La recta final de la administración de Gabriel Boric enfrenta una parálisis inminente en el Congreso. Diversas bancadas de oposición, desde Renovación Nacional hasta el Partido Republicano, han advertido que la insistencia del Ejecutivo en la norma que limita el despido de funcionarios a contrata «rompe la confianza» necesaria para sesionar en enero. Este escenario pone en riesgo proyectos emblemáticos que el Gobierno esperaba despachar antes del receso legislativo de febrero y del cambio de mando en marzo.
PROYECTOS EN RIESGO DE BLOQUEO
El jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, fue enfático en señalar que el Gobierno debe evaluar las consecuencias de su «criterio objetivo» si desea avanzar en desafíos legislativos pendientes. Entre las iniciativas que podrían quedar estancadas se encuentran:
Proyecto FES: El nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior.
Sala Cuna Universal: Una de las demandas sociales más esperadas.
Ley de Gendarmería: Modificaciones estructurales a la institución penitenciaria.
Agenda de Seguridad: Otros proyectos menores que requieren consenso transversal.
CRÍTICAS A LA TRANSICIÓN REPUBLICANA
La subjefa de la bancada UDI, Marlene Pérez, acusó al Presidente Boric de «manchar» el proceso de transición hacia la administración de José Antonio Kast. Según la parlamentaria, el intento de «amarrar» a funcionarios se suma a la eliminación de la denominada «glosa republicana» en el presupuesto, lo que a su juicio ensucia un cambio de gobierno que históricamente ha sido responsable y transparente en Chile.
VOCES DEL CONGRESO
Catalina del Real (Republicanos): Sostuvo que el Ejecutivo corre el riesgo de terminar su mandato en medio de conflictos innecesarios por intentar «entorpecer al futuro gobierno».
Marcia Raphael (RN): Afirmó que el Ejecutivo parece más preocupado de «pavimentar su camino como oposición» a partir de marzo que de lograr beneficios para el país en su recta final.
Roberto Arroyo (PSC): Calificó la medida como «autoritaria» y acusó una falta de capacidad para conducir la agenda parlamentaria mediante puentes de diálogo.
El mes de enero de 2026 se perfila como un periodo de alta tensión política, donde la capacidad de negociación del ministro Álvaro Elizalde será puesta a prueba para evitar que el legado legislativo del Frente Amplio termine bloqueado por la controversia de los nombramientos estatales.
GRAU CITA A ASESORES DE OPOSICIÓN
En un intento por pavimentar una tramitación fluida, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, citó a una reunión telemática para este lunes 29 de diciembre a las 17:00 horas. El encuentro busca presentar el contenido de la Ley de Reajuste del Sector Público a los asesores y jefes de bancada de la oposición (desde el Partido Republicano hasta RN), antes de que el texto legal ingrese oficialmente al Congreso el próximo 5 de enero. La estrategia de Teatinos 120 es exponer el sentido de las normas —que se estiman en más de 100— sin mostrar aún el articulado específico, buscando anticipar diferencias y resolver dudas sobre los puntos más polémicos.
LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL DEBATE
La oposición ha confirmado su asistencia, aunque con cautela. Mientras el diputado Agustín Romero (Republicano) enviará asesores para velar por el «buen uso de los recursos públicos», otros como Felipe Donoso (UDI) participarán directamente, advirtiendo que no es posible generar una opinión acabada sin el texto final en mano.
LOS FOCOS DE CONFLICTO: ESTABILIDAD Y FINANCIAMIENTO
Dos temas dominan la preocupación parlamentaria y prometen ser el centro de la discusión técnica el lunes:
Exigencia de Despidos Fundados: El protocolo con los funcionarios públicos establece que la no renovación de contratas en subsecretarías, municipalidades y universidades estatales solo podrá hacerse mediante un «acto administrativo fundado con criterios objetivos». Esto elimina la facultad de usar la simple «necesidad del servicio» como argumento, lo que la oposición interpreta como un blindaje para el personal actual ante la llegada de la administración Kast.
Derecho a Reclamo en Contraloría: Se propone que funcionarios con al menos dos años de servicio puedan reclamar vicios de legalidad ante la Contraloría si no son renovados, endureciendo el estándar de estabilidad laboral.
El «Déficit» del Reajuste: El diputado Frank Sauerbaum (RN) ha puesto la alerta sobre el costo de la medida. Según sus cálculos, el Gobierno solo provisionó US$600 millones, mientras que el costo real del reajuste ascendería a US$1.500 millones. Aclarar de dónde saldrán los US$900 millones restantes es una prioridad para la derecha.
REGULACIÓN DE CARGOS DE CONFIANZA
La ley también incluirá normas para regular el cese y remuneraciones del personal de gabinete y asesores directos de ministros y subsecretarios. Aunque el Gobierno asegura que esto busca transparencia, en la oposición persiste la duda de si estas reglas transitorias facilitarán o entorpecerán la instalación de las nuevas autoridades el 11 de marzo. El resultado de la reunión del lunes determinará si los parlamentarios aceptan sentarse a negociar formalmente el martes o si la ley de reajuste enfrentará un camino de rechazos en su ingreso a la Cámara. (NP-Gemini-Emol-La Tercera)
