El ambicioso plan de «fast track» legislativo, acordado en mayo de 2024 entre el Gobierno y el Congreso para enfrentar la crisis de seguridad, cierra el año 2025 con un balance magro. Según el informe «Crisis de Seguridad y Democracia» del núcleo Faro UDD, a casi dos años de su puesta en marcha, la iniciativa solo registra 10 proyectos despachados de un total de 32 comprometidos inicialmente.
A pesar de la urgencia ciudadana, el ritmo legislativo ha sido lento: durante este año solo se lograron aprobar siete iniciativas, que se suman a las tres despachadas en 2024. El estudio advierte, además, que un 12% de los proyectos prioritarios ni siquiera ha recibido urgencia legislativa por parte del Ejecutivo en todo este periodo.
LA INEFICACIA DE LAS URGENCIAS PRESIDENCIALES
El reporte académico pone el foco en que el uso de la urgencia parlamentaria no ha sido garantía de éxito. Actualmente, 12 proyectos de la agenda de seguridad acumulan más de 30 urgencias sin lograr convertirse en ley.
El caso más crítico es la reforma al Sistema de Inteligencia del Estado, que suma más de 139 urgencias presidenciales. Según los investigadores, este estancamiento refleja «serias dificultades de tramitación» y una falta de consenso político profundo que trasciende el mero trámite administrativo.
LOS HITOS DE 2025
Pese al bajo cumplimiento numérico, el investigador de la UDD, Raúl Opazo, destaca que las iniciativas que sí lograron ver la luz este año revisten una importancia estructural para el Estado. Entre los avances más significativos de 2025 se encuentran:
La creación del Ministerio de Seguridad Pública.
La actualización de la Ley Antiterrorista.
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
La implementación de la Fiscalía Supraterritorial.
Con el fin de la administración de Gabriel Boric en el horizonte, el desafío para el Gobierno y el Congreso será acelerar el trámite de los 22 proyectos restantes, en un clima político marcado por la transición hacia el gobierno de José Antonio Kast. (NP-Gemini-Emol)
