Durante la última década, Chile ha experimentado una transformación profunda y preocupante en materia de seguridad pública. Diversos indicadores nacionales e internacionales coinciden en señalar que el país enfrenta la mayor crisis de inseguridad desde el retorno a la democracia. Este fenómeno no solo se manifiesta en el aumento de determinados delitos, sino también en la creciente complejidad y sofisticación de las formas de violencia, asociadas principalmente al avance del crimen organizado transnacional y a expresiones emergentes de carácter terrorista.
De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, actualmente operan en Chile al menos 16 organizaciones criminales transnacionales, entre las que destaca el Tren de Aragua. Estas estructuras no solo participan en actividades ilícitas tradicionales, como el tráfico de drogas, sino que además han incorporado prácticas altamente lesivas para el tejido social, tales como la extorsión, el secuestro y el control territorial.
Según el informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, entre los años 2014 y 2024 los homicidios aumentaron un 86%, los secuestros un 74% y el tráfico de drogas un 29%. Particularmente significativo resulta el incremento de las extorsiones, que pasaron de 4 a 303 casos en dicho período, así como el aumento del porte ilegal de armas en un 62%.
A esta situación se suma un deterioro estructural del sistema penitenciario. En el ámbito intracarcelario se registraron 464 homicidios, junto con un aumento exponencial de delitos cometidos desde las cárceles. Las incautaciones de drogas crecieron en un 1.205%, las extorsiones en un 5.100%, las agresiones en un 41% y las amenazas en un 279%. Asimismo, se incautaron más de 117 mil teléfonos celulares, lo que representa un incremento del 257% y evidencia la pérdida de control efectivo del Estado sobre estos recintos, los cuales, en muchos casos, han pasado a operar como centros de coordinación del crimen organizado.
Los diagnósticos internacionales refuerzan esta tendencia. El informe Gallup 2025 sitúa a Chile como el sexto país del mundo con mayor percepción de inseguridad, mientras que el Índice Global de Crimen Organizado 2025 evidencia un retroceso sostenido del país en relación con mediciones anteriores. Estos antecedentes permiten afirmar que la crisis de seguridad no es meramente coyuntural, sino de carácter estructural y multidimensional.
El problema basal de este escenario es la progresiva erosión de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como del control territorial del Estado. La incapacidad de garantizar seguridad afecta directamente el ejercicio de otros derechos esenciales y debilita la legitimidad institucional. Cuando el Estado actúa de manera fragmentada, contradictoria o insuficiente, el vacío resultante es rápidamente ocupado por organizaciones criminales que imponen sus propias reglas mediante la violencia y la intimidación.
En este contexto, resulta imperativo avanzar hacia un Pacto de Estado que trascienda los ciclos políticos y las divisiones ideológicas. Frente al término del actual gobierno y al inicio del próximo, se requiere una base común que permita abordar la violencia, el crimen organizado y el terrorismo desde una perspectiva de largo plazo, sustentada en consensos amplios y políticas públicas estables.
Dicho Pacto de Estado debiera estructurarse, al menos, en cinco ejes estratégicos. Primero, una reforma profunda e integral del sistema penitenciario, orientada a recuperar el control efectivo de las cárceles y a separar a la población penal según criterios de peligrosidad.
Segundo, la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado, fortaleciendo sus capacidades analíticas, tecnológicas y de coordinación interinstitucional.
Tercero, una estrategia de desarticulación focalizada de las organizaciones criminales transnacionales, priorizando el debilitamiento de sus liderazgos, redes financieras y logísticas.
Cuarto, el fortalecimiento de las policías, las Fuerzas Armadas y Gendarmería, mediante mayores recursos, capacidades operativas y un adecuado resguardo jurídico para el cumplimiento de sus funciones. Finalmente, un control efectivo y sostenido de la migración clandestina, como componente indispensable de la política de seguridad nacional.
La seguridad constituye un bien público esencial y una condición habilitante del Estado de Derecho. Persistir en su instrumentalización política solo profundiza la crisis. Un Pacto de Estado en esta materia no es una opción ideológica, sino una necesidad democrática. (Ex Ante)
Pablo Urquízar
