El Ejecutivo impulsa una indicación para que el despido de personal a contrata requiera de un acto administrativo con fundamentos de derecho específicos.
La medida busca reemplazar la actual figura de «necesidades del servicio» por criterios objetivos y acreditables al momento de no renovar contratos estatales.
Según cifras del economista David Bravo, esta normativa impactaría en las condiciones laborales de aproximadamente 380 mil funcionarios públicos de diversas reparticiones.
El ministro Nicolás Grau defendió la iniciativa, argumentando que solo pretende evitar arbitrariedades y que no obstaculiza la gestión del próximo gobierno electo.
Por el contrario, José Antonio Kast cuestionó la oportunidad de la discusión, señalando que estas cláusulas inéditas perjudican el proceso de traspaso de mando.
Un estudio de Black & White reveló que el 71% de los encuestados reprueba la limitación de despidos, reflejando un amplio rechazo ciudadano al proyecto.
La encuesta indica que un 69% de la población coincide con la visión de Kast sobre el presunto intento de blindar operadores políticos oficialistas. (NP-Gemini-Emol)
