Después de que la Presidenta Michelle Bachelet revelara el martes en la noche el cronograma para la reforma constitucional, el sector empresarial chileno advirtió que el largo proceso -que durará al menos dos años- prolongará la actual incertidumbre. Dicha visión es compartida por los analistas de Wall Street, quienes llamaron al Ejecutivo a aclarar el contenido de la reforma y a preservar la seguridad jurídica y la transparencia.
JPMorgan aseguró en una nota a clientes que el itinerario dado a conocer esta semana indica que se mantendrá el camino institucional.
“A pesar de que el anuncio suma dos años más de incertidumbres en cuanto al resultado final del proceso, sí parece que ocurrirá de manera ordenada”, manifestaron los analistas del banco.
“En nuestra visión, el gobierno está dando una señal (pero no una garantía) de que prevalecerá el camino institucional y está cediendo en el alcance de sus planeadas reformas a favor de una política económica sólida”, sostuvieron.
Los expertos acotaron que “todavía creemos que la moderación en curso en el tono político, el acomodo de la agenda de reformas al escenario macro y un tipo de cambio más débil deberían apoyar el mejor desempeño de Chile en relación al resto de América Latina”.
La firma estadounidense prevé que el crecimiento doméstico se estabilizará en 1,9% en el segundo semestre, lo que es consistente con su proyección anual de un alza del PIB de 2%. Para 2016, la compañía pronostica una expansión de entre 2% y 2,3%.
MAS AGRESIVA
Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, destacó que con el anuncio “se quita la incertidumbre de si es que se va a cumplir o no la promesa de campaña por reformar la Constitución”.
Sin embargo, la iniciativa introduce una incertidumbre “más agresiva” por ser un proceso extenso y por no detallar el contenido. “Se conoce el calendario, pero se deja en el aire cuáles son la cosas que se van a cambiar”, manifestó.
En su opinión, “el gran riesgo de esta propuesta es que puede tener un efecto muy importante sobre la confianza y la credibilidad y esto, al final de cuentas, va a seguir deteniendo las decisiones de inversión en el país”.
Coutiño puntualizó que si las autoridades esclarecen los elementos de la Carta Fundamental que están considerando modificar, “esto podría beneficiar al ambiente de negocios”.
El analista también criticó que el foco esté puesto en el ambiente político y no en el económico.
“En lugar de centrar los esfuerzos y los recursos en implementar las medidas estructurales que la economía necesita para fortalecer su crecimiento, se le está dedicando un tiempo valioso al asunto político”, cuestionó el experto.
Por su parte, Rafael de la Fuente, economista jefe para América Latina de UBS, aseveró que en las condiciones actuales, “lo que hace falta es una recuperación de la confianza empresarial y cualquier medida que pudiese atrasar eso puede ser vista como algo negativo”.
De acuerdo con el especialista del banco suizo, la nueva Constitución debería garantizar la seguridad jurídica y la transparencia.
Para Coutiño, los dos elementos clave son que el gobierno explique cuáles son los cambios que pretende hacer y por qué se quieren hacer, y que las modificaciones no afecten los derechos de propiedad.
