La Contraloría General de la República detectó inconsistencias financieras por US$ 17.300 millones en ministerios y municipios durante los últimos cinco años. Esta cifra representa una sexta parte del presupuesto nacional proyectado para el año 2026.
El informe analizó a 73 entidades públicas entre 2020 y 2024, incluyendo 50 organismos del gobierno central y 23 municipalidades. Tras la exhaustiva revisión, ninguna de las instituciones fiscalizadas logró superar las pruebas de auditoría de la entidad estatal.
La Contraloría aplicó una «abstención de opinión» debido a que la evidencia presentada resultó insuficiente y poco adecuada. Los fiscalizadores no pudieron confirmar si los saldos de los balances institucionales eran realmente razonables y confiables.
El desorden administrativo responde a la falta de análisis que sustente los saldos contables de cada entidad. También se identificaron controles internos inexistentes y registros con graves inconsistencias que no fueron aclaradas durante el proceso de revisión oficial.
La auditoría reveló debilidades críticas en los sistemas de tecnología de la información que procesan la contabilidad pública. Estas fallas tecnológicas impiden un control eficiente sobre las operaciones financieras y el flujo de recursos del Estado.
Del total de las anomalías detectadas, el 90% corresponde a entidades pertenecientes al Gobierno Central. El monto restante recae en el sector municipal, evidenciando un problema estructural de gestión en los diversos niveles del aparato público.
ELIZALDE: «REVISIÓN PARTE DEL GOBIERNO ANTERIOR»
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al reporte de la Contraloría que detectó inconsistencias por US$ 17.300 millones en organismos públicos. El secretario de Estado subrayó que el periodo auditado abarca desde el año 2020, antes del inicio de la actual administración.
La autoridad señaló que el Gobierno espera analizar el detalle del informe para identificar qué procedimientos administrativos requieren correcciones urgentes. El lío financiero afecta a 50 entidades del Gobierno Central y 23 municipios que no lograron acreditar la confiabilidad de sus saldos contables.
Elizalde insistió en que los hallazgos del ente contralor corresponden a una revisión que termina en 2024, pero que se origina hace seis años. En ese sentido, puntualizó que es necesario verificar si algunas de las observaciones ya han sido subsanadas por las instituciones fiscalizadas.
Desde el Ejecutivo recalcaron que se tomarán las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones del organismo liderado por la Contralora. El monto cuestionado representa una sexta parte del presupuesto público para 2026, evidenciando un problema estructural de larga data en el Estado. (NP-Gemini-Emol)
LOS MONTOS OBSERVADOS Y MINISTERIOS
Equipo multimedia Emol- Infografía: Cristián Fiol, El Mercurio | Diseño y adaptación web: Johanna Mellado, Emol | Fuente: Contraloría General de La RepúblicaRecursos: Flaticon y Freepik
