Tras cuatro años de indagatorias, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra la excandidata a gobernadora regional, Karina Oliva (ex Comunes), y otros diez imputados. El fiscal Alex Cortés concluyó que durante las elecciones de 2021 se ejecutó un mecanismo diseñado para defraudar al fisco mediante el abultamiento de gastos electorales. La Fiscalía solicita siete años de presidio para Oliva y las cúpulas del partido, acusándolos de utilizar facturas ideológicamente falsas e informes plagiados para obtener devoluciones improcedentes del Servicio Electoral (Servel).
EL MECANISMO DEL FRAUDE ELECTORAL
Según el escrito de 197 páginas, los imputados aprovecharon el periodo de 30 días posteriores a la elección para cuadrar los gastos con los votos obtenidos, sabiendo de antemano cuánto dinero podían solicitar como devolución.
Maniobras: Se emitieron documentos tributarios por servicios no prestados o con montos inflados.
Rol de la Fundación Chile Movilizado: La entidad, vinculada a Comunes, fue utilizada para presentar informes plagiados y actuar como receptora de fondos que luego eran retirados en efectivo.
Perjuicio Fiscal: Solo en la primera vuelta se detectaron $163 millones en boletas falsas. En la segunda vuelta, se sumaron otros $154 millones (entre boletas y facturas), además de una arista por una campaña interna del partido que asciende a $86 millones.
ACUSADOS Y PENAS SOLICITADAS
El Ministerio Público llevará a juicio a once personas, dividiendo las penas solicitadas según su grado de responsabilidad y toma de decisiones en el comando:
| Imputados | Cargo en la Campaña / Partido | Pena Solicitada |
| Karina Oliva | Excandidata a Gobernadora RM | 7 años |
| Jorge Ramírez | Expresidente de Comunes | 7 años |
| Camila Ríos | Exsecretaria Ejecutiva | 7 años |
| Martín Miranda | Administrador Electoral | 7 años |
| David Castillo / J.P. Sanhueza | Directores Fundación Chile Movilizado | 5 años |
| José Robredo / Marcelo Riffo | Asesor Comunicacional / Empresario | 5 años |
| Luis Romero / Jean Flores | Encargados Territoriales | 3 años |
PRUEBAS PARA EL JUICIO ORAL
Para sustentar la acusación ante el Séptimo Juzgado de Garantía, el ente persecutor ha desplegado un arsenal probatorio masivo. La Fiscalía ofrece 106 testigos, entre los que se cuentan funcionarios del Servel y peritos contables, además de 1.270 documentos tributarios y bancarios. Se espera que el juicio arroje luz sobre la gestión financiera de Comunes, colectividad que terminó disuelta tras el escándalo, y sobre cómo se coordinaron los «informes plagiados» que sirvieron de fachada para justificar los millonarios retiros de fondos públicos. (NP-Gemini-La Tercera)
