así que las noticias de lo que decide la FNE las autoridades las conocemos al igual que el resto de los chilenos cuando sale en la prensa».
«La FNE llega a una conclusión después de una larga investigación, que existen a su juicio fundamentos para determinar que hay maniobras colusivas contrarias al funcionamiento del mercado. ¿Qué hace la Fiscalía? Presenta una acusación ante el ente jurisdiccional que resuelve, porque hay una institucionalidad, que es el Tribunal de Libre Competencia», añadió.
En esa línea, Burgos detalló que «será el Tribunal de Libre Competencia, que como ha ocurrido en muchos casos, creo que en la mayoría, respalde la decisión de la Fiscalía, o eventualmente -de acuerdo a los procedimientos- tenga una opinión distinta».
Según el titular de Interior, es «ahí es donde las personas que se sienten injustamente acusadas, como el empresario que señala, pueden defenderse, en vez de estar haciendo jibarizaciones que no tienen justificaciones y anunciar persecuciones que no existen. La institucionalidad funciona para todo el mundo».
CÁMARA DE COMERCIO
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) llamó a evitar un «linchamiento popular» antes de que se inicie el proceso en los tribunales de justicia, contra las cadenas de supermercados acusadas de colusión.
A través de un comunicado, el presidente del gremio empresarial, Peter Hill, indicó que «creemos que corresponde respetar la presunción de inocencia consagrada en la ley mientras no se acredite en debida forma la culpabilidad de los acusados».
La CCS expresó «su preocupación al observar una suerte de aprovechamiento de esta clase de acusaciones para ir socavando las bases del régimen de libertad de precios que rige en nuestra economía durante las últimas décadas y que tantos beneficios y oportunidades ha entregado a los chilenos”.
De todas formas, la Cámara de Comercio de Santiago señaló que «siendo consecuente con su irrestricta adhesión al libre mercado y a una competencia comercial leal, condenará toda conducta que se aparte de tales principios».
«Tal condena y eventuales sanciones deben producirse oportunamente en caso de corroborarse, en definitiva, la efectividad de la acusación fiscal», añadió.
CENCOSUD
Tras el requerimiento presentado ayer por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC) contra Cencosud, SMU, y Walmart Chile, la compañía controlada por Horst Paulmann negó la acusación.
«La compañía descarta de plano haberse coludido con su competencia, por lo que se defenderá enérgicamente para demostrar su inocencia. Aquí no existe colusión», dijo Cencosud en un comunicado de prensa.
Agrega que «el requerimiento presentado por la FNE resulta sorprendente, ya que esta propia entidad, a través de un estudio económico presentado en 2012, argumentó ante el TDLC que las cadenas de supermercados y los consumidores habían sido víctimas del caso de colusión de los productores de pollos».
Para Cencosud la colusión es una práctica inaceptable y que merece el mayor repudio. Desde el año 2008 Cencosud viene implementando, para todos sus ejecutivos, un amplio programa de buenas prácticas y de cumplimiento de libre competencia, indicó.
«Entendemos la instantánea condena social que genera una situación de esta naturaleza. Sin embargo, tendremos la oportunidad de demostrar ante las instancias pertinentes que jamás hemos pretendido perjudicar a nuestros clientes», afirma el comunicado.
En tanto Walmart Chile señaló en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que aún no ha sido notificada del requerimiento.
Ayer Walmart emitió una declaración en la que señaló que estaba analizando el requerimiento y en la que aseveró que «desde el inicio de esta investigación, en el año 2011, hemos cooperado activamente con las autoridades y continuaremos haciéndolo mientras el tribunal analiza este caso».
Agregó que «como empresa estamos comprometidos con la libre competencia y por eso contamos con procesos certificados para que todas nuestra acciones se apeguen a sus principios y normativas».
En su requerimiento la FNE sostiene que las cadenas «han participado de un acuerdo o práctica concertada destinado a fijar, por intermedio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados que fuera igual o superior a su precio de lista mayorista».
Según la FNE dicha conducta se extendió al menos entre 2008 y 2011. Al cierre de 2011, Cencosud, SMU y Walmart sumaban en conjunto una participación de 92,5% en la industria supermercadista, con sus marcas Jumbo y Santa Isabel; Unimarc, Bigger, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer; Hipermercado Lider, Lider Express, SuperBodega aCuenta y Ekono, respectivamente.
