Gracias a la gran labor de la Contraloría General de la República (CGR) conocimos tres graves escándalos que demuestran una gran indolencia por parte del Estado con relación al uso de los recursos públicos y al control de acciones del crimen organizado fácilmente detectables.
No cabe duda de que la contralora Dorothy Pérez le ha dado un gran impulso a la labor fiscalizadora del Estado. Es digno de destacar el radical cambio ocurrido en la Contraloría desde que fue ratificada en el cargo por el Senado en noviembre de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esta posición en el país.
Escándalos que indignan
Ya este año nos ha sorprendido con dos grandes descubrimientos de graves problemas en temas de uso de recursos del Estado y un tercero donde se demuestra la indolencia para controlar acciones del crimen organizado.
El primero de ellos fue el escándalo de los 25.000 funcionarios públicos con licencia médica que se fueron de vacaciones al extranjero mientras recibían sus sueldos sin problema. El costo para el Estado, según la directora de la Dipres, fue de más de US$350 MM por suplencias y reemplazos. Pero, además, el ausentismo de esas licencias implicó más de ocho millones de días laborales perdidos al año, lo que afectó a miles de personas que no pudieron obtener los servicios que requerían. ¿Cómo fue posible que algo así ocurriera?
Convirtiendo US$350 MM a la tasa de cambio del 23 de mayo -cuando se dieron a conocer estos hechos- de $944,84/dólar, se llega a que el costo al erario nacional fue de $330.994 MM, que por supuesto salieron de nuestros impuestos.
Este caso fue un gran escándalo a nivel nacional, pero hasta hoy no se conoce el resultado de los sumarios que comenzarían prontamente, según prometiera el ministro de Hacienda. ¿Hay sancionados? ¿Fueron algunos exonerados? ¿Cuántos sumarios están terminados y debidamente comunicados sus resultados? ¿Se devolvieron dineros mal habidos? No lo sabemos. Como todos los escándalos que causan alarma e indignación pública, el tiempo los termina invisibilizando y el olvido permite ocultar los desenlaces.
Y no pasó tanto tiempo para que nuevamente doña Dorothy nos sorprendiera con un documento -que dio a conocer El Mercurio este 24 de diciembre- sobre un grave desorden financiero en ministerios y municipios que suma US$17.300 MM, lo que en pesos chilenos alcanza la estratosférica suma de $15.914.822 MM, equivalente a 1/6 del presupuesto nacional 2026. Esto se detectó por la revisión de los estados financieros de 50 entidades públicas del gobierno central y 23 de los municipios, entre 2020 y 2024. Y como ninguna pasó la prueba de la fiscalización, no se pudo emitir un veredicto porque la evidencia no permitía confirmar que los saldos de sus balances eran razonables y confiables.
Entre los recursos objetados hay anticipos, transferencias, cuentas de resultados, depósitos de terceros, por mencionar algunos; y entre los ministerios, el mayor de los objetados fue Defensa, seguido por Vivienda, Interior, Educación, Desarrollo Social, Salud y varios otros.
Y aunque no se pueda creer, el próximo escándalo se conoció tan solo hace unos pocos días e involucra a la Caja de Crédito Prendario conocida popularmente como la Tía Rica, donde la CGR detectó graves irregularidades que revelaron ningún control en sus procedimientos básicos, lo que permitió a 1.681 personas con antecedentes penales realizar operaciones por más de $1.500 MM y no recuperaran las especies, todas robadas por cierto, sin que la institución presentara denuncias, lo que generó dudas sobre su manejo y su fiscalización. Por supuesto, días después el gobierno le pidió la renuncia a su director general. Pero ya fue tarde.
Tres escándalos conocidos en 2025. Las sumas de recursos públicos involucrados son gigantescas e indignantes y si no fuera por la CGR, estos hechos pasarían desapercibidos por la ciudadanía. Sin embargo, los fondos que no cuadran, supuestamente ya se perdieron y la pregunta es quiénes están comprometidos con lo ocurrido y cómo responderán por ello. Porque más allá de las sanciones administrativas que correspondan, es muy importante saber cómo fue posible que esto sucediera y por qué fallaron los controles.
Ante este último escándalo por US$17.500 MM en la administración del Estado cabe preguntar qué cargos poseen los responsables de estos hechos y qué tipo de contrato tienen. ¿Son funcionarios de confianza de ministros, subsecretarios, alcaldes u otras autoridades? ¿Tiene la pretendida ley de amarre alguna conexión con esto, intentando blindar a los involucrados?
Hago estas preguntas, porque el Presidente electo José Antonio Kast anunció que se hará una auditoría general a todo el gobierno, lo que puede implicar que podrían aparecer otros casos de esta índole o identificarse a los responsables, a quienes tal vez se quisiera despedir, pero, de aprobarse el proyecto de amarre del actual gobierno, la situación podría transformarse en un conflicto de incalculables proporciones. Baste decir que la ANEF apoyó a Jeannette Jara y ya anunció “reactivar plan de movilización de cara al próximo gobierno y dar prioridad a la estabilidad laboral en el cierre de la negociación sectorial ANEF-Gobierno.” Esa “estabilidad” es la ley de amarre.
Hoy es el último domingo del año. Junto con agradecer la labor de la CGR, quiero desearles que en 2026 puedan ver realizados todos sus proyectos y deseos familiares y personales y que el nuevo gobierno que comienza en 74 días más nos devuelva la esperanza de ver nuevamente a Chile navegando por la senda del desarrollo y siendo admirado mundialmente.
¡Feliz Año Nuevo! (El Líbero)
Jaime Jankelevich
