El proyecto de ley que crea el Financiamiento para la Educación Superior continúa su tramitación en el Senado bajo una fuerte presión temporal. La administración del Presidente Boric busca aprobar la iniciativa antes de marzo para evitar que el próximo Gobierno de José Antonio Kast modifique sus ejes centrales.
Desde el Ministerio de Educación trabajan contra reloj en la elaboración de indicaciones que permitan destrabar la discusión con la oposición. El subsecretario Víctor Orellana afirmó que existe voluntad para llegar a acuerdos, centrando el debate en terminar con la participación bancaria y establecer planes de condonación de deuda.
Sin embargo, el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, advirtió sobre fallas estructurales en el diseño del modelo. Según un estudio de la institución, el proyecto podría generar un perjuicio financiero de hasta 25 mil millones de pesos y amenazaría la autonomía de las universidades.
Parlamentarios de oposición señalaron que el proyecto actual carece de viabilidad legislativa debido a las dudas sobre su sostenibilidad fiscal. El senador Gustavo Sanhueza indicó que, sin acuerdos realistas, la discusión quedará para el próximo periodo, donde la prioridad será una propuesta fiscalmente responsable.
Por su parte, el Consejo Fiscal Autónomo concluyó que el nuevo sistema no representaría un activo financiero real para las arcas del Estado. El organismo técnico advirtió que los flujos de recuperación dependerán exclusivamente del nivel de ingresos de los beneficiarios, lo que genera incertidumbre sobre el retorno.
La diputada Emilia Schneider defendió la viabilidad del despacho inmediato para aliviar la carga económica de las familias chilenas. El Ejecutivo espera que el paquete de modificaciones logre convencer a los legisladores antes del cierre del año legislativo y así consolidar este cambio estructural en educación. (NP-Gemini-Francisca Castillo-El Mostrador)
