En un cierre de año marcado por contrastes legislativos, el presidente de Argentina, Javier Milei, alcanzó un hito político al lograr que el Senado sancionara el Presupuesto 2026. Con 46 votos a favor y 25 en contra, el Ejecutivo obtuvo por primera vez una hoja de ruta financiera propia, la cual proyecta un superávit fiscal primario del 1,5% del PIB. Milei calificó el hecho como «histórico», asegurando que su administración ha quebrado la «inercia de la decadencia» del país.
Sin embargo, el avance presupuestario no se tradujo en un éxito inmediato para su ambiciosa «Ley de Modernización Laboral». Pese al triunfo oficialista en las recientes elecciones de medio término, el Gobierno decidió postergar el debate de la reforma laboral para febrero de 2026, tras enfrentar una masiva movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) y derrotas en la Cámara de Diputados.
EL POLÉMICO «PAGO EN ESPECIES» Y FLEXIBILIZACIÓN
El proyecto de ley, que consta de 92 puntos, ha despertado duras críticas por proponer cambios estructurales en la relación laboral. Uno de los artículos más controvertidos es la posibilidad de pagar salarios íntegramente «en especies», lo que permitiría remunerar con bienes, servicios, alimentos o moneda extranjera, eliminando el tope histórico del 20% para esta modalidad.
Abogados laboralistas y dirigentes sindicales han comparado esta medida con sistemas del siglo XIX, calificándola de «retroceso» y foco de precarización. A esto se suma la creación de un «banco de horas» que permitiría jornadas diarias de hasta 12 horas y una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo del monto el aguinaldo y las vacaciones.
TENSIÓN CON LOS SINDICATOS Y DERECHO A HUELGA
La reforma también apunta al corazón de la estructura sindical argentina. El texto propone eliminar la «cuota solidaria» —aporte de trabajadores no afiliados que financia a los gremios— y amplía el catálogo de «actividades esenciales». Bajo este nuevo marco, sectores en conflicto estarían obligados a garantizar hasta un 75% de funcionamiento, lo que para la CGT representa una limitación de facto al derecho a huelga.
Desde el sindicalismo, la postergación del debate fue recibida como un «triunfo táctico». Jorge Sola, secretario general de la CGT, advirtió que no permitirán que la ley se apruebe «entre gallos y medianoche» y exigió una mesa de diálogo. En tanto, líderes de la industria advierten que el proyecto parece diseñado por «bufetes de grandes empresas», sin beneficios reales para las pymes ni incentivos claros para combatir el trabajo informal.(NP-Gemini-La Tercera EFE)
