Este lunes 12 de enero comienza el operativo de desalojo en los terrenos no expropiados de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, una medida que impactará a cerca de 2.000 familias. El procedimiento se fundamenta en un fallo de la Corte Suprema y contempla la desocupación gradual de 115 hectáreas, mientras que otras 100 han sido destinadas a un proyecto habitacional para una parte de los residentes. La intervención de la fuerza pública se realizará de forma progresiva, iniciando en el sector 11 para luego avanzar hacia otras áreas durante un periodo que podría extenderse por varios meses.
La ejecución del desalojo ha estado marcada por la incertidumbre judicial tras la presentación de un recurso de protección que busca suspender la acción policial. Una residente, alegando posesión legítima por más de tres décadas, interpuso la acción contra la Delegación Presidencial y la inmobiliaria dueña del terreno, argumentando que la autoridad administrativa excede sus atribuciones. A pesar de este recurso, el Gobierno ha dispuesto un contingente reforzado de Carabineros y tecnología de vigilancia, incluyendo el uso de drones y maquinaria pesada, para asegurar que no se produzcan retomas en las áreas liberadas.
En el ámbito político, el operativo ha profundizado las diferencias entre el oficialismo y la oposición. El diputado republicano Hotuiti Teao acusó al Gobierno de improvisación y de incumplir compromisos previos con las familias afectadas, calificando la medida como una solución insuficiente que deberá ser gestionada por la administración entrante. Por su parte, el diputado oficialista Jorge Brito enfatizó la necesidad de dar cumplimiento al fallo judicial con resguardos sociales, especialmente para menores de edad, instando a que este proceso sea un punto de inflexión para mejorar la oferta habitacional en la provincia.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la reserva con la que se ha manejado el plan estratégico para evitar dificultades operativas, confirmando que se trata del desalojo más amplio realizado en el país. El secretario de Estado fue enfático en señalar que, junto con el uso de la fuerza pública para quienes no abandonen el lugar voluntariamente, se implementará un plan de solución habitacional definitivo. La jornada se perfila como un desafío logístico y social clave en el cierre de la actual gestión gubernamental. (NP-Gemini-La Tercera)
